En entredicho, su honorabilidad y hasta el sentido común
Tras
la monstruosidad jurídica engendrada por los ministros de la Corte en
su fallo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una
encuesta realizada por un diario de circulación nacional demostró
claramente que la mayoría de los mexicanos desaprobaron el inexplicable
proceder del más Alto Tribunal que, en contraparte, dejó en libertad a
la secuestradora francesa Florence Cassez. La atrocidad sigue siendo
condenada por la sociedad en su conjunto, poniendo en entredicho la
honorabilidad y hasta el sentido común de quienes integran el máximo
órgano de justicia.
El
país entero se pregunta, desde todos los ángulos de su indignación, si
por su alta investidura un ministro puede violar las leyes sin recibir
amonestación o castigo alguno. Al respecto, es importante señalar que el
artículo 110 constitucional establece el juicio político como el
mecanismo jurídico con que contamos los ciudadanos para fincar
responsabilidades a quien, en su calidad de servidor público, incurra en
violaciones a nuestra Constitución y a las leyes que de ella emanen.
La
ciudadanía debe tener plena conciencia de que este instrumento jurídico
y constitucional no es aplicable sólo a los políticos; además, se
puede hacer extensivo a los ministros de la Corte que falten a su alta
responsabilidad.
El
artículo 95 de la Constitución establece entre los requisitos para
acceder al máximo cargo judicial, que los nombramientos de los ministros
deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Perfil al que están muy lejos de aspirar quienes desde el Alto Tribunal
permiten el aniquilamiento del Estado de derecho y el deterioro del
imprescindible equilibrio de poderes.
En
la Cámara de Diputados ya se encuentra radicada una petición de juicio
político en contra de los miembros de la Segunda Sala de la Suprema
Corte, los ministros José Fernando Franco González Salas; Sergio A.
Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos; Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y Luis María Aguilar Morales. Los legisladores tendrán que
solicitar las supuestas pruebas de que se valieron los ahora acusados
para emitir su veredicto en contra del SME.
Además
del juicio político, los ministros tendrán que enfrentar el juicio de
toda la sociedad mexicana y, por supuesto, el juicio de la historia que
aún está por escribirse sobre su desempeño, y no precisamente con
letras de oro…
Invitamos
a todo México -próximamente- a sumarse a la petición de juicio político
contra los malos elementos de la Corte a través de
www.renuncienministros.org.mx.
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