Ahora profesores demandarán a Felipe Calderón por incumplir fallo de tribunal

 La Jornada

Lunes 5 de diciembre de 2011, p. 15

El comité ejecutivo democrático de la sección novena del magisterio en el Distrito Federal presentará una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el presidente Felipe Calderón por omisión e incumplimiento de un fallo que retiró la toma de nota al comité ilegal impuesto por Elba Esther Gordillo.

Denunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha liberado el día a cientos de maestros de la zona metropolitana de la ciudad de México para que asistan a actos proselitistas y se vuelvan promotores del voto del Partido Nueva Alianza.
Francisco Bravo, secretario de dicho comité, sostuvo que los docentes dejan sus grupos para acudir a reuniones de supuesto carácter sindical, pero ya en las citas el tema es la cooptación de cuadros rumbo a la elección en el Distrito Federal y a escala nacional.
En ese sentido, añadió, la Secretaría de Educación Pública (SEP) actúa de cómplice al dar todas las facilidades a los representantes de las escuelas para que acudan a dichas reuniones político-electorales.
En conferencia de prensa conjunta con integrantes de las secciones 10 y 11 del Distrito Federal y 22 de Oaxaca, anunció que la demanda contra el jefe del Ejecutivo se presentará el próximo 18 de enero. Ese día los integrantes de la sección, que aglutina a 58 mil mentores, realizarán un paro de labores por 24 horas.
Recordó que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) otorgó la toma de nota el 9 de septiembre de 2008 al comité seccional impuesto por Gordillo. Ante ello, el comité democrático interpuso un amparo, el cual fue resuelto favorablemente por el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito.

Por lo anterior, el 6 de agosto de 2009 el TFCA retiró la toma de nota. Incluso el 13 de septiembre de 2010 emitió un laudo, en el cual dejó firme esa resolución. Sin embargo, el comité, que no tiene ninguna representación legal, opera como si nada hubiera pasado, en complicidad con el gobierno federal, subrayó Bravo.
Por su parte, Edilberto Castillo Osorio, de la sección 11, señaló que frente al charrazo que se pretende dar los próximos miércoles y jueves para imponer al nuevo comité seccional, en una reunión que está convocada en Popo Park, en un centro vacacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el kilómetro 70 de la carretera México-Cuautla, la agrupación de profesores disidentes presentará una planilla para hacer frente a los institucionales.
En tanto, Lilia Abarca, de la sección 10, comentó que el acto de los charros para renovar la dirigencia fue citado en el Portal del Sol, en Cuajimalpa, los mismos días, esto es, 7 y 8 de diciembre. Acusó que ya comenzaron a rasurar padrones, a inflar otros y anularon 52 votos de un padrón de 163 en el Centro de Actualización del Magisterio para la elección de delegados a ese comité seccional.

¡¡TRABAJO Y LIBERTAD!!

A la opinión pública.
A las organizaciones solidarias nacionales e internacionales que   acompañan nuestra lucha.
A los usuarios del servicio eléctrico.
Al pueblo de México.



El Gobierno Federal por conducto del nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Dr. Alejandro Poiré,  entregó su propuesta para la reinserción laboral de los 16 mil 599 trabajadoras y  trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que no hemos aceptado nuestra liquidación de LyFC y que a lo largo de dos años y un mes nos hemos mantenido en una digna lucha de resistencia. La propuesta de Poiré no se distingue en nada a la que en su momento hiciera el Lic. Fernando Gómez Mont ex Secretario de Gobernación y queda muy por debajo de los acuerdos suscritos con el SME por el recién fallecido Lic. Francisco Blake Mora, quién comprometió nuestra reinserción laboral en el Sector Eléctrico. (Véase punto 1 del acuerdo-minuta del 13 de Septiembre).

La propuesta del Dr. Poiré consiste en la creación de micro y medianas empresas para proveer de servicios a 12 dependencias públicas –incluyendo DICONSA y la SSP- a cambio de que, con bono de por medio, aceptemos nuestra liquidación de LyFC, que en los hechos significa renunciar a nuestro derecho al trabajo, la libertad sindical y la negociación colectiva. Esta propuesta es inadmisible para el Sindicato Mexicano de Electricistas.

El pretendido desistimiento de nuestras demandas es inconstitucional. Nadie puede condicionar el empleo a la renuncia de sus derechos. Las propuesta del gobierno están fuera de la Ley porque viola los artículos 1º y 5º de la Constitución. Ninguna negociación puede dejar de lado nuestro derecho al trabajo. Somos un sindicato con registro nacional de industria, con una mesa directiva reconocida por el poder ejecutivo y el poder judicial. Es imponderable resarcir el daño hecho a nuestra organización, restituyéndole su fuente de trabajo a los electricistas injustamente despedidos que actualmente reclamamos política y jurídicamente nuestros derechos laborales.

Hoy podemos decir que la súbita muerte del Lic. Blake Mora, no solo demoró el desarrollo de la mesa de negociaciones, sino que representó un retroceso en las posiciones del gobierno. Preguntamos: ¿Porqué ahora el grupo político de Acción Nacional recién llegado a la Secretaría de Gobernación rebaja la propuesta del Gobierno Federal hasta tocar fondo, prácticamente hasta el punto de partida de la primera mesa de negociación de Octubre del 2009?

¿Se trata de instrumentar una burda estrategia de negociación para achicar las pretensiones del sindicato, “tu me pides todo, yo te ofrezco nada… para darte menos”?  ¿Será posible que el nuevo Secretario de Gobernación no alcance a ver la dimensión del conflicto y suponga que después de dos años, nuestra indeclinable fortaleza de lucha esté disminuida y que por esa razón aceptaremos cualquier cosa que nos pongan sobre la mesa?

O, ¿Deliberadamente buscan provocar una reacción virulenta del SME que sirva de pretexto para deshacerse de los acuerdo del 13 de septiembre a cambio de recomenzar la persecución policiaca y judicial del sindicato, retomando la fracasada estrategia de exterminio que enarboló contra el SME durante casi dos años, Javier Lozano?

La propuesta del Dr. Poiré está sustentada en una falsa apreciación de la realidad. Es falso que las micro y medianas empresas que el Gobierno Federal ofreció a los liquidados de LYF fueron un “éxito”. Están bien documentado el fracaso de esta “reinserción laboral”. Es falso también que nuestra fuerza de trabajo especializada sea innecesaria en el Sector Eléctrico ya que los contratistas de CFE tienen “todo bajo control”. Más de 200 explosiones en el Centro Histórico en lo que va del año demuestran, lo contrario. Tampoco es cierto que nuestro movimiento esté debilitándose, basta con mirar más allá de los noticieros para darse cuenta que nuestra capacidad de convocatoria crece y se fortalece. Así se demostró con la Asamblea General Extraordinaria del 17 de Noviembre y la Magna Movilización unitaria y solidaria del día 23 del mismo mes.

Los electricistas en resistencia tenemos la capacidad productiva para restablecer el desastre eléctrico ocasionado por la CFE en la zona centro del país. Nuestra fuerza de trabajo es indispensable para garantizar la continuidad del servicio. Es absurdo demorar aún más nuestra reintegración al sector eléctrico.

El escenario es patético para la nación. Mientras que la escandalosa corrupción de CFE hace patente la relación perversa entre la privatización del sector y los intereses de las grandes empresas trasnacionales, los verdaderos constructores generacionales de la infraestructura eléctrica nacionalizada siguen despedidos a consecuencia de un acto autoritario de poder.

Hace apenas unos días, la Presidencia de la República publicó un desplegado a propósito de la demanda depositada por un amplio grupo de mexicanos en la Corte Penal Internacional, a donde se hace alarde del supuesto respeto a las leyes, los derechos humanos y las libertades democráticas. La realidad desmiente las palabras del gobierno.

Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de negociaciones. No nos van a llevar de la mano de la provocación a trasgredir la legalidad. Nuestra lucha es de resistencia civil y pacífica. Mantendremos nuestra postura, demandamos del Gobierno Federal respeto a los acuerdos del 13 de septiembre y acudiremos a la próxima reunión con la Secretaría de Gobernación demandando su cumplimiento. El gobierno debe honrar la palabra del Lic. Francisco Blake Mora.

Exigimos del gobierno seriedad y voluntad política para resolver el conflicto. Exigimos respeto a nuestros derechos humanos y laborales.

Nuestra Asamblea General acordó

1. Ratificar el acuerdo de no liquidarse y continuar la lucha hasta alcanzar nuestros objetivos.
2. Rechazar la propuesta hecha por la Secretaría de Gobernación.
3. No romper con la mesa de negociaciones, continuar trabajando por una salida justa al conflicto.
4. Convocar a una Mega Marcha para el próximo 14 de Diciembre, conmemorando el 97 aniversario de nuestro SME.

Por último, a las organizaciones sociales y sindicales, a los usuarios del servicio que resisten con dignidad los atropellos de la CFE,  los convocamos a realizar la tarea de articular al movimiento social en su conjunto, para defender sin reserva nuestros derechos sociales y nuestras libertades. Así mismo, convocamos a los sindicatos en lucha a avanzar en la construcción de una nueva Central de Trabajadores, democrática, independiente y clasista para hacer frente a la ofensiva patronal del Gobierno Federal. Nosotros,  tenemos 786 días en digna resistencia. No nos vamos a rendir, vamos por un día más, un día más para VENCER.



¡¡TRABAJO Y LIBERTAD!!

¡¡TRABAJO DIGNO A LOS 16 MIL 599 ELECTRICISTAS
 EN RESISTENCIA!!
¡¡LIBERTAD A NUESTROS 12 PRESOS POLÍTICOS!!

¡¡LIBERTAD SINDICAL Y CONTRATACIÓN COLECTIVA!!

¡¡TODOS A LA MEGA MARCHA DEL 14 DE DICIEMBRE!!

¡¡VIVA LA HEROICA LUCHA DE RESISTENCIA DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”


ASAMBLEA GENERAL

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.


Responsable de la publicación: José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.

La “defensa” de Calderón

Proceso

Netzaí Sandoval Ballesteros
Edicion Mexico

Los voceros y comunicados oficiales del gobierno federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos a la Corte Penal Internacional (CPI): no han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el Ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en 95% de los homicidios de la narcoguerra el gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que “se matan entre ellos”.
Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.
Ninguna de nuestras afirmaciones ha sido puesta en duda. Habría que informar a Calderón que para poder sostener que lo calumniamos tendría que demostrar primero que nuestros señalamientos son falsos. En realidad lo único que debaten sus voceros es si se reúnen los requisitos jurídicos para que intervengan los tribunales internacionales. Veamos.
Gerardo Laveaga –quien aspiraba a ser defensor del pueblo y se ha convertido hoy en defensor del gobierno– afirma que “el primer requisito de procedibilidad, como decimos los abogados, es que se haya agotado la instancia entre tribunales nacionales, lo cual no ha ocurrido”. Un abogado internacionalista, a diferencia de Laveaga, sabría que esto es falso. El principio de complementariedad enunciado en el artículo 1 del Estatuto de Roma implica que la CPI intervendrá en los casos en que un país no esté dispuesto a llevar a cabo procesos penales imparciales o no pueda realmente hacerlo. No siempre deben agotarse las instancias nacionales.
Precisamente hemos argumentado ante el fiscal de la CPI que en México no se han tipificado los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como el hecho de que en 24 entidades federativas tampoco es un delito la desaparición forzada, por lo que los tribunales mexicanos no podrán juzgar esos crímenes. Laveaga responde que esto no importa, dado que se pueden juzgar los delitos en México bajo otros tipos penales. No respondió cómo se juzgaría, por ejemplo, el reclutamiento de niños en calidad de sicarios por parte de los cárteles de la droga.
Pero adicionalmente afirma que los castigos pueden ser “mucho más grandes” en nuestro país en casos de homicidio, “privación ilegítima de la libertad” –un tipo penal inventado por él–, lesiones y tortura. Otra falsedad. Laveaga demuestra no tener un mínimo conocimiento de las penas que prevé el Estatuto de Roma. La CPI podría imponer cadena perpetua a los máximos responsables de la crisis humanitaria en México y tal sanción no se compara con la que corresponde a los delitos por él señalados. Particularmente la privación ilegal de la libertad –como se llama en México– no es un delito grave, por lo que incluso admite beneficios como la libertad provisional bajo caución. ¿Son superiores las penas en México?
También insiste en afirmar que la CPI solamente tiene competencia sobre tres tipos de delitos y que el de agresión no se ha definido. Otro grave error. Laveaga demuestra su falta de actualización jurídica. En 2010 la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala definió ya el crimen de agresión. Muchos opinadores han citado a Laveaga como autoridad en la materia, cuando está demostrando que no conoce el derecho penal internacional.
Finalmente Laveaga plantea que en México se están haciendo todos los esfuerzos para respetar los derechos humanos porque el Congreso aprobó las acciones colectivas o porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó el fuero militar. Es claro que no han comprendido que la CPI juzga a individuos y no a Estados. El fiscal analizará en su momento si los mandos del Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso los propios capos de la droga pudieron girar órdenes que evitaran la comisión de actos perseguibles bajo el Estatuto de Roma y si reprimieron o sancionaron a sus subordinados cuando los cometieron.
Una aclaración. Aquí critico los argumentos y no descalifico –a diferencia de Laveaga– a la persona ni sus motivaciones. Si los mejores argumentos que tiene la defensa de Calderón consisten en que el Congreso y la Suprema Corte cumplen con su trabajo o que quienes acudimos a la CPI estamos manipulados por fantasmagóricos villanos, desde ahora se puede decir que están derrotados.
Si participara en la defensa del gobierno panista, le recomendaría poner en vigor de inmediato protocolos de actuación en tareas de seguridad pública y ordenar al Ejército dejar de trasladar a los detenidos a cuarteles militares (donde se cometen actos de tortura). Le aconsejaría implementar el registro inmediato de detenciones e instruir a la PGR que aplique realmente el Protocolo de Estambul. Pero fundamentalmente le recomendaría ordenarle a la PGR iniciar averiguaciones previas contra los soldados que agreden a la población civil e integrarlas en forma diligente y profesional, es decir poner fin a su política de impunidad. Eso sí sería tomado en cuenta por la CPI.
Emplazo a Laveaga a que informe a la opinión pública qué tipo penal resulta exactamente aplicable al reclutamiento de menores de 15 años en México. Si no es capaz de responder, con seriedad le pido a Calderón que cambie de defensa y de estrategia. El tipo de descalificaciones, de agresiones y amenazas empleado en sus comunicados y por sus voceros contribuye a que nuestra sociedad vuelva a caer en el encono y en la intolerancia.
Tal vez sea mucho pedir a un hombre que hizo del odio y del miedo su principal campaña. Pero si queda algo de político en él, debería reconocer que nuestra nación está viviendo una profunda crisis social y que solamente está contribuyendo a exacerbarla. Muchos juristas destacados e incluso sus propios compañeros de partido intentan hacerle ver el error que comete cuando pretende perseguir y acallar a quienes buscamos encontrar justicia por vías jurídicas e institucionales. ¿Escuchará? l
@Netzai_Sandoval
*Abogado por la UNAM con maestría en derecho constitucional