Chile: escala revuelta estudiantil

Arnaldo Pérez Guerra. proceso.com.mx
25 de agosto de 2012 · 

Protesta de estudiantes en Chile.
Foto: AP

SANTIAGO DE CHILE (apro).- Las protestas de los estudiantes chilenos subieron de tono en los últimos días, mientras la popularidad del presidente Sebastián Piñera sigue en picada. En los últimos días el mandatario logró apenas el 27% de aceptación.
Al hacer un recuento del primer semestre del año, luego de dos años de movilizaciones, las organizaciones estudiantiles reflexionaron sobre sus “errores”, entre ellos la insuficiente articulación entre universitarios y secundarios y entre estudiantes y otros movimientos sociales que los han apoyado en sus demandas de gratuidad y fin del lucro en educación.

Por su lado, el gobierno diseñó una estrategia para enfrentar a los estudiantes: provocar una división entre ellos, deslegitimar la protesta y aprobar la Ley Hinzpeter.
Entre las demandas del movimiento estudiantil se encuentra la nacionalización de los recursos naturales, una reforma tributaria y garantizar constitucionalmente el rol del Estado en la enseñanza y la educación intercultural.
Además, el retiro del proyecto de Ley Hinzpeter, que denuncian como un intento de criminalizar los movimientos sociales que se manifiestan en las calles.
Desde el inicio de las protestas estudiantiles, el gobierno se ha dedicado a reprimir y desalojar a los estudiantes.
Por ejemplo, un autobús de carabineros se instaló al interior del Instituto Nacional, el liceo público más prestigioso y antiguo del país, y decenas de colegios son resguardados de manera permanente por la policía.
No obstante, continúan los paros reflexivos, las jornadas culturales y las tomas por parte de estudiantes, quienes se mantienen firmes en sus demandas –fin al lucro, gratuidad y calidad, desmunicipalización y freno a la criminalización de la lucha social–, mientras la Casa Central de la Universidad de Chile sigue ocupada por universitarios y estudiantes de secundaria en huelga de hambre.
Los secundarios, quienes en los últimos días radicalizaron sus acciones, anunciaron que boicotearán las elecciones municipales.
“Agosto y septiembre serán meses de mucha movilización. ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) plantea que de no obtener respuesta boicoteará las elecciones”, afirmó la vocera de ese órgano, Eloísa González.
“Reivindicamos un sistema nacional de educación gratuito en todos los niveles; que se articule con excelencia y con coherencia a las necesidades del país y de cada comunidad, y que consagre la educación como un derecho fundamental; que cuente con control comunitario reemplazando el actual modelo municipal, es decir, que sean las comunidades escolares y los habitantes de cada territorio quienes decidan sobre gestión y planes de enseñanza”, apuntó González en una de sus columnas publicadas en Le Monde Diplomatique.

Sobre el movimiento estudiantil, Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, señaló que se encuentra en un momento de transición.

“En 2011 fue fundamentalmente un movimiento de masas, protestas y de expresión. Impactó profundamente en el resto de la sociedad. Fue un movimiento especialmente de petición. No quieren una educación mercantilizada, pero ¿qué educación alternativa a esa quieren? En los últimos meses han trabajado en una propuesta. Han presentado un proyecto de reforma tributaria. Han buscado contacto con otros actores sociales para establecer alianzas de mayor conexión estratégica… Están cuestionando en profundidad el modelo”, dice.
“Lo que la protesta social y el movimiento estudiantil exigen no es más que democracia e igualdad”, asegura a su vez el periodista Manuel Cabieses, director de revista Punto Final.
“El movimiento estudiantil no sólo no ha perdido fuerza, por el contrario, ahora articula a nivel nacional a la mayoría de alumnos de la educación pública y privada. Revela también el ejemplar proceso de maduración colectiva que produce la protesta social, y en este caso lo representan las exigencias que el movimiento hace al gobierno y que permiten comprender que la crisis de la educación guarda estrecha relación con las demás manifestaciones de la crisis institucional, política, cultural y social que vive Chile”, agrega.
De su lado, la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), Camila Vallejo, afirma que para cambiar la educación no basta con elaborar propuestas, “hay que acompañarlas con cambios en el sistema político”.
Añade:

“La gratuidad no se podía plantear sin reforma tributaria… Nos dimos cuenta que tenemos que cambiar el sistema electoral para tener mayor representatividad”.

Para Gabriel Boric, actual presidente de la FECH, “los secundarios luchan por recuperar sus colegios de manos de empresarios inescrupulosos y municipios sin interés y sin recursos para educarlos bien (…) Sabemos que educar no es invertir en capital humano, sino formar ciudadanos. Con los estudiantes secundarios somos un solo puño para derribar la educación de mercado”.
Subraya:
“El acuerdo programático que se le entregó al gobierno el 28 de junio no sólo es reflejo de la coordinación a la hora de convocar manifestaciones, sino una demostración de la claridad política que tenemos como movimiento. No vamos a descansar hasta acabar con el legado de la dictadura. Nuestro movimiento pretende enfrentar los cimientos de la herencia pinochetista, por eso nos enfrentamos al lucro y a un Estado que niega nuestros derechos”.
Noam Titelman, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), apunta: “Mientras se elaboran propuestas, tenemos un presidente que guarda silencio hermético sobre los problemas de la educación, que no se refiere a los temas de fondo… un gobierno que insiste en centrar el debate en torno a la violencia”.

Por otro lado, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, así como la Corporación Humanas y la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), entre otras, han denunciado la violencia de parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros, incluso “prácticas de violencia sexual, tanto en el momento de la detención como en los traslados y encierros en recintos policiales”.

Amnistía Internacional calificó como “gravísima” la virtual aprobación de la Ley Hinzpeter, ya que “quien se pare en medio de la calle con un cartel bloqueando el tránsito podría tener una pena que irá de 541 días a tres años de prisión”, dice Ana Piquer, directora del organismo.

Mientras tanto, el próximo martes 28 el Senado votará el proyecto de reforma tributaria, ampliamente criticado por organizaciones estudiantiles, académicos y rectores de universidades, dado que contribuiría a profundizar el modelo de mercado en la educación en Chile, el segundo país con mayor segregación escolar dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).