Leonardo Valdés Zurita y Alfredo Cristalinas, director de fiscalización.
Foto: Eduardo Miranda
Finalmente
José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las autoridades
electorales en el caso de la compra masiva de votos por parte del PRI y
el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista… O al menos eso
parece por lo pronto. El empresario estadunidense que demandó en una
corte de California al equipo de Enrique Peña Nieto, presuntamente por
incumplimiento de un pago millonario, lanza acusaciones más graves, que
documenta ahora Proceso. Según él, la maraña
de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene alcance
internacional, así como probables nexos con el crimen organizado.