Sindicatos italianos convocan a huelgas

  La Jornada

Martes 20 de diciembre de 2011

 

Roma. Los sindicatos italianos convocaron a huelgas y manifestaciones en los servicios públicos en protesta por los planes de ahorro y reformas del gobierno de Mario Monti. Durante ocho horas, hospitales, puestos de correo y otros servicios públicos cerrarán sus puertas, según el paro convocado, entre otros, por los sindicatos CGIL, CISL y UIL. En la huelga participarán trabajadores públicos, entre ellos profesores, médicos, enfermeros y administrativos, para pedir un cambio radical hacia la mayor equidad en el plan de ajuste económico del gobierno de Mario Monti. El paro, convocado por los principales sindicatos del país incluirá marchas en la principales ciudades y la suspensión de clases en las escuelas públicas. En el centro de la movilización está el pedido de modificar en el Parlamento el texto del ajuste (que debe ser aprobado esta semana en vía definitiva), para que la maniobra económica no sea descargada sólo en las espaldas de trabajadores y jubilados, dijeron los sindicatos. En particular piden atacar la enorme evasión fiscal y los grandes patrimonios, hacer más ligera la carga impositiva en los ingresos del trabajo dependiente y la eliminación de recortes financieros a la prevención social.

Acusan al gobierno federal de elaborar listas negras de trabajadores en Canadá

La Jornada

Martes 20 de diciembre de 2011

 

Andrea Gálvez, enlace para México de la organización sindical UFWC-Canadá, denunció en rueda de prensa la actividad antisindical ejercida por las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), al integrar en listas negras a cientos de trabajadores mexicanos a quienes se les niega la visa para trabajar en los campos agrícolas de ese país, por el sólo hecho de denunciar descuentos ilegales y falta de atención médica por accidentes de trabajo y enfermedad.

Los mexicanos que han laborado en Granjas Floralia y viveros Sidhu, de Vancouver, Canadá, fueron incorporados por el gobierno federal en dichas listas por expresar su apoyo a esa organización sindical y tratar de ejercer su derecho humano básico a organizarse y a negociar colectivamente, indicó.
Los empleadores coludidos con la representación de la cancillería mexicana crearon estas listas con los nombres de los simpatizantes del sindicato (UFWC, por sus siglas en inglés), y las transfirieron a la STPS, para que excluyera a los campesinos del programa de trabajo temporal en esa provincia de Canadá.
 Gálvez precisó que a partir de que los casos de las granjas Floralia y Sidhu fueron llevados a la Corte de Canadá, la SRE revocó la acreditación sindical de los trabajadores que simpatizan con la UFWC, y envió a migrantes que no tienen antigüedad en el programa para que votaran contra el sindicato.

Con tales acciones, agregó, el gobierno de Felipe Calderón viola derechos constitucionales, la ley canadiense y diversos tratados internacionales que defienden la negociación colectiva. Por ello, advirtió que han presentado una queja ante el tribunal laboral de Columbia Británica, una de las provincias de Canadá, y de ser necesario acudirán ante la Corte Superior de ese país.
En rueda de prensa, en el marco del Día Internacional del Migrante, Gálvez demandó al gobierno federal mexicano que si no ayuda, no estorbe: no son capaces de defender a los trabajadores que laboran cada año en Canadá, pero tampoco les permiten que negocien sus contratos laborales.
Agregó que esta circunstancia afecta ahora a unos 120 trabajadores, pero lo significativo es que esta práctica del gobierno mexicano no es nueva; sucede a partir de las primeras campañas de organización sindical, desde 2006, en Manitoba y Columbia Británica. A partir de entonces empezaron las maniobras de repatriación e intimidación hacia los migrantes.

Calderón se va sin solventar conflicto minero

 

La Jornada
Martes 20 de diciembre de 2011

 

Felipe Calderón se va tal como llegó: Sin resolver el conflicto de la región carbonífera, donde siguen muriendo trabajadores, algunos menores de edad. Lo más grave es que terminará su sexenio sin responder a las violaciones que reconoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recientemente, manifestó el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez ante deudos de los 64 mineros muertos en Pasta de Conchos, así como representantes de los trabajadores de Mexicana de Aviación y de otros gremios.

Durante la celebración de una misa en memoria de los mineros fallecidos hace casi seis años en los yacimientos de carbón del estado de Coahuila, afuera de los modernos edificios de Grupo México en Polanco, el también coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), destacó que pese a que el ex secretario de Gobernación, Francisco Blake, recibió de parte de los expertos de Pasta de Conchos la confirmación de que se podrían rescatar los cuerpos de los mineros, el gobierno de Calderón optó por ignorar la demanda hecha a principios de su sexenio.
El sacerdote jesuita lamentó además que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, a unos días de dejar el cargo, visitara a los propietarios de Grupo México para decir que todo estaba bien en la región carbonífera, cuando persiste la contratación de niños en condiciones ilegales e irregulares, por tratarse de minas abandonadas y que carecen de permisos de explotación, de condiciones de seguridad, de protección jurídica y a la salud, de educación, así como otros derecho elemental: la libertad de trabajo.

“Este año –dijo Rodríguez– ha sido de mucho conflicto para la región carbonífera, pues se registran 30 defunciones de mineros, sobre todo en los pocitos, y es muy negativo que el entonces secretario de Trabajo se haya ido sin haber resuelto la situación, antes bien el último acto de su gestión fue ir a la región para decir que todo estaba perfecto.”
Cuestionó la falta de sensibilidad de Calderón, quien no ha hecho nada frente a la escalada de muertes. Tanto así que persiste la impunidad desde hace casi 6 años, además que nunca recibió a los mineros y sus familias, pese a que es obligación del representante del Estado mexicano dar una respuesta integral para detener estas violaciones a los derechos elementales de las personas.
Rodríguez enfatizó que los que detentan las concesiones mineras de carbón se enriquecen y los que sacan el material de las profundidades, viven de manera indigna.
Durante la misa, también oficiada por el sacerdote Jesús Ramos, recordaron el informe especial elaborado por la CNDH sobre las condiciones de inseguridad en la región carbonífera, donde se señala la falta de una política pública que resuelva el problema. El informe de la CNDH avala que no hay estado de derecho en esa región.