Los “policías federales” que tomaron las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro la noche del 10 de octubre de 2009 en realidad eran soldados disfrazados, según se desprende del testimonio de un teniente de zapadores que semanas después fue sometido a la justicia militar por “abandono de servicio de armas”. Marcos Gerardo Espinosa Pérez, quien hoy se encuentra libre bajo caución, comenta que así como esas mentiras del gobierno federal hay otras: por ejemplo, hablar de policías federales caídos cuando en realidad se trata de militares.
Eran las 11 de la noche del 10 de octubre de 2009 cuando varios batallones militares disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México. Una hora después, justo a la medianoche, el gobierno calderonista anunció la extinción de la dependencia y adelantó su fusión operativa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los militares tomaron de manera simultánea las instalaciones estratégicas de la compañía en varias entidades para evitar que los trabajadores boicotearan el suministro de energía eléctrica en el centro del país.
La noche de ese sábado 10 de octubre cientos de militares disfrazados de agentes de la Policía Federal (PF) llegaron al edificio de Marina Nacional y Circuito Interior en la Ciudad de México y se apoderaron del Centro de Operación y Control de Luz y Fuerza. Tras desalojar a una veintena de trabajadores ocuparon las oficinas administrativas y desplegaron un cerco ante una eventual embestida del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Dos días después, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Reforma informó que efectivos de la Unidad para el Reestablecimiento del Orden Público supervisados desde un helicóptero por el comisionado de la PF, Facundo Rosas, tomaron las instalaciones en sólo cinco minutos. El funcionario reportó el operativo a su jefe Genaro García Luna en tiempo real.
Sin embargo, de acuerdo con un expediente de justicia militar elaborado a partir de los testimonios de algunos soldados que participaron en aquel sabadazo, las unidades militares fueron concentradas desde temprano en el Centro de Mando de la PF en Iztapalapa. Ahí, precisa el documento, se les dotó de uniformes de la PF nuevos y equipos antimotines.
El teniente de zapadores Marcos Gerardo Espinosa Pérez, en ese tiempo comandante en el Tercer Batallón de Ingenieros de Combate de Santa Lucía, Estado de México, expuso, por ejemplo, que él participó en las operaciones de resguardo de instalaciones en el Valle de México e Hidalgo. La participación de tropas del Ejército disfrazadas de policías federales, dijo, se prolongó varios meses:
“Yo creía que eso era ilegal. Cuando me dijeron que iba como PF le pegunté a mi comandante si íbamos a reprimir una huelga. Y como somos un batallón de armas, entonces exigí mi nombramiento y sólo recibí una respuesta verbal: es una orden.”
Misión cumplida
Las imágenes de la incursión policiaca fueron ampliamente difundidas, en especial los videos entregados a El Universal, que los subió a su portal de internet un día después del operativo.
Los supuestos policías federales llegaron a las oficinas centrales de la empresa, en la capital del país, a bordo de patrullas y autobuses particulares. La ocupación se diseñó por medio del monitoreo de las cámaras de vigilancia urbana y se coordinó con sobrevuelos de helicópteros.
Tras su arribo al edificio de Luz y Fuerza, las tropas cercaron el inmueble. Minutos después llevaron varios tráileres con mamparas metálicas y en tres horas montaron un muro de contención. Luego los mil 500 elementos se desplegaron en el interior del inmueble y reforzaron la vigilancia en las zonas de acceso.
El testimonio del teniente Espinosa Pérez deja en claro que los supuestos policías federales en realidad eran soldados zapadores de combate entrenados en el uso de explosivos, apoyos logísticos, atrincheramientos y fortificaciones para enfrentamientos armados.
El despliegue militar se realizó del modo similar en las instalaciones de Luz y Fuerza del Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. En ninguno de esos puntos encontraron resistencia.
En la Ciudad de México los integrantes del SME optaron por concentrarse en su edificio gremial, en Insurgentes Sur. Desde ahí los líderes llamaban a sus afiliados a no caer en provocaciones:
“La verdad, durante el tiempo que duré, lo único que hacían era que iban y colocaban sus mantas. Yo nunca vi que hubiera violencia ni agresiones como para enviarnos pues, aunque desarmados, somos soldados de armas. Ellos exigían lo que les correspondía, pues. Nunca nos agredieron”, según el reporte del teniente Espinosa.
–¿Usted ya estaba ahí como policía federal? –pregunta el reportero al militar.
–Nada más disfrazado, sin ningún oficio de comisión a la PF, con el mismo sueldo y 30 pesos (diarios) de raciones en cheque que teníamos que ir a cobrar a un banco (para adquirir alimentos).
–¿Cómo les pagaban la nómina?
–A unos en depósito y a otros en cheque, pero las raciones las manejaba un intendente, que nos daba un cheque que teníamos que cobrar en Banjército por ser comandantes de destacamento. Con el efectivo pagábamos a los soldados las raciones. Era lo único que nos daban.
“Estábamos en condiciones infrahumanas. Los muchachos dormían en el suelo, principalmente en los baños, junto a las tazas o en las regaderas. Podían llevar algún colchón o cobija comprados con su dinero, pero no podíamos llevar ningún equipo militar, porque la misión era que nadie se diera cuenta de que éramos militares.”
–¿Cuántos elementos eran?
–Mi batallón estaba orgánico, desplegado. Unos 800 elementos, más otros regimientos. Por la zona militar había bastantes. Pero la orden era no dejarlos entrar (a los trabajadores) y que se mantuviera en secreto (que ellos eran soldados).
Sobre los 30 pesos de ración abunda:
“Es una cantidad que nos corresponde, pero como estábamos en esa situación, no sé si Luz y Fuerza o la CFE nos daban unos alimentos pagados; no sé de qué área del gobierno, y nos daban en especie.
“Fue de las cosas que nos daban en especie y eso también me obligó a exigir. Cuando es en especie, a veces faltan cosas, hay que procurarnos más cosas. Tampoco había sanidad, teníamos que conseguir algún medicamento… había muchos motivos urgentes y necesarios para salir (de las instalaciones).”
Durante los meses que estuvo disfrazado de policía federal, el teniente Espinosa fue removido a diferentes instalaciones: de Tultitlán y Ecatepec, en el Estado de México, a Tizayuca, Hidalgo. En ese último destino sus superiores encontraron un pretexto para someterlo a la justicia militar.
Los “crímenes” del teniente
En marzo de 2010 el teniente Espinosa Pérez había hecho varias observaciones a sus superiores sobre las condiciones en que estaban los soldados a su cargo. Acostumbrado a invertir de su bolsa, como la mayoría de los comandantes del Ejército, el teniente utilizaba su auto particular para desplazarse y se comunicaba únicamente con su teléfono celular.
Cuando explicaba las razones de sus salidas para ir a Banjército, comprar víveres para sus hombres o medicamentos, siempre se ponía en contacto con el mando a través de su teléfono. Una vez, estando en Tizayuca, perdió la comunicación porque se le acabó el saldo. Eso motivó que lo acusaran de abandono de servicio de armas.
“Mi salida de las instalaciones fue una necesidad. Todo comandante tiene la obligación de cumplir la misión, pero viendo por su gente. Para cumplirla se requieren factores de alimentación, comunicación, buena moral. La comunicación, cuando es mala, pone en riesgo la misión y a la gente. Uno puede hablar de un teléfono y se pueden captar cosas, alguien puede escuchar. La comunicación militar debe ser rápida, directa y segura.
“Yo no tenía comunicación, porque era mi teléfono personal, era del Valle de México y no tenía saldo. Perdí comunicación con el mando en la Ciudad de México. Cuando pude recargué 20 pesos; al regresar, ya me estaban esperando para llevarme a un Ministerio Público militar.”
Ante la fiscal castrense el teniente Espinosa explicó su situación y aprovechó para narrar el resto de las deficiencias, así como las condiciones en que él y sus subordinados se encontraban, en un intento por demostrar que no estaba en “un servicio de armas”, sino de disfraz. La fiscal recriminó al teniente; le dijo que no parecía educado en el Colegio Militar.
“Se lo dije ahí, lo he repetido en los juicios y lo sostengo: están muy equivocados si creen que ser del Colegio Militar implica estar callado, sumiso, aceptando injusticias. Debo ser disciplinado y honorable, por eso no puedo ser agachado”, advierte el entrevistado.
Por la falta de saldo, el teniente Espinosa Pérez es procesado en el Juzgado Cuarto Militar, donde se radicó el expediente 248/2010, en el que se hallan asentados documentales y testimonios que confirman la presencia militar con disfraz de PF en las instalaciones de Luz y Fuerza.
En mayo de 2010, dice, se trasladó a una base militar de Irapuato a visitar a su hijo de tres años procreado con una capitana odontóloga del Ejército. Había acordado con su pareja que visitaría al menor como cada semana, pero esa vez, cuando se aproximaba a la puerta de las instalaciones, la mujer gritó que se quería robar al menor.
Dice que los policías militares le pidieron detenerse. Él aceptó. Recuerda que comenzaron a llegar oficiales de más alto rango, hasta que el coronel José Raúl Celedón, juez militar, amenazó con procesarlo por insubordinación.
“Le dije que era una violación a mis derechos, pues en todo caso se trataba de un asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así es en el Ejército, deciden hasta en derecho de familia”. El pequeño estaba asustado y lloraba, comenta, por lo que se lo regresó a su madre. La mujer no lo denunció.
Por esos días el teniente fue enviado a Miahuatlán, Oaxaca. Quedó bajo las órdenes de un amigo de Celedón, hasta que éste lo acusó de insubordinación por el incidente de Irapuato. El coronel dijo que Espinosa Pérez lo había amenazado de muerte.
“Con el poder que tienen los generales y conociendo al Ejército, ¿usted cree que por más enojado que estuviera iba a amenazar de muerte a un oficial”?, cuestiona el teniente.
Una patrulla de Policía Militar llegó por él en mayo de 2010 a Miahuatlán. Fue trasladado a la Ciudad de México donde además del proceso por abandono de servicio hoy enfrenta la causa 154/2010 en el Juzgado Sexto Militar. Desde el incidente en Irapuato no ha vuelto a ver a su hijo.
Montaje y negligencia
Disfrazar a militares de policías se ha vuelto una práctica común en el gobierno de Felipe Calderón, aun en los operativos contra el narco. El teniente Espinosa asegura que muchos de los muertos en esa guerra que se cuentan como elementos de la PF, en realidad eran soldados disfrazados.
Egresado del Heroico Colegio Militar, con 19 años de servicio y una hoja inmaculada hasta antes de su detención, Espinosa Pérez asegura que jamás tuvo problemas de ningún tipo, mucho menos deserciones, heridos o muertos entre sus hombres. Todo comenzó, dice, cuando lo enviaron al servicio de la PF que no le correspondía.
Hoy forma parte del Agrupamiento de Militares Procesados Libres Bajo Caución de la Primera Región Militar, asentado en el Campo Militar Número Uno.
Se describe como zapador, ciento por ciento de armas. Y cuenta: “Soy operativo. Le voy a comentar algo: muchos de los operativos, por falta de una cabeza lógica, sana y limpia, llegan a realizar asaltos. No se hace estudio de inteligencia. Matan y dicen que el muerto es narcotraficante. Todos sabemos que se debe hacer un estudio de inteligencia antes de hacer una tontería.
“He sido instructor en el Colegio Militar, también docente, siempre instruí lo mejor que pude. En el Ejército hay gente profesional, lo que falta es quitar lo arbitrario, lo corrupto y muchos vicios.”
–¿Cómo piensan los generales?
–Es una mentalidad muy negativa, cerrada y posesiva. Ellos mandan y se hace lo que dicen. Si un general se equivoca, vuelve a mandar; las consecuencias son siempre para los de abajo. Si uno es comandante y se te muere alguien, es tu culpa, no de quien dio la orden.
La situación de Espinosa Pérez es peculiar. Traído de Miahuatlán cuando se encontraba franco, no pudo recoger sus posesiones, pero le han exigido que porte uniforme, insignias y credenciales en las diligencias. No puede ir por ellas, pues si va más allá de 80 kilómetros se configura el delito de abandono de plaza. Si usa un uniforme ajeno, también es delito.
Asegura que en el caso de abandono de servicio, el juez ya se dio cuenta de que no era un destacamento de armas, que los documentos aportados por la fiscalía en su contra no tenían firmas ni sellos, que estaban hechos al vapor, incluso tenían fechas equivocadas.
“Yo, la verdad, sí pedí que me aclararan la situación (de la asignación a PF) porque creía que era una cosa ilegal. La huelga… la protesta es una cosa normal del trabajador que quiere defender su trabajo, y en el Ejército estamos para garantizar la seguridad interna y externa de la nación, no para reprimir trabajadores. Pienso que por eso empecé a tener problemas con el mando, porque no me gustaba someterme a esas órdenes.”
