Las redes sociales forman parte de una realidad inocultable. El intercambio de mensajes virtuales entre el cártel de Los Zetas y la organización internacional Anonymous es uno más de la serie de episodios de una guerra cuyo resultado se ignora, pero que se desarrolla en forma paralela a la que produce muertos, heridos y desaparecidos en las calles. Aun representantes de Google y Facebook se muestran inciertos del futuro al respecto. Como antecedente, con repercusiones internacionales, ya quedó el amenazante video con la inquietante máscara de Anonymous…Ala par que se incrementa la violencia por el enfrentamiento entre cárteles de la droga y grupos militares, paramilitares y policiacos, usuarios y activistas de las redes sociales irrumpen en México como generadores de contrainformación. Algunos incluso convocan a movilizaciones como la de los Indignados en Ciudad Juárez y en el Distrito Federal; otros, como Anonymous –organización de inspiración anarquista que carece de líder o dirigentes visibles y utiliza como símbolo una máscara de Guy Fawkes, un líder católico inglés envuelto en una conspiración para atacar el Parlamento británico el 5 de noviembre de 1605– incluso desafían de manera abierta al cártel de Los Zetas.
El video que Anonymous subió a YouTube desde el 6 de octubre para anunciar la operación cártel es una de las primeras acciones encaminadas en ese sentido.
“Estamos cansados del grupo delictivo de Los Zetas que se han dedicado a secuestrar, robar, extorsionar”, afirmó un portavoz de Anonymous en ese video. Y advirtió que si no liberaban a uno de sus integrantes secuestrado durante la Operación Paperstrom, realizada entre el 20 y 29 de agosto en Veracruz, ellos revelarían información que vincula a políticos, empresarios, policías y militares con esa organización que surgió como brazo armado del cártel del Golfo.
Para el 31 de octubre, Anonymous emitió mensajes contradictorios: primero avisó que suspendía la operación a causa de los “altísimos riesgos”; horas después, reculó y expuso que operación cártel continuaría.
A través de su blog Anonymous Iberoamérica, informó que esa operación no iba dirigida sólo contra Los Zetas, sino contra quienes “se dedican al narcotráfico y sus relaciones con los gobiernos”, especialmente el de México y otras agencias antidrogas de Estados Unidos.
“Ahora esto es internacional. Es global. Pueden intentar detener a los Anónimos en México, Centroamérica y tal vez en Estados Unidos, pero no pueden detener a Anonymous como una idea mundial, como un espíritu global al que no le pueden disparar ni pueden quemar en ácido”, reiteró en un comunicado del martes 1.
Tres días después, el jueves 4, poco antes de que iniciara la operación, informó a través de sus cuentas en redes sociales que su compañero había sido liberado y que el plan de divulgar información secreta sobre los vínculos de Los Zetas se suspendía.
Según ellos, su compañero les comunicó que si Anonymous revelaba algún nombre relacionado con el cártel, su familia “sufrirá las consecuencias”, pues “por cada nombre del cártel revelado, 10 personas serán ajusticiadas”.
El desafío de Anonymous, el mismo grupo que promovió la operación Independencia el 15 de septiembre último para saturar páginas web de secretarías de Estado federales, prendió esta vez los focos rojos en el ámbito internacional, mientras la prensa mexicana optó por minimizar e ignorar su aviso.
Las cadenas televisivas BBC de Gran Bretaña y CNN de Estados Unidos, así como el sitio electrónico www.stratfor.com y The New York Times, entre otros medios extranjeros, publicaron varias notas en las que advertían que Anonymous entraba de lleno en la guerra contra el narco en México. Coincidieron también en que el incremento de la violencia en Veracruz, Torreón y Monterrey ha dado un nuevo giro al papel de las redes sociales.
“Hay que recordar que Anonymous no es una organización. No tiene jerarquía. Básicamente es un colectivo de personas que se autoidentifican”, advirtió Scout Stewart, vicepresidente de Inteligencia de la firma Stratfor, que el miércoles 2 publicó un extenso reporte sobre la operación cártel.
En él, Stewart comenta que aun cuando algunos activistas la consideraron “una broma”, otros advirtieron que la campaña puede ser riesgosa y unos más insistieron en que debía continuar. “La naturaleza colectiva de Anonymous permite que cada activista elija en qué acciones quiere participar, incluyendo operación cártel”, precisó el especialista.
Para el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la operación de Anonymous constituye “un reto del poder virtual a otro poder fáctico, como el narcotráfico”.
“No habíamos visto que la guerra contra el narco comenzara a derivar en una guerra en el ámbito virtual. Estamos en un mundo fascinante, donde a veces no puedes separar la realidad de la ficción. Lo que Anonymous quiere demostrar es su capacidad de poder, su capacidad de jugar con ese otro poder que es el narcotráfico”, abunda en entrevista con Proceso.
–¿Obedece a alguna otra agenda internacional? –se le pregunta.
–No obedecen a ninguna agenda ni terrorista ni gubernamental. Lo único que quieren demostrar es que es posible violar cualquier código de seguridad. Ellos son hackers. Se han convertido en un grupo de sumo cuidado, a diferencia de WikiLeaks, que se convirtió en otra cosa. WikiLeaks no conseguía los documentos a través de hackers; los compraba o patrocinaba.
Lo más similar a la operación cártel fue lo que hizo Anonymous el 28 de octubre, cuando sus integrantes intervinieron la página electrónica del exprocurador de Tabasco Gustavo Rosario Torres.
Ese día el sitio del exfuncionario amaneció con una gran leyenda: “Gustavo Rosario es zeta”. Además, en YouTube los hackers subieron un video a las 7:19 de la mañana, en el que reivindicaban el ataque.
En el portal de noticias www.sdpnoticias.com, la cuenta AnonHispano reiteró:
“Esto es sólo el principio. Tenemos información sensible. Pueblo de México, donde otros han fallado y se han quedado en medio del camino en el lodo de la corrupción, o desisten por miedo, Anonymous no les dejará solos. Sabemos los riesgos que es esto, pero no daremos marcha atrás. Somos legión.”
Violencia contra usuarios
Y así como en los últimos meses se incrementó la ola de violencia contra usuarios de las redes sociales,los gobiernos estatales optaron por criminalizar a todos los que divulgaran “rumores” o información no controlada por las autoridades.
“Las respuestas de las autoridades han sido cada vez más feroces. Lo sucedido en Veracruz y en Ciudad Juárez va en la misma línea. Si lo seguimos permitiendo nos acercamos a un momento dictatorial”, advierte Castellón Fonseca, quien impulsó en el Senado el voto contra el acuerdo antifalsificación (ACTA) promovido por Estados Unidos que implicaba restricciones al libre uso de internet.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 13 de septiembre pasado aparecieron dos cuerpos con signos de tortura. Ambos tenían un mensaje intimidante de Los Zetas: los asesinaron por haber posteado información sobre este cártel a través de sus blogs especializados, decía.
El 26 de septiembre fue decapitada la periodista Marisol Macías Castañeda por la presunta divulgación de “información delicada” que vinculaba a cuerpos policiacos con el narcotráfico en su blog y en cuenta de Twitter. Los Zetas se atribuyeron la ejecución.
En Veracruz, el gobierno de Javier Duarte alcanzó notoriedad internacional, aunque no por sus logros contra el crimen organizado, sino por encarcelar, el 26 de agosto último, a Gilberto Martínez Vera y a María de Jesús Bravo Carranza, Marichú, por haber subido mensajes a Twitter y Facebook, las dos redes sociales más utilizadas en México, sobre enfrentamientos armados y presuntos secuestros en escuelas públicas del puerto jarocho.
El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, acusó a los tuiteros de divulgar rumores que, dijo, “causaron histeria”; ambos fueron encarcelados bajo el cargo de ser “promotores de terrorismo”. La ola represiva llegó a los congresos de Veracruz y Tabasco, cuyos legisladores aprobaron en septiembre reformas a los códigos penales para tipificar como delito punible los avisos falsos o rumores difundidos a través de las redes sociales.
La detención de Martínez Vera y Bravo Carranza generó una ola de protestas en Twitter, Facebook y en los blogs. Duarte fue acusado de represor. La cadena televisiva británica BBC habló incluso de una “cruzada oficial contra tuiteros en México” y vinculó esta represión con la reacción del gobierno federal frente al atentado al casino Royale, en Monterrey, donde murieron 52 personas.
En un evento organizado por el Senado, Marichú Bravo relató la forma en que fue maltratada y golpeada por elementos policiacos antes de trasladarla al penal de Pacho Viejo, Veracruz: “Me obligaron a firmar un acta en la que me comprometía a no usar más nunca una red social”, relató.
En Torreón, Coahuila, los usuarios de las redes sociales también han exhibido la corrupción, la incapacidad y la autocensura del gobierno, de los cuerpos policiacos y aun de una televisora nacional: TV Azteca.
El 20 de agosto, los nombres del estadio Corona, el club de futbol Santos y de Torreón, dieron la vuelta al mundo en Twitter y Facebook luego de una balacera que provocó que el encuentro Santos-Morelia y su transmisión televisiva se interrumpieran de manera abrupta.
Los 18 minutos de pánico que generó la balacera en torno al estadio sepultaron los spots gubernamentales en vísperas del V informe de gobierno de Felipe Calderón. A su vez, en YouTube, Google y Twitter hicieron circular fotografías que mostraban los impactos de bala en el interior del estadio; contrastaban con la versión de las autoridades, que insistían en que los enfrentamientos habían ocurrido fuera del estadio. En Google, la frase “balacera en Torreón” tuvo 207 mil ligas.
Otra muestra reciente del impacto de las redes sociales es la del martes 1: diez minutos después de que 150 elementos policiacos reprimieran una manifestación de Indignados en Ciudad Juárez ese día, en YouTube circuló un video, que se replicó en varias redes sociales, en el que se documentaba la brutalidad de los elementos comandados por el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, jefe de la Policía Municipal juarense. Fueron miles los mensajes que circularon en la red para exigir la liberación de los 29 detenidos.
Tres días después, el viernes 4, la bancada del PRD en el Senado promovió un punto de acuerdo en el que exigía al gobernador César Duarte y al alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, la liberación de los jóvenes; también les exigieron garantías para ejercer la libertad de expresión, de manifestación y de protesta.
