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Líneas Aéreas Comisión de Trabajo 2014 - 2015

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jueves, 1 de diciembre de 2011

Ordenan aprehensión de 3 funcionarios implicados en fraude contra la CFE

La Jornada


México, DF. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obtuvo de un juez federal con sede en Sinaloa una orden de aprehensión contra tres ex funcionarios de esa entidad vinculados con un fraude millonario a la paraestatal.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que los servidores públicos fueron acusados de delitos contra la administración de justicia, ejercicio indebido del servicio público y falsedad en declaraciones judiciales.
“Lo anterior, toda vez que en sus funciones como juez mixto de primera instancia de Mocorito, Sinaloa, en un juicio civil dolosamente embargó la cuenta de la paraestatal para efectuar un pago indebido a una empresa por el que fue condenada la CFE, cuando dichos bienes eran inembargables ocasionando con ello daño a la CFE”.
La dependencia añadió que también se ejercitó acción penal en contra de quien fuera representante legal de la CFE, así como de un perito especializado en topografía y valuación, contratado por el abogado de la CFE. La dependencia se reservó los nombres de los inculpados.

Mineros del carbón trabajan en condiciones inadecuadas y peligrosas, advierte la CNDH


La Jornada
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en los recientes seis años han muerto 90 personas por accidentes en la región de las minas carboníferas de Coahuila, debido a las malas condiciones de trabajo, por lo que llamó a tipificar como delito el hecho de hacer que los trabajadores expongan su vida por la falta de infraestructura mínima de seguridad e higiene.
El organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva realizó un informe especial sobre este tema (disponible en la página www.cndh.org.mx), basado en la recopilación de datos contenidos en diversas quejas, así como en reportes de organizaciones no gubernamentales, estadísticas y entrevistas hechas en la zona.
La conclusión de dicho proyecto, informó la CNDH mediante un comunicado, es que el trabajo de los mineros no se realiza en condiciones dignas, ya que los patrones no les ofrecen las medidas básicas de seguridad e higiene, además de que las acciones del Estado para protegerlos han sido insuficientes.
Por tal motivo, detalló el informe, en 2006 se registraron cuatro accidentes en las minas de carbón; en 2009 hubo dos; en 2010, cuatro, y en 2011, siete, para un total de 17. Los 10 incidentes más graves provocaron que 90 personas murieran.
Frente a dicha situación, el organismo emitió las recomendaciones 26/2006, 85/2010 y 12/2011, dirigidas a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía, en las cuales se acreditaron violaciones al derecho de los trabajadores a la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad física y la vida.
El informe subrayó también que los habitantes de la zona carbonífera de Coahuila padecen falta de oportunidades de empleo y educación, lo que eventualmente los obliga a aceptar trabajos sin el equipo de protección necesario.
Por todo lo anterior, la CNDH le recomendó a las dos secretarías referidas y al gobierno del estado de Coahuila que brinden condiciones de trabajo adecuadas a las mineros y se les oriente sobre sus derechos; se realicen inspecciones rigurosas, y se lleven a cabo las modificaciones legislativas necesarias para tipificar como delito laboral el hecho de que se les haga laborar en condiciones riesgosas, o se contrate a menores de edad o a mujeres en gestación o lactancia.

Rechaza SME propuesta de inserción laboral del gobierno


La Jornada

El gobierno federal entregó anoche al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) una propuesta de reinserción laboral que, de entrada, fue calificada por la dirigencia de esta organización como no viable.
El SME aspira a regresar a trabajar al sector eléctrico y el planteamiento gubernamental se limita a que los electricistas, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no han aceptado su liquidación, se integren en empresas prestadores de servicios para la Comisión Federal de Electricidad y 12 dependencias públicas más.
De entrada observamos que esa propuesta no es viable para el sindicato. Entonces, el secretario de Gobernación ofreció continuar con una siguiente reunión la próxima semana; analizar la forma de acercar las dos posiciones, tanto sindicato como gobierno, dijo Martín Esparza, al término de una reunión de más de dos horas en la Secretaría de Gobernación (SG), encabezada por el titular de esta dependencia, Alejandro Poiré.
Los dirigentes sindicales advirtieron que la propuesta recibida este miércoles ya ha demostrado su fracaso con los trabajadores que aceptaron su liquidación y se embarcaron en la creación de pequeñas empresas que, finalmente, no prosperaron ni significaron una alternativa viable para la sobrevivencia y ocupación de los electricistas.
Pese al nulo avance en esta parte de la negociación, el SME dijo que por el momento no tiene un plan de actividades o movilizaciones, aunque sí deberán llevar este planteamiento a su comisión de trabajo, comité central y asamblea general.
En la reunión estuvieron también presentes el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, así como enviados de las secretarías de Hacienda, Energía y Trabajo, además de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.
El único avance fue que el gobierno federal y el IMSS se comprometieron a que continuará el servicio médico para los 16 mil 599 electricistas que no han cobrado su liquidación. Es decir, se prorroga el servicio, aunque no se detalló el periodo de este beneficio.
Esta cita ocurre al término del plazo que ambas partes fijaron el 13 de septiembre pasado como vía para que el SME levantara el plantón que mantuvo por seis meses en el Zócalo capitalino.
La minuta firmada con el entonces secretario José Francisco Blake y Marcelo Ebrard señalaba que a más tardar el 30 de noviembre habrían de hallar una solución para el conflicto derivado del decreto de extinción de LFC.
Sin embargo, la fecha llegó y lo único que se logró fue el compromiso de continuar en el diálogo. El SME subrayó en el encuentro que la propuesta vinculada a la creación de micros y pequeñas empresas que serían contratistas del gobierno no corresponde a la propuesta que en octubre presentó este sindicato relacionada con la reinserción laboral de al menos 10 mil electricistas que permanecen en resistencia, en el servicio de energía eléctrica en la zona centro del país, actualmente a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

Calderón es el Presidente de la violencia, terco, incapaz de brindar seguridad: investigador

La  Jornada

Foto
Artífice junto con Maximiliano Cortázar de confeccionar la imagen presidencial, Alejandra Sota aseguraba al principio del sexenio que la figura de Felipe Calderón era fuerte en términos mediáticos y por tanto debía concentrar los reflectores. Concluía 2007 y en Los Pinos estaban convencidos de que la guerra anticrimen y otras políticas permitirían, como alguna vez confió el mandatario a reporteros, seguir el camino inverso al de Vicente Fox, iniciar con poco margen y terminar con amplia gobernabilidad.
Esta política de comunicación dejó casi solo al Presidente en su lucha contra la percepción pública, y hoy, al cumplir cinco años en el gobierno, en los equipos de campaña del Partido Acción Nacional (PAN) se reconoce el desgaste de su figura y hasta se contabiliza como factor en contra para las elecciones presidenciales de 2012 aunado a la poca popularidad de los aspirantes del blanquiazul.
Hace un año el mismo mandatario admitió que la comunicación –en la que ha gastado casi 19 mil millones de pesos, según la Cuenta Pública– no ha sido propiamente lo fuerte y ofreció enderezar el barco. Cortázar había dejado el cargo y Sota cumplía semanas como relevo. Sin embargo, este intento fue tardío y fallido, evalúan expertos en comunicación. La postura de la vocera está ausente de este análisis, porque no quiso dar entrevista a este diario y otros funcionarios cancelaron a último momento.
Hoy su imagen es la del Presidente de la violencia, de los 50 mil muertos, de la guerra fallida, terco, incapaz de concebir una estrategia para garantizar condiciones de seguridad o la perspectiva de una victoria al ciudadano ordinario, evalúa Octavio Islas, investigador del Tecnológico de Monterrey y director del Proyecto Internet-Cátedra de Comunicación Digital.
El principal error, plantea, es que antes de declarar la guerra no hubo ninguna estrategia para sensibilizar al ciudadano sobre su necesidad, y el Ejército también se equivocó al creer que la lucha iba a ser rápida y terminante. El Presidente procedió como cualquier gobernante priísta autoritario que asume la sensibilidad nacional, la sintetiza y obra en consecuencia: no le preguntó a los mexicanos si estábamos de acuerdo con su estrategia, si valdría la pena pagar los costos.
Falta estrategia
Liébano Sáenz, secretario particular y una de las figuras y operadores más poderosos de Ernesto Zedillo, cree que esta administración inició con cuestionamientos a su legitimidad y cierto déficit de credibilidad, debido a lo cerrada que fue la elección y a las denuncias de fraude por parte de la izquierda. De alguna manera, añade, eso contribuyó a que el Presidente haya requerido refrendar su posición de manera constante, a través de una participación más intensa en las funciones de comunicación social.
Aunque transitar por un proceso de legitimación no pasa por vestirse de militar ni por decir cuántos narcotraficantes se han atrapado cuando ha costado mucha sangre, sino de crear otro tipo de relación con la ciudadanía, considera Claudia Benassini, comunicóloga por la Universidad Iberoamericana y quien ve a Calderón como un Presidente solo, poco asesorado o que no se dejó ayudar.
Islas y Benassini coinciden en que hubo improvisación y poco trabajo profesional en la arquitectura de la imagen del Ejecutivo. “Se dejó a los medios semantizarlo y de hecho, desde el inicio del operativo en Michoacán, donde aparece ataviado con un uniforme militar que le queda muy grande, es caricaturizado, y eso habla de un trabajo nulo en términos de imagen”, explica el investigador. Añade: el haber dejado en manos de Cortázar y de Sota, con escasa experiencia en la relación con la prensa, muestra que el Presidente no midió el momento histórico y la importancia de blindar su política. Eso –acota– sólo podían hacerlo profesionales, no los amigos por más leales que fueran.
Sobrexposición
Otro hierro, apuntan, fue la sobrexposición presidencial en los medios de comunicación, y aunque se intentó corregir con los nombramientos de Alejandro Poiré y Sota como voceros de seguridad, fue a destiempo.
La centralización de la comunicación social que se tuvo desde la Presidencia colocó al Ejecutivo como receptor de todos los problemas, no tuvo figuras relevantes de apoyo que le quitaran esa presión. Esta estrategia tuvo aciertos y áreas de oportunidad, explica Liébano Sáenz, quien reconoce como virtud que prevaleció la libertad de expresión.
Otra equivocación, dice Benassini, fue centrar el discurso en la inseguridad. El país es mucho más y sin duda hubo logros, pero están poco presentes. Además, el Ejecutivo reprochó a los medios la abundancia de noticias sobre la violencia cuando él mismo la colocó como eje de la agenda.
En círculos cercanos al Presidente argumentan que los voceros recibieron asesoría permanente de especialistas, pero les tocó enfrentar problemas muy difíciles como la epidemia de la influenza, la muerte de dos secretarios de Gobernación y las crisis económicas internacionales.
La película del Royal Tour, donde el Presidente actúa como guía de turismo de aventura, es otro ejemplo, dice Islas, de una decisión desatinada. El error consiste en mostrar al mandatario indolente hacia las víctimas que no se divierten en ese México en paz.
Burbuja de seguridad
A medida que transcurrió el sexenio y se extendió la lucha contra el narcotráfico la burbuja de seguridad alrededor de Calderón se reforzó tanto que su proximidad a la gente, incluida la prensa, se redujo. Los reporteros que cubrían sus actividades cotidianas fueron mantenidos en cercos, distantes, en los últimos tiempos con escasas posibilidades de formular preguntas y con poca interlocución con Los Pinos. Dicha función se delegó a funcionarios de tercer nivel.
Es comprensible que el tema de la seguridad personal del titular de Los Pinos sea relevante, explica Benassini, pero parece que el criterio del Estado Mayor Presidencial se impuso en la agenda de comunicación.
Al Presidente se le percibe como un político de corbata, lejano de la ciudadanía, acartonado y hace un parangón con Carlos Salinas de Gortari que debió diseñar una política de mayor cercanía con la gente al llegar también con dudas sobre su legitimidad y acusaciones de haber cometido fraude.
Apreciado por sus dotes de orador cuando fue legislador, el presidente Calderón tampoco tuvo mucha oportunidad de explotar esa ventaja y de hecho en varias ocasiones se quejó de las limitaciones impuestas por su equipo, que inclusive lo criticó por utilizar expresiones como el fua frente a atletas de los Juegos Panamericanos.
Sin control de daños
No hubo control de daños, refiere Islas. Algunos estudios demuestran, según Benassini, que el peor momento de la imagen presidencial se dio con el incendio de la guardería ABC, porque no acudió a Hermosillo a ver a los padres de los 49 niños muertos. Después viajó a Monterrey, a Ciudad Juárez, tuvo el diálogo con Javier Sicilia y otras víctimas de la violencia, pero antes mostró indife- rencia y calificó a las bajas civiles de daños colaterales.
Otro aspecto que reflejó un pobre control de daños, explica Islas, ocurrió cuando la periodista Carmen Aristegui fue sancionada en MVS por preguntar sobre el supuesto alcoholismo del Presidente y a los pocos días Roberto Gil Zuarth declaró que el mandatario gozaba de buen estado de salud.
Todo esto ha propiciado una imagen de un Presidente que desprecia a muchos medios y en consecuencia a su público, porque además sólo da entrevistas a algunos, con excesos en su forma de beber, e incidentes como la detención y liberación de Jorge Hank Rhon lo hacen quedar en ridículo como si no tuviera estrategia, explica.

Insiste Los Pinos en equiparar protestas con actos terroristas

La Jornada

México, DF. Nuevamente el gobierno de Felipe Calderón insistió en una modificación legal que equipara los movimientos sociales y las protestas con actos terroristas.
Durante una reunión de comisiones dictaminadoras de la llamada miscelánea penal en materia de lavado de dinero, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, el panista Alejandro González Alcocer, presentó un capítulo nuevo en el que se endurecen los tipos penales sobre terrorismo y se imponen penas hasta de 40 años de cárcel a quienes "presionen a la autoridad o a un particular para tomar una determinación".
En ese supuesto cae cualquier movimiento social que presente demandas a las autoridades, recalcó el perredista Pablo Gómez Álvarez, y preguntó a González Alcocer: ¿de dónde salió ese nuevo texto, que no estaba incluido en la miscelánea penal que Calderón remitió al Senado?
González Alcocer sólo respondió que México tiene el compromiso internacional de legislar sobre financiamiento al terrorismo, pero en entrevista posterior reconoció que el texto fue elaborado por la consejería jurídica de la Presidencia de la República.
Gómez Álvarez le dijo que ese texto nada tiene que ver con el tema de financiamiento al terrorismo y que es criminalizante, además de que trata de proteger al personal de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés) y de otros órganos de ese país que operan en México, "hasta de una pedrada", ya que quien lo hiciera sería procesado por terrorismo, al igual que quien le aviente un zapato a algún funcionario.
En 2007, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal en materia de terrorismo internacional; en el artículo 139 de ese ordenamiento se incluyó el párrafo cuestionado, que tipifica como actividad terrorista el presionar a la autoridad para que adopte una determinación.
Se trataba de una minuta y el Senado la aprobó en sus términos para no regresarla a la Cámara de Diputados. Sin embargo, PRI, PAN y PRD acordaron presentar una iniciativa para eliminar la criminalización de la protesta social ahí incluida.
En 2008, el senador René Arce presentó una iniciativa en esa materia, pero está congelada en la Comisión de Justicia. Aunado a esto, el texto que ayer incluyó González Alcocer en el proyecto de dictamen de la miscelánea penal avanza en la criminalización de la protesta, ya que incluye no sólo presiones a las autoridades, sino también a "un particular", como parte de las acciones tipificadas como terroristas.
En la actualidad, las penas son de seis a 40 años de prisión, y en la nueva propuesta son de 15 a 40 años, y se aplican a "algún acto contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida".
El senador perredista Gómez Álvarez dijo que esa propuesta va encaminada a "proteger a los funcionarios o agentes estadunidenses, como los de la DEA, pero ahora hasta de una pedrada los quieren proteger".
Señaló que tampoco está de acuerdo en que a los secuestradores de autobuses o a quien retenga a un funcionario se les acuse de terrorismo. "Esto que están planteando es el sueño dorado de Díaz Ordaz", dijo, y reprochó que no se haya aprobado la reforma al Código Penal para evitar que la protesta social se tipifique como terrorismo.
El priísta Jesús Murillo Karam coincidió con Gómez Álvarez. Indicó que deben revisar el tema como corresponde. "No podemos caer en la sicosis del terrorismo, porque lo único que genera es terrorismo de Estado".
Al final, González Alcocer expresó que coincidía con el perredista y reconoció que la propuesta "venía originalmente en la Ley de Prevención del Delito" y nada tiene que ver con el tema dictaminado, que es el de financiamiento al terrorismo. "Hasta en lo del zapato coincido con Pablo", agregó.
En entrevista, manifestó que normalmente la consejería jurídica de la Presidencia de la República interviene en los proyectos legislativos, "nada más que esta vez ellos metieron mano e introdujeron otro tipo de delitos que nosotros no habíamos contemplado".
–¿Le metieron mano al proyecto de dictamen?
–Por ahí hay algunas recomendaciones que sí hicieron válidas con el secretario técnico –de la comisión– y se incluyeron, pero no tienen que ver con financiamiento al terrorismo.
Durante la sesión de ayer se rechazó una propuesta de dictamen sobre una iniciativa de la panista María Serrano, que planteaba reformar el Código Penal para sancionar a los sacerdotes que llamen a no votar o a votar contra algún candidato.

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Denuncia diputada incumplimiento de acuerdos por autoridades de CFE

La Jornada

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha cumplido el acuerdo de que no se cortará el suministro de energía eléctrica a los usuarios que hayan formalizado su queja por cobros excesivos, denunció Aleida Alavez, secretaria de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
La diputada dijo que en días recientes han dejado sin luz a gente de Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa, por lo que hizo un llamado a las autoridades de ese organismo federal para que cumplan la palabra empeñada en las mesas de trabajo entre la CFE y la ALDF.
Nos documentan de diferentes delegaciones que la CFE está haciendo cortes a diestra y siniestra en varias colonias, y necesitamos que eso se detenga; tenemos el caso de 300 hogares de la colonia Churubusco, en Tlalpan; en la colonia Reforma Política, en Iztapalapa, y en Copilco, en Coyoacán, a pesar de que esa gente había solicitado a la CFE que se revisara su caso de cobro excesivo y estábamos trabajando en eso, añadió la legisladora, quien pidió seriedad a la paraestatal.
Ayer, la ALDF acordó que los módulos de atención de los diputados reciban quejas por los cobros excesivos o deficiencias en el servicio de energía eléctrica.
En tanto, representantes de la CFE, de la delegación Iztapalapa y del Gobierno del Distrito Federal iniciaron ayer las jornadas de información con miras a resolver el conflicto que han generado los cobros excesivos.
En la primera fase se realizaron 15 mil visitas a domicilio de las colonias San Miguel Teotongo, Tenorios, San Pablo, Lomas de la Estancia y Miravalle. Además se instalaron nueve mesas de atención al público para quienes no fueron visitados pero tienen adeudos.