Mitin del SME con usuarios en la explanada de la Delegación Tlalpan

Con la Comisión de trabajo de Líneas Aéreas, que está encabezada por los Compañeros Héctor Cortés y Edwin Cruz, acudimos un grupo de trabajadores en Resistencia al sur de la ciudad de México, a las inmediaciones de la Plaza de la Delegación Tlalpan. En este lugar en punto de las 8:00 am, nos reunimos para volantear; nos agradó que las personas que nos encontramos recibieran el volante con gusto así como un día antes lo habíamos hecho en la zona comprendida por el Campamento Padierna. Acabado el volanteo nos dirigimos a la zona del Kiosco Delegacional, donde ya estaban reunidos los vecinos de Tlalpan que atendieron el llamado, así como algunos otros que iban pasando y se quedaron para escuchar; presentes también la organización Tlacaelel que trabajan coordinados con los compañeros de la ANDUEE; y claro compañeros representantes y de base  del SME de varios departamentos.

Se dio paso al mitin, donde pudimos constatar que la información vertida al pueblo es necesaria y de mucha ayuda ya que los usuarios se acercaron a realizar su trámite de queja ante la PROFECO por el mal servicio que presta la CFE y sus empresas contratistas así como de los exorbitantes cobros que está realizando. Terminado el evento y después de un balance positivo de esta dura actividad que  nos ocupó dos días nos perfilamos para ir preparando la movilización del 97 Aniversario del SME.

Mario Navarrete Real

Peligrosa ignorancia

Proceso
Axel Didriksson


No hay político tradicional en México al que no le resulte satisfactorio salir en sus spots, en sus mensajes televisivos o en sus fotos personales con una biblioteca a sus espaldas, mostrando libros encuadernados en cuero finísimo a un lado de su escritorio o a su diestra, con todo y que ese entorno no sea más que un mero artificio para dar una imagen ficticia de su nivel educativo y cultural.
Desde ese trasfondo imaginario está ocurriendo la mutación de una nueva especie de político mexicano. Surgió hace un sexenio como una alteración destemplada, con Vicente Fox y sus repetidas pifias literarias, si así pudieran llamárseles, pero luego creció con una camada de tecnócratas y burócratas cobijados en distintas secretarías del actual gobierno (el lenguaje que frecuenta el titular de la Secretaría del Trabajo es más que demostrativo) y de otros personajes gubernamentales (cómo no recordar el grado alcanzado con la verborrea etílico-religiosa del actual gobernador de Jalisco), pero continuó su evolución con los vergonzosos desatinos y trabalenguazos de la lideresa del SNTE, y se ha consagrado con los discursos monotemáticos de Felipe Calderón que insiste en afirmar que su principal tarea es la de combatir al crimen organizado, cuando nadie le ha señalado lo contrario, pero no atina a reconocer que las críticas no son por ejercer una responsabilidad hasta de sentido común, sino por la manera fallida como lo está haciendo y por el tremendo desastre nacional que ha generado su gobierno.
Sin embargo la consagración de la nueva estirpe de político mexicano la está demostrando el priista Enrique Peña Nieto (y su descendencia se está reproduciendo con una rapidez insólita, porque ya una de sus hijas está mostrando la misma naturaleza con un talante extraordinario). Lo han querido emular algunos políticos de otros partidos, pero no han alcanzado la altura de la especie que representa Peña Nieto, al estar ubicado como el mejor político promotor de la ignorancia durante la actual campaña hacia la Presidencia de la República.

Existen dos tipos de ignorancia. Una proviene de la desigualdad social y la pobreza, por la falta de oportunidades que tienen millones de niños y jóvenes, de adultos y marginados del campo o de la ciudad para alcanzar un grado de escolaridad básica que les permita leer y escribir con soltura y conocimiento a lo largo de su vida.

Otro tipo de ignorancia proviene de quien cree que sabe pero sostiene y reproduce falacias, medias verdades o mentiras, como es el caso de la nueva estirpe del político mexicano, que ha tenido la oportunidad de estudiar, sacar títulos, ir al extranjero a sacar más títulos y cubrir un nivel de escolaridad media superior o superior, y a pesar de ello no ha alcanzado a leer un libro entero durante toda su vida, ni escribir lo que piensa, ni tienen una dicción adecuada y que cuando se les pregunta, como ha ocurrido, sobre su nivel de lectura sus respuestas sean totalmente pedestres.

Las mediciones que se han realizado respecto de las capacidades de los alumnos del nivel básico en el país, a través de las denominadas pruebas PISA (organizadas por la OCDE), evalúan sobre todo el desempeño de la formación adquirida durante la primaria y la secundaria. Entre los principales focos de atención de estas pruebas está el de la evaluación de la comprensión de la lectura. En estas pruebas se consideran seis niveles de desempeño, en donde los niveles 0 y 1 establecen que el alumno tiene un tipo de competencia en lectura mínimo para el ejercicio de su vida social y laboral. Los niveles 3 y 4 son intermedios y los 5 y 6 son demostrativos de actividades cognitivas más complejas.
Respecto del dominio de la lectura, en el ejercicio de la prueba PISA 2009 se define la competencia lectora como “la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial personal y participar en la sociedad”. En esta versión de la prueba se subrayó, a diferencia de las anteriores, el término “interés” de la persona, para enfatizar su motivación y su gusto por la lectura.
De acuerdo con los niveles señalados, el primero evalúa la capacidad del lector para “localizar un dato en un contexto de información explícita y resaltado en un texto breve, de sintaxis sencilla, con un tema y tipo de texto conocidos, como una narrativa sencilla o una lista simple”; por ejemplo, decir qué libro o título o frase se ha leído en alguna ocasión durante la escolaridad de esa persona. El nivel tres hace referencia a la capacidad lectora de la persona que puede comparar, contrastar o categorizar las ideas principales de un texto. El nivel 5 evalúa la capacidad del lector para ubicar lo relevante de un texto, su reflexión crítica y la elaboración de hipótesis que vayan más allá del texto. El nivel 6, el más alto, evalúa la comprensión global del lector respecto de uno o más textos y su capacidad para debatir con ideas propias desde categorías abstractas de interpretación.
La nueva estirpe de políticos mexicanos encabezada por el candidato a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, con la reciente evaluación pública sobre su capacidad lectora, da cuenta de que se encuentra en el nivel 1 de la prueba PISA.
Cuando se trata de un ciudadano común y corriente que tiene problemas de expresión escrita, verbal o de lectura, como ocurre de forma muy amplia en el país por las enormes deficiencias educativas que se padecen y por la falta de políticas adecuadas para elevar la cobertura y calidad de lo que se enseña y aprende, el asunto resulta verdaderamente grave. Pero cuando eso ocurre con quien quiere dirigir el país desde el Poder Ejecutivo, desde el rango más alto de esta investidura, para que tome decisiones trascendentales sobre el desarrollo cultural, educativo, científico, social y económico a nivel nacional e internacional, el asunto rebasa cualquier límite de aceptabilidad.
A la sociedad de la ignorancia en la que se vive se le ha agregado un factor de altísimo riesgo con esta serie de políticos que, con todo y estudios, dan cuenta de la existencia de un nuevo analfabetismo funcional –porque con su incultura, en lugar de permitir en un futuro cercano superar la crisis que se vive, abren un escenario de mayor incertidumbre derivada de una dificultad demostrada para discriminar sobre lo que es importante de lo superfluo–, y de la existencia de una personalidad que vive dentro de una realidad imaginada llena de frivolidad, alimentada por los medios televisivos y la superficialidad de su imagen, para hacer frente a lo que padecen millones de mexicanos. Un abismo total.

...pero frágil, la demanda contra Calderón

Proceso

LA HAYA.- La acusación por crímenes de guerra contra Felipe Calderón y otros miembros de su gabinete ante la Corte Penal Internacional (CPI) podría ser improcedente no por falta de pruebas respecto de las atrocidades cometidas por militares y fuerzas de seguridad contra civiles, sino por un tecnicismo del derecho internacional: los cárteles del narcotráfico no pueden ser considerados parte beligerante.
Por ello, desde una perspectiva legal en México no existe una situación de guerra interna que implicaría la confrontación entre dos entes armados organizados y
responsables de sus actos ante la justicia internacional.
Esa es la opinión de Eric David, reconocido experto belga en derecho internacional y humanitario, quien destaca un razonamiento de cálculo político en el caso mexicano: si la CPI le da continuidad al expediente contra Calderón, sería tanto como cuestionar su política antidrogas, la cual está inspirada en el modelo implantado por Estados Unidos.
David es profesor emérito de la Universidad Libre de Bruselas con una larga y reconocida trayectoria profesional: preside la Comisión Consultiva sobre Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja belga; es miembro de la Comisión Internacional de Juristas; fue representante de su país en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y es consultor de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, de varios gobiernos europeos y de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Para acusar al presidente Calderón de crímenes de guerra ante la CPI, precisa David, el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, debe primero reconocer que e México se libra lo que se conoce como una “guerra de carácter no internacional”.
“Para que eso ocurra –explica– deben existir dos partes en conflicto armado con autoridad de mando e identificables; es decir, un grupo que detente una autoridad equivalente a la de un Estado y se enfrente de manera abierta con las fuerzas gubernamentales. Desde mi punto de vista, los cárteles del narcotráfico no cumplen con esta característica.”
El profesor amplía su razonamiento con un ejemplo:
“La Organización de los Mujaidines del Pueblo de Irán lucha desde principios de los ochenta contra el régimen de Irán. En 1986 fue reprimida brutalmente y se refugió en Irak. Cuando en 2003 Estados Unidos invadió Irak la organización se declaró neutral y entregó las armas, aunque permaneció activa en el movimiento de oposición. Fue eliminada de las listas de organizaciones terroristas de Gran Bretaña y Europa. Así, incluso si no está armada, esa organización puede reivindicarse como un grupo organizado e identificable: hay un Consejo Nacional de la Resistencia Iraní cuya presidenta, Maryam Radjavi, reside en Francia y es conocida en todo el mundo.”
–Los cárteles mexicanos cuentan con líderes públicamente conocidos; controlan zonas de tráfico de drogas donde recolectan ingresos locales, y podrían considerarse estructuras con cadenas de mando –se le comenta al experto.
–La jurisprudencia del Tribunal penal para la ex Yugoslavia con los casos Limag y Haradinai va en ese sentido. Se trataba de saber si el conflicto armado entre el Ejército de Liberación de Kosovo (UCK, por sus siglas en albanés) y las fuerzas serbias era uno de tipo no internacional. El tribunal retuvo los elementos que usted menciona y falló que sí era un grupo armado organizado. Pero había algo detrás de esa resolución: el UCK había estado en negociación con la UE y con varios Estados extranjeros; el UCK disponía de una cobertura social internacional que los
cárteles de la droga no poseen.
–Entonces, si la CPI no reconoce como fuerza beligerante a los cárteles, no hay legalmente una “guerra” en México y Calderón no puede ser acusado de crímenes
de guerra –se le expone.
–Así es. Sin embargo, la acusación por crímenes de lesa humanidad que también se le imputan me parece un expediente más viable. Es más fácil de sustentar. Se trata de crímenes como el asesinato, la tortura, el tratamiento inhumano, la violación o la desaparición forzada, y deben haber sido cometidos intencionalmente y en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, aunque sea sólo una parte de ella. No hay un criterio cuantitativo preciso. Eso lo determina la fiscalía.
–El aspecto político no puede desestimarse. México es aliado de Estados Unidos y de la UE; no está al margen de la comunidad internacional como Sudán o Libia, cuyos líderes fueron procesados en la CPI…
–Es claro que los responsables políticos pueden intervenir en las decisiones de la CPI. Un caso ilustrativo: el 21 de enero de 2009, la Autoridad Palestina reconoció la competencia de la CPI. Hasta la fecha el fiscal Moreno Ocampo no le ha dado curso a ese reconocimiento con el argumento de que Palestina no es un Estado. Pero hay una razón política detrás: si le da curso a esa solicitud, Estados Unidos, que no es integrante del Estatuto de Roma, menos reconocerá la jurisdicción de la CPI.
Por otra parte, David comenta que el presupuesto de la CPI es muy limitado y apenas se da abasto con los pocos casos que persigue: 13 expedientes relativos a siete países: Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, Sudán, Libia, Kenia y Costa de Marfil.
“No creo que el fiscal le dé continuidad a la comunicación del caso mexicano –argumenta el experto–: hay una enorme criminalidad de orden común y a gran escala en todo el mundo; si la CPI mete la mano en este caso, se le exigiría que investigara otros casos de delincuencia organizada. Los Estados miembros pensaron en eso y los casos que acepta la CPI son clásicos, como los que se siguieron en relación con hechos trágicos sucedidos en Ruanda o Sierra Leona.”
Y precisa: “No hay que olvidar que la lucha contra el tráfico de drogas retiene la atención de la comunidad internacional, que rechaza este fenómeno, y que Estados Unidos encabeza este combate. Así que, quizá por no disgustar a Washington, la CPI no le dé un seguimiento positivo a la comunicación contra Calderón”.

Procedimiento
La función del fiscal Moreno Ocampo será analizar la información que se le entregó y, en caso de que considere que hay elementos que configuren crímenes que recaen en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), presentar evidencia a los jueces para que éstos autoricen el comienzo de una investigación preliminar, explica a Proceso un funcionario de la CPI que pidió el anonimato.
También plantea que Moreno Ocampo está capacitado para realizar la “evaluación preliminar” del expediente de 700 folios y muchos más en formato digital que el pasado 25 de noviembre le entregó el abogado mexicano Netzaí Sandoval, en el que documenta 470 casos de presuntas violaciones al derecho internacional.
Sin embargo, menciona el funcionario de la CPI, el fiscal no puede iniciar una “investigación preliminar” por iniciativa propia, sin la autorización de un grupo de
tres jueces que eventualmente serían asignados al caso.
“Los Estados miembros crearon el Estatuto de Roma, que da origen a la CPI, con muchos controles, con el propósito de evitar investigaciones con un interés político”, afirma el funcionario consultado, quien ocupa un alto puesto en la Corte desde su fundación.
Detalla que en sólo dos ocasiones los jueces han autorizado una investigación preliminar bajo una iniciativa propia del fiscal: un caso fue en Kenia y el otro en Costa de Marfil.
En el primer caso hay seis personas acusadas con órdenes de comparecencia; no se giraron órdenes de arresto porque tales individuos decidieron viajar voluntariamente a La Haya a comparecer. En el segundo fue entregado a la CPI el expresidente Laurent Gbagbo, depuesto tras un golpe de Estado, y quien este lunes 5 compareció en una sala de la Corte de La Haya en calidad de sospechoso.
Existen también casos en los que se anunció públicamente el inicio de “evaluaciones preliminares”, como en Afganistán, Georgia, Colombia y Honduras. Pero también el fiscal puede descartar darle cauce a la comunicación, al considerar que no hay elementos que ameriten una investigación.
Al funcionario se le comenta que en México ya comenzaron las precampañas con miras a las elecciones presidenciales de 2012, y que la comunicación contra Calderón ante la CPI tendrá consecuencias políticas en ese proceso.
“La cuestión política no tiene ningún sentido para nosotros –sentencia–. El Estatuto de Roma describe perfectamente los delitos bajo la jurisdicción de la Corte. Eso es lo que miramos. Los jueces de la CPI sólo estudian la gravedad de los hechos.”
Y añade: “Los jueces de la Corte son elegidos por los Estados miembros, pero son completamente independientes, como ocurre con el fiscal. El embajador mexicano en La Haya, Jorge Lomónaco, ha jugado un papel preponderante como miembro de la Asamblea de Estados parte de la CPI. Los Estados están representados y miran de cerca la labor de la Corte. En esa asamblea hay un grupito, el Buró, cuyo vicepresidente era Lomónaco; esa instancia determina el presupuesto y el gasto de la CPI y elige en general a los jueces: Lomónaco conoce muy bien la Corte y sus procesos”