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Líneas Aéreas Comisión de Trabajo 2014 - 2015

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miércoles, 29 de febrero de 2012

Sin avance, demandas de solución del SME; habrá movilizaciones

La Jornada

Miércoles 29 de febrero de 2012
 
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) informó que reanudará las movilizaciones, debido a que no hay avances en su demanda de solución para los más de 16 mil trabajadores que no aceptaron la liquidación gubernamental luego de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Martín Esparza Flores, secretario general del SME, detalló que mañana jueves integrantes del SME irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a entregar un documento en relación con el proceso legal que se sigue en la junta especial número cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y sobre el amparo directo que promovimos ante el segundo tribunal en materia laboral.
Acotó que el próximo lunes realizarán otra manifestación, pero el lugar está por decidirse, y añadió que el 16 de marzo, fecha emblemática para el SME porque es el vencimiento de nuestro contrato colectivo de trabajo (CCT), llevarán a cabo a las 16 horas y junto con otros sindicatos una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.
El dirigente detalló en entrevista que la semana pasada no hubo diálogo con la Secretaría de Gobernación, pues no fueron convocados a nuevas pláticas, y agregó que en todo caso han constatado que la dependencia no tiene capacidad para resolver el conflicto, y eso ya lo deberían decir, sólo nos están dando largas para que comiencen las campañas político-electorales y se diluyan conflictos como el nuestro. Por eso vamos a retomar las movilizaciones; sería grave que este gobierno busque heredar el conflicto al siguiente.
Indicó que Gobernación insiste en la reinstalación de sólo 500 trabajadores y que los demás sean contratistas, y esa propuesta la ha rechazado nuestra asamblea. Este conflicto es político; les hemos demostrado que el costo de la plantilla de los que no nos hemos liquidado sería de apenas 2 mil millones de pesos al año.
Ayer, integrantes del gremio se manifestaron a las afueras de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la avenida Paseo de la Reforma, donde también expusieron que la intención del gobierno federal es desmantelar las paraestatales para que los servicios que brindan sean proporcionados por trasnacionales.
Esparza Flores, refirió que los resultados financieros adversos de CFE y Pemex en 2011 confirman que tras la desaparición de LFC viene de la CFE y la de Petróleos Mexicanos. Primero, Calderón se fue sobre LFC y ahora va tras la CFE y Pemex; la CFE está quebrada, el problema financiero lo arrastra a partir de la mala administración de funcionarios como Alfredo Elías Ayub y Néstor Félix Moreno Díaz (ex director de operación de la CFE, quien tiene acusaciones por recibir sobornos). Ellos empezaron a establecer un sistema de descapitalización de la paraestatal para privilegiar a empresas privadas y empezaron a endeudar a la CFE.
Apuntó que aunque las empresas privadas ya cuentan con 50 por ciento de la capacidad instalada de generación eléctrica, siguen presionando para que se libere todo el proceso del sector, desde la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; ese es el verdadero fondo, además de que buscan apoderarse de la fibra óptica.

Mexicana levantará el vuelo sólo si paga sus deudas: SCT

La Jornada

Miércoles 29 de febrero de 2012
 
La situación para Mexicana de Aviación se vuelve a complicar, debido a que los inversionistas no aportarán el dinero para iniciar la liquidación de deudas hasta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les otorgue el certificado de operador aéreo, lo cual es imposible, señaló la dependencia, si el conciliador no presenta el convenio concursal al que debe llegar con la mayoría de los acreedores.
Contrario a lo que busca el juez Felipe Consuelo Soto, la SCT puntualizó que no existe la figura de certificado de operador aéreo condicionado y que el procedimiento para otorgarlo está estipulado en la Ley de Aviación Civil.
En un comunicado enviado alrededor de la una de la mañana de este martes, la SCT expuso que el juez décimo primero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, no ha cumplido con emitir un acuerdo en el que instruya al conciliador Gerardo Badín para concluir el convenio con acreedores y que la dependencia pueda iniciar con la certificación de capacidades financieras, jurídicas, administrativas y técnicas de Med Atlántica para operar la aerolínea.
El diputado Mario di Costanzo dijo que el secretario Dionisio Pérez Jácome no ha aceptado recibir al juez para abordar el tema del certificado condicionado; mientras que los trabajadores hicieron un llamado a la unidad, a no bajar la guardia y a defender al juzgado de presiones por parte del gobierno federal y de grupos de inversionistas que no lograron demostrar la existencia del dinero para capitalizar a la aerolínea.
Apenas el viernes pasado el juez, el conciliador, el grupo de inversionistas, legisladores y representantes de la Secretaría del Trabajo y de la SCT acordaron que ese mismo 24 de febrero el juez debería emitir un acuerdo instruyendo al conciliador de Mexicana de Aviación, Gerardo Badín Cherit, para que proceda a formalizar y suscribir el convenio de acreedores; sin embargo, la SCT dijo que hasta la madrugada del martes y durante el transcurso del día el juez no le había notificado sobre la emisión de dicho acuerdo, ni se tiene conocimiento de los avances alcanzados en la elaboración del convenio de acreedores.
La dependencia puntualizó que la firma y aprobación de dicho convenio es indispensable para lograr la solvencia económica de Mexicana de Aviación en términos de la Ley de Concursos Mercantiles y así estar en aptitud legal de tramitar su certificado de operador aéreo.
Este nuevo tropiezo en el caso de Mexicana de Aviación se debe a que el lunes pasado el representante de Med Atlántica, Christian Cadenas, declaró que sus socios ya demostraron la existencia de mil millones de dólares para la restructura de Mexicana, pero que están siendo muy cautelosos y no empezarán a dar dinero hasta que tengan el certificado de operador aéreo.
En aras de agilizar el regreso de Mexicana previsto para abril próximo, el juez Felipe Consuelo Soto dijo que promoverá ante la SCT la entrega de un certificado condicionado, lo cual no está previsto en la Ley de Aviación en la que está estipulado el mecanismo para que cualquier aerolínea obtenga el documento que le permita iniciar operaciones.
Sin embargo, la respuesta de la dependencia fue que la figura de certificado condicionado no existe. El subsecretario de Transporte, Felipe Duarte, dijo que para poder entregar el certificado primero se tiene que sacar a la empresa de la insolvencia, que haya un convenio de acreedores y que exista la sentencia que la saque del concurso mercantil, de lo contrario no habrá avances.
Después de la reunión del viernes, pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y de confianza se fijaron como meta no bajar la guardia y avanzar hasta recuperar las rutas y slots (horarios) que ahora operan otras aerolíneas; sin embargo, el tropiezo se dio antes de llegar hasta la recuperación de slots.
Felipe Duarte dijo que hasta el momento no se ha demostrado la solvencia financiera de Med Atlántica, que sólo el juez ha visto los documentos y que eso está entorpeciendo el resto del proceso.

Detener el saqueo minero en México

La Jornada
 
Francisco López Bárcenas
 
El saqueo minero en México es posible dadas las facilidades que la legislación otorga a las empresas mineras para hacerlo, pero también porque en los casos donde impone algunas condicionantes éstas no se respetan. Eso se desprende del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, dado a conocer en días pasados. No es la primera vez que lo hace; ya en 2008 había señalado que la Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su objeto social se encontraba la minería; además, en aquella ocasión el organismo expresó que los concesionarios no informaban que su actividad se ajustara a las disposiciones en materia de protección al ambiente, ni que hubieran realizado las obras a que la ley los obliga.
Ahora la Auditoría Superior de la Federación vuelve a poner el dedo en esta llaga por donde se desangra a México. Ya no habla de que no se identifique la nacionalidad de la empresa minera concesionaria ni que no acredite que dentro del objeto para el que fue creada esté la minería; lo que dice es que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar.
Otra de las irregularidades detectadas es el pago por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales. El informe de la Auditoría Superior de la Federación corrobora lo que en muchas ocasiones se ha señalado en La Jornada: que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla. Textualmente, afirma: El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera. Pero no sólo eso: también se detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.
Lo que el informe muestra es que las venas del saqueo minero en México siguen abiertas. No sólo por lo laxo de la legislación aplicable, sino también por las omisiones de las autoridades en vigilar que se cumpla. Esto, como es natural, tiene sus repercusiones. Cada día aumentan las protestas sociales por la devastación ambiental causada por la minería en diversas partes del territorio nacional, lo mismo que por los contratos leoninos firmados con los dueños de las tierras bajo las cuales se encuentra el codiciado mineral, o los daños a la salud que el uso de sustancias químicas provoca. Ejemplos sobran, aunque destacan las protestas indígenas porque, al introducirse en sus territorios sin su consentimiento, destruyen el entorno social donde viven y ponen en peligro su existencia como pueblos.
Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más, hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al país.

Pemex y CFE, mal administradas

La Jornada
 
Se dio a conocer ayer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró en el último semestre del año pasado una pérdida neta de 17 mil 168 millones de pesos, así como un incremento de 21.4 por ciento en su pasivo total. El hecho obedeció al incremento en los intereses de su deuda y a fluctuaciones cambiarias. Por su parte, Pemex, como se dio a conocer el pasado 14 de febrero, experimentó durante 2011 pérdidas por 39 mil 518 millones de pesos, toda vez que los elevados ingresos derivados de las altas cotizaciones internacionales del crudo no fueron suficientes para compensar un incremento impositivo brutal: de hecho, la paraestal obtuvo unos 640 mil millones de pesos por sus ventas de crudo, pero pagó 984 mil 413 millones de pesos en impuestos, derechos y aprovechamientos.
Las cifras constituyen un mentís inequívoco a las buenas perspectivas de Pemex anunciadas en días pasados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a la costosa propaganda oficial invertida para presentar a la CFE como una empresa de clase mundial y a los argumentos esgrimidos en 2008 por el gobierno para destruir a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y sustituirla por la CFE al argumentar que la primera perdía dinero.
Tanto la generación y distribución de energía eléctrica son negocios por demás atractivos, con utilidades prácticamente garantizadas, a condición de que sean correcta y honestamente administrados. No es gratuito que los principales consorcios energéticos del extranjero hayan venido presionando, por diversas vías, para una mayor apertura del sector a operadores privados, a pesar de que dicha apertura se ha llevado a cabo de cualquier manera, incluso a contrapelo de los lineamientos contenidos en el artículo 27 constitucional y en las leyes reglamentarias aplicables.
Las cifras referidas dan cuenta, sin embargo, de una administración ineficiente y turbia en las dos entidades paraestatales, del exceso de contratismo por lo que hace a la CFE y, en el caso de Pemex, de la persistencia del saqueo fiscal que padece la empresa y que debió ser corregido desde hace muchos años.
No ha de pasarse por alto que los malos resultados de las dos grandes empresas energéticas de propiedad nacional aportan argumentos a la causa de las cúpulas empresariales, del gobierno de Estados Unidos, de Acción Nacional y de la fracción dominante del Revolucionario Institucional, para suprimir o reducir en forma significativa lo que queda de propiedad pública en la economía nacional.
En ese sentido, es procedente preguntarse hasta qué punto las pérdidas sufridas por CFE y Pemex son consecuencia de la llana ineptitud del equipo gobernante y de la presencia de una corrupción que viene de muy atrás, pero que se refrenda sexenio tras sexenio, y hasta qué punto es resultado de un designio por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar de manera eficiente y transparente las entidades a su cargo, a fin de presentar como viables y hasta necesarias las desincorporaciones que han sido consistentemente rechazadas por la mayoría de la sociedad.
Es necesario que la sociedad se mantenga pendiente e informada de la situación en Pemex y la CFE –las cuales le pertenecen– y que el Congreso de la Unión exija al Ejecutivo una explicación detallada y precisa de los motivos por los cuales ambas entidades se encuentran en números rojos, que se ponga, de manera definitiva, un alto a la depredación fiscal de la primera y que se deje de lado el discurso oficial trinfalista y engañoso sobre la circunstancia real de las dos empresas.

Pérdidas cuantiosas en CFE y Pemex

La Jornada
 
Enrique Galván Ochoa
 
Cerraron LFC porque operaba con pérdidas; la sustituyó CFE y ahora ésta carga con perdidas aún mayores. La corrupción, el aumento de precio del combustible de sus plantas y los empleados que tuvo que contratar para dar servicio a las zonas que atendía Luz y Fuerza del Centro, entre ellas el Distrito Federal, condujeron a la Comisión Federal de Electricidad a registrar una pérdida de 17 mil 168 millones de pesos durante el último trimestre del año pasado. Será mayor cuando se sumen las de todo el año. También cuenta el desbarajuste en el sistema de cobranza. Llegaron facturas con importes desorbitados a millares de usuarios que optaron por no pagar y poner un diablito. Algunos de los más graves problemas de la actualidad son parte de la herencia que dejó el ex director Alfredo Elías Ayub. El emergente que Felipe Calderón envió a sustituirlo, Antonio Vivanco, simplemente no tiene nada de lo que presume el apellido. ¿O se pasa?

En un año las pérdidas en CFE subieron 21.4%, y en Pemex, 14.7%

La Jornada

Martes 28 de febrero de 2012
 
Las dos principales paraestatales del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportaron importantes pérdidas en sus resultados financieros durante el penúltimo año de la administración gubernamental, revelan informes oficiales.
La Comisión Federal de Electricidad registró al cierre de 2011 una pérdida neta de 17 mil 168 millones de pesos, monto que se compara muy desfavorablemente con la utilidad de 809 millones de pesos obtenida en el mismo periodo del 2010. Esta pérdida fue ocasionada por el pago de mayores intereses de su deuda y fluctuaciones cambiarias.
El pasivo total de la denominada empresa de clase mundial se incrementó 21.4 por ciento en el mismo lapso, al pasar de 488 mil 545 millones de pesos al concluir el cuarto trimestre de 2010 a 593 mil 227 millones de pesos en el mismo lapso del año pasado.
El pasivo se compone de una deuda por 92 mil 213 millones de pesos a corto plazo y 187 mil 279 millones a largo plazo, diferido de mil 656 millones y reservas de 312 mil 79 millones de pesos.
El aumento de 104 mil 682 millones de pesos en los pasivos totales fue originado principalmente por el incremento de la deuda titulada de 43 mil 968 millones de pesos; por la reserva por beneficios a los empleados de 35 mil 726 millones; por pagos a proveedores de 10 mil 45 millones y por la deuda contratada con privados a través de los proyectos de inversión financiada (Pidiregas) por 8 mil 171 millones de pesos.
Los informes bursátiles estiman que las cuentas de cobro dudoso se incrementaron 7 por ciento en el último año, al pasar de 6 mil 919 millones 818 mil pesos a 7 mil 411 millones 10 mil. Sin embargo, la CFE destacó que la posición financiera de la paraestatal es sólida y sana.
En 2011 el número de funcionarios en la CFE aumentó 17.2 por ciento, de mil 925 en 2010 a 2 mil 258. El número de empleados también se incrementó en 10 por ciento, al pasar de 14 mil 851 a 16 mil 340 en el periodo de referencia. Mientras, el número de obreros fue el que tuvo menor crecimiento, de 9 por ciento, de 45 mil 777 a 49 mil 909 al cierre de 2011.
Después del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009, actualmente la CFE cuenta con 97 mil 363 trabajadores activos: 68 mil 507 son permanentes, 23 mil 233 temporales, 5 mil 623 eventuales y 35 mil 826 jubilados.
Resultados negativos en Pemex
Al concluir 2011 Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó sus pagos de impuestos, derechos y aprovechamientos, continuó con su proceso de descapitalización y profundizó pérdidas, revelan sus estados financieros entregados ayer a las autoridades bursátiles y a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores.
Lo anterior contrasta con las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien el domingo durante la inauguración formal de la plataforma Bicentenario, aseguró que la paraestatal alcanzó ya una tasa de más de ciento por ciento en la restitución de reservas probadas, con lo cual se garantiza la producción permanente de hidrocarburos, su viabilidad de largo plazo, y con ello que siga siendo palanca para el desarrollo nacional.
Durante el año pasado Pemex pagó impuestos por 876 mil 15 millones 747 mil pesos, monto superior en 34 por ciento a los pagados en 2010, cuando se ubicaron en 654 mil 140 millones 649 mil pesos.
Lo anterior deriva de los mayores precios internacionales del crudo, impulsados por la incertidumbre financiera prevaleciente a nivel global. Las cotizaciones del petróleo fueron 34.3 por ciento superiores, al pasar de 77.8 dólares a 104.4 dólares barril entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo periodo del año pasado.
En 2011 la empresa más rentable de México obtuvo utilidades brutas por 784 mil 532 millones 426 mil pesos, pero debido a la sangría financiera de la que es víctima, con la onerosa carga fiscal sus utilidades se convirtieron en una pérdida de 91 mil 483 millones 321 mil pesos, cantidad que fue superior en 103.4 por ciento a las pérdidas registradas en 2010, cuando se ubicaron en 44 mil 981 millones 302 mil pesos.
El deterioro propició que el patrimonio o el capital contable de la empresa y sus organismos subsidiarios fuera negativo en 192 mil millones de pesos contra los también negativos de 111 mil 300 millones registrados en 2010.
Los informes oficiales entregados ayer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que el pasivo total de la empresa aumentó 14.7 por ciento en el último año, al pasar de un billón 506 mil 498 millones de pesos al cierre de 2010 a un billón 728 mil 212 millones al concluir 2011.
La producción de crudo alcanzó 2 millones 547 mil barriles diarios, monto 0.2 por ciento menor al promedio del cuarto trimestre de 2010, debido a la declinación de Cantarell, demoras en la terminación de pozos y retraso en la contratación de equipos.
También disminuyó 10.5 por ciento el volumen de crudo exportado, que promedió un millón 339 mil barriles diarios al concluir 2011.