Leonardo Valdés Zurita y Alfredo Cristalinas, director de fiscalización. 
Foto: Eduardo Miranda
 
Finalmente
 José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las autoridades 
electorales en el caso de la compra masiva de votos por parte del PRI y 
el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista… O al menos eso 
parece por lo pronto. El empresario estadunidense que demandó en una 
corte de California al equipo de Enrique Peña Nieto, presuntamente por 
incumplimiento de un pago millonario, lanza acusaciones más graves, que 
documenta ahora Proceso. Según él, la maraña 
de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene alcance
 internacional, así como probables nexos con el crimen organizado.