En entredicho, su honorabilidad y hasta el sentido común
Tras
la monstruosidad jurídica engendrada por los ministros de la Corte en
su fallo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una
encuesta realizada por un diario de circulación nacional demostró
claramente que la mayoría de los mexicanos desaprobaron el inexplicable
proceder del más Alto Tribunal que, en contraparte, dejó en libertad a
la secuestradora francesa Florence Cassez. La atrocidad sigue siendo
condenada por la sociedad en su conjunto, poniendo en entredicho la
honorabilidad y hasta el sentido común de quienes integran el máximo
órgano de justicia.
El
país entero se pregunta, desde todos los ángulos de su indignación, si
por su alta investidura un ministro puede violar las leyes sin recibir
amonestación o castigo alguno. Al respecto, es importante señalar que el
artículo 110 constitucional establece el juicio político como el
mecanismo jurídico con que contamos los ciudadanos para fincar
responsabilidades a quien, en su calidad de servidor público, incurra en
violaciones a nuestra Constitución y a las leyes que de ella emanen.