En entredicho, su honorabilidad y hasta el sentido común
 
Tras
 la monstruosidad jurídica engendrada por los ministros de la Corte en 
su fallo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una 
encuesta realizada por un diario de circulación nacional demostró  
claramente que la mayoría de los mexicanos desaprobaron el inexplicable 
proceder del más Alto Tribunal  que, en contraparte, dejó en libertad a 
la secuestradora francesa Florence Cassez. La atrocidad sigue siendo  
condenada por la sociedad en su conjunto, poniendo en entredicho la 
honorabilidad y hasta el sentido común de quienes integran el máximo 
órgano de justicia.
 
El
 país entero se pregunta, desde todos los ángulos de su indignación, si 
por su alta investidura un ministro  puede violar las leyes sin recibir 
amonestación o castigo alguno. Al respecto, es importante señalar que el
  artículo 110 constitucional establece el juicio político como el 
mecanismo jurídico con que contamos los  ciudadanos para fincar 
responsabilidades a quien, en su calidad de servidor público, incurra en
 violaciones a nuestra Constitución y a las leyes que de ella emanen.