Denuncian de robo a empleado de CFE

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Sonora, México.-Un sujeto el cual dijo ser empleado de una empresa federal, cometió varios robos en el sector de la colonia Flores Magón, según reporte de los vecinos.

De los hechos se tuvo conocimiento cuando a las 16:18 horas de ayer, al encontrarse los agentes municipales en recorrido de vigilancia por la calle Sofía Bretón, de la colonia Flores Magón, los abordó una persona de sexo masculino la cual les manifestó que por esa calle, minutos antes se encontraba un sujeto quien manifestaba ser empleado de la Comisión Federal de Electricidad y preguntaba por familias que pasaban corriente eléctrica a otros domicilios.

El reportante agregó que a quienes sorprendía en esta práctica les pedía dinero, amenazándolos con aplicarles una multa.

Varios vecinos señalaron al sujeto que identificaron con el apellido “Urías” como el que se apoderó de ropa variada que una mujer, de 30 años, tenía tendida en su casa, haciendo entrega la afectada de un folder con reportes supuestamente de la Comisión Federal de Electricidad y una relación con direcciones y medidores que dejó el sujeto cuando se apoderó de la ropa y otra mercancía en diferentes domicilios.

Así mismo, se orientó a la persona afectada a pasar a interponer su denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para la averiguación.

Trabajo: entre la informalidad y la precariedad

La Jornada

 

De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el número de trabajadores ocupados en el sector informal superó los 14 millones de personas –casi 30 por ciento de la población económicamente activa– al concluir 2011. El instituto reporta también que 1.6 millones de personas ingresaron a la informalidad el año pasado, cifra muy superior a las 440 mil que ingresaron al empleo formal en el mismo periodo, si se toma como base el crecimiento de las cotizaciones del IMSS: es decir, durante 2011, por cada puesto de trabajo que se generó en el sector formal, se generaron cuatro en el informal.

Por añadidura, indicadores del propio Inegi obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revelan que tres de cada 10 trabajadores perciben dos salarios mínimos o menos; casi uno de cada dos carece de acceso a instituciones públicas de salud, y cuatro de cada diez carecen de prestaciones laborales. En resumen, el último año de la actual administración federal arranca con un panorama más que desalentador: con un sector creciente de la población fuera del mercado de trabajo, y con empleos caracterizados por la inseguridad, los bajos niveles salariales y el incumplimiento de derechos laborales básicos, como el acceso a la seguridad social y la jubilación.
Menguado orgullo puede representar para el actual gobierno federal el que el país detente una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, como recurrentemente presume el discurso oficial, cuando ello va aparejado al ensanchamiento de la informalidad y la precariedad laborales; a una creciente fragilidad de la economía mexicana, en consecuencia, y a un deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población. En todo caso, sería mucho más preciso decir que la vasta porción de mexicanos en edad laboral enfrenta la disyuntiva nada favorable entre el desempleo y los trabajos precarios, inestables y mal pagados.

Es difícil no establecer un vínculo causal entre este deterioro de las condiciones laborales en el país y la continuidad del modelo económico vigente, el cual privilegia al capital especulativo sobre el desarrollo de actividades productivas; exige el abaratamiento de la mano de obra para hacer al país atractivo a las inversiones; demanda políticas de contención salarial con el argumento de combatir la inflación e imposibilita el desarrollo de la economía y el mercado internos, dos elementos imprescindibles para el aumento de empleos dignos y bien remunerados. Según puede verse, la persistencia en un rumbo económico que colisiona con los intereses nacionales ha tenido el efecto de un cambio estructural en el mercado de trabajo, en el que el empleo informal deja de ser una alternativa para los trabajadores y comienza a volverse una regla.

Hasta ahora, el ensanchamiento de la informalidad ha representado –junto con la emigración indocumentada a Estados Unidos– una válvula de escape a la desesperanza y la zozobra de amplios sectores de la población, pero el gobierno no puede aspirar a que tal situación perdure por mucho tiempo sin que se configuren escenarios de descontento social. Bien harían las autoridades nacionales en verse reflejadas en el espejo de Grecia, país con índices de trabajo informal similares a los de México, y en donde los empeños por precarizar más las condiciones y satisfacer las exigencias de la llamada troika europea de trabajo han derivado en escenarios de estallido social. En esta circunstancia, la reorientación de la política económica, la reactivación de la economía y el consumo internos, y la procuración de los derechos laborales son elementos de obvia necesidad para garantizar la estabilidad económica, política y social de la nación.

Ruido en parque eólico de CFE supera en casi 50% el nivel "permitido por la OMS"

La Jornada
Sábado 11 de febrero de 2012, p. 18

El parque eólico (PE) La Venta, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que opera en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, produce niveles de ruido de 91.8 decibeles (dB) a 500 metros de los aerogeneradores.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el límite superior deseable para el ser humano es de 50 dB, señaló el ingeniero electrónico Jesús Aquino Toledo, quien realizó un estudio al respecto, preocupado porque en Unión Hidalgo, su tierra natal, se está construyendo un PE con 114 aerogeneradores.

En el estudio Guías para el ruido urbano, la OMS indica que los altos niveles de ruido producen enfermedades como deficiencia auditiva, transtorno del sueño y reposo; efectos sicofisiológicos sobre la salud mental y el rendimiento, efectos sobre el comportamiento e incluso problemas cardiacos.

En comunicación enviada al presidente municipal de Unión Hidalgo, Carlos Villalobos, con copia al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, Aquino Toledo le informa que el 22 de diciembre de 2011 realizó el referido estudio técnico con un sonómetro y micrófono Quest, que cumplen con la norma ANSI S1.4, los cuales tiene un margen de error de 0.2 dB, encontrando que en el punto donde está instalado el aerogenerador el nivel de ruido es de 94.2 dB, a 25 metros de distancia es de 93.9 dB, a 300 metros es de 92.3 y a 500, de 91.8.

Con estos valores se comprueba que el nivel de ruido existente en el parque eólico La Venta, de Juchitán, Oaxaca, es muy alto de acuerdo con las normas de salud a nivel auditivo, afirma, manifestando su preocupación por la instalación –en breve– en Unión Hidalgo de equipos de casi 100 metros de altura con potencia de dos megavatios cada aerogenerador, con una capacidad total de 228 Mv, a lo que se aúnan los daños a la salud que ocasiona el enorme campo electromagnético originado por las líneas de transmisión de alta tensión para el transporte de la energía eléctrica.

En otro orden, el pasado día 8 se instaló una mesa de negociaciones, con mediación del gobierno de Oaxaca, entre 39 indígenas propietarios de tierras en Unión Hidalgo y representantes de la empresa Demex, filial de la española Renovalia, a la que arrendaron sus tierras para el PE, pero la actitud de la empresa ha sido poco colaboradora con quienes desean terminar anticipadamente el citado contrato de arrendamiento, informó Alejandra Ancheita, de Prodesc, organización que acompaña la lucha de los propietarios de las tierras.
Maribel Gutiérrez, asesora legal de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, indicó que Demex envió asesores legales externos que desconocen el problema de la violación del derecho a la consulta, las intimidaciones y agresiones de que han sido víctimas los propietarios de Unión Hidalgo, por lo que solicitaron que a la próxima reunión –el 25 de febrero– acuda el director de Demex, así como los responsables de derechos humanos y de asuntos indígenas del gobierno del estado.