Los Lozano: herencia maldita

Proceso
Los hermanos Lozano Alarcón están inmersos en un pleito por los dineros de una herencia familiar. Hace dos años, Gerardo y Javier arremetieron contra Sergio, a quien le reclaman la entrega de 24 millones de pesos producto de las rentas de los inmuebles que él administró durante 27 años, motivo por el cual lo tienen demandado por la vía penal. Sergio teme ir a la cárcel, pues –refiere a Proceso– sus hermanos son muy influyentes: Gerardo es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y Javier es titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Sergio Lozano Alarcón tiene miedo. Sus hermanos lo acusan de fraude por 24 millones de pesos. Teme ir a la cárcel, pues además de ser abogados son influyentes: el menor de ellos, Javier, está al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Gerardo, el mayor, es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, AC, y labora en el despacho Gallástegui y Lozano, del que es fundador.
Ellos dos son tan unidos que Gerardo incluso acompañó a Javier a las diligencias que se realizaron en Estados Unidos por el caso de Zhenli Ye Gon, quien acusó al funcionario de haberlo obligado a custodiar alrededor de 240 millones de dólares en una casa de Lomas de Chapultepec, dinero que, según el empresario de origen chino, iba a ser destinado a la campaña electoral de 2006.
Sergio dice a Proceso que las diferencias con sus dos hermanos datan de 2009, cuando se desató un conflicto luego de que él administrara durante 27 años un edificio de seis pisos con nueve departamentos, un penthouse, una antena satelital, un mezzanine, así como estacionamientos y un restaurante heredados por su madre y su abuela, quienes fallecieron de cáncer en 1982.
El 8 de diciembre de 1983, relata Sergio Lozano, Mario Alberto Becerra Pocoroba fue nombrado representante legal de los hermanos. Una de sus primeras acciones fue solicitar la transferencia y cambio de denominación de Inmobiliaria Del-Con, que pertenecía a su familia, por una sociedad anónima que llevaba las primeras letras del nombre de cada socio: Gejaser.
Refiere que el trámite fue autorizado el 22 de febrero de 1984 en la Notaría Pública número 19 de Puebla, encabezada entonces por Alberto Sidaoui Kuri. Desde esa fecha y hasta 2008, sostiene, sus hermanos no le exigieron que rindiera cuentas. Sin embargo, en noviembre de 2009 la situación cambió: ellos le pidieron que transparentara el destino del dinero de las rentas que cobró durante 27 años.
El reclamo provocó una ruptura familiar y, temeroso de que sus hermanos lo lleven a la cárcel, Sergio se puso en contacto con la reportera para contarle su versión.

Mea culpa

Sergio admite sin más que, aun cuando estaba enfermo, despilfarró el dinero que obtenía de las rentas: lo mismo se iba de parranda que compraba motocicletas o viajaba; pero atribuye este “descontrol personal” a su bipolaridad.
A principios de 2009, 10 meses antes del pleito con sus hermanos, se mudó a la Riviera Maya, pero se mantuvo en contacto con ambos y con el abogado Luis Martínez, del despacho Cervantes Sáinz Abogados, entre 2009 y 2011. Sergio incluso muestra copias de los correos electrónicos que intercambió con Javier y Gerardo. En esas cartas se percibe el conflicto por dinero.
En una de ellas, por ejemplo, Javier le pide 50% de la renta de departamentos porque, arguye, en 2009 le compró a Gerardo la parte de las acciones de la sociedad que tenía. Sergio decidió regresar a Puebla, donde se enteró de que el 25 de septiembre de ese año sus hermanos lo excluyeron de Consultoras Gejaser.
Éstos arguyeron que Sergio había defraudado a la sociedad al ostentarse como administrador “de facto” y por la comisión de presuntos actos ilegales que, según el acta 28895 de la Notaría Pública 22 de Puebla, pueden derivar en acciones penales, civiles o administrativas en perjuicio de la sociedad.
En el documento se menciona también que el 20 de septiembre de 2009, en una asamblea extraordinaria, los socios de Consultores Gejaser lo acusaron de ejercer “espuria e ilegalmente la administración de facto”, así como de ser “deliberadamente omiso en la presentación de informes sobre sus gestiones, como lo marca la ley”; también lo acusaron de realizar “actos posiblemente fraudulentos”.
Sergio asegura que el embate en su contra arreció a partir del 16 de octubre siguiente, cuando Gerardo se dio cuenta de que el capital de Consultores Gejaser era de sólo 2 mil 850 pesos. Al mes siguiente, Sergio intentó ponerse en contacto con Javier mediante correo electrónico, pero dice que no obtuvo respuesta.
Entonces optó por enviarle una carta en la que le expuso:
“Verás, yo no tenía la intención de estudiar odontología ni quedarme a cargo del edificio. Yo quería ser arquitecto e irme a vivir a Australia. Cambié de parecer ante la insistencia de mi abuela y la enorme carga de conciencia y culpa que llevaba sobre mis hombros, sabiéndome un hombre mantenido por dos mujeres y que hasta ese día no había podido devolverles lo recibido.”
En la entrevista con Proceso, Sergio admite que durante el periodo que fue conserje del edificio nunca se preocupó por ahorrar o crear un patrimonio: “Viví la vida al día. Para mí todos los días eran mis últimos días. ¡Sí, señor! Así fue desde que, a los 27 años, me enteré de que tenía una enfermedad degenerativa, progresiva, mortal. ¿Programar a futuro? Nunca lo hice”.
Finalmente, dice, Javier le respondió: “Por lo demás –le dijo–, haremos con el edificio lo que más convenga a todos. ¡Ya lo verás!”.
Para saldar las cosas, Sergio intentó comprarle las acciones a Javier en 2 millones de pesos, pero él le contestó: “La verdad es que no entiendo cómo podrías juntar una cantidad de dinero así en un plazo razonable. Me encantaría poderte ayudar, pero ahora sí, ya no puedo. Platicaré con Gerardo al respecto”.
Dice que le pidió perdón a Javier por “cualquier cosa que haya hecho” para que tomara esa decisión, y asimismo le pidió tiempo para reunir la cantidad. Javier, dice, le respondió que él no tomaba decisiones con el hígado:
“Simplemente, con lo que gano (como titular de la STPS, 136 mil pesos mensuales) cada vez me alcanza menos y necesito dinero para lo que viene (sic). Ya has tenido para ti solo las ventajas de administrar y obtener las rentas del edificio por muchos años. El subsidio, pues, se acabó. No tendría inconveniente en venderte mi parte, pero no puedo esperar.”
Gerardo, a su vez, le envió una carta el 23 de noviembre: le dijo a Sergio que podía conseguir un crédito para comprarle las acciones a Javier y valuar el edificio, y advirtió que de lo contrario él y Javier venderían el inmueble. Por esas fechas, Javier ya no ocultaba su deseo de ser presidente de la República. En julio pasado tuvo que renunciar a esa aspiración.