En las últimas horas el teléfono no ha dejado de timbrar. Llamadas
y más llamadas, correos electrónicos, encuentros personales y el aviso
de amigos, conocidos y otros más, que dan cuenta de la presentación en
todo el país de miles de amparos contra las regresivas reformas
laborales.
Han sido incontables las reuniones con abogados especialistas en
materia de derechos humanos, constitucionales, administrativos y
laborales para lograr un modelo de amparo único a disposición de los
trabajadores y sus defensores.
No faltaron abogados que de manera fácil tomaron el modelo de amparo de la página www.amparoreformalaboral.org para difundirlo como si fuera de su autoría. Nada ha importado; el propósito de los autores fue poner a disposición de los trabajadores de un instrumento legal accesible para cualquier interesado.
Hubo hasta quienes intentaron hacer negocio con los amparos haciéndolos pasar como documentos con características originales para buscar obtener beneficios propios. La campaña de gratuidad que se difundió inhibió la mayor parte de esas intenciones.
El hecho relevante fue observar en todo el país la respuesta de cientos de sindicatos y miles de trabajadores ocuparse de la elaboración de sus amparos. Recabaron firmas fuera de los centros de trabajo, reprodujeron documentos de identificación, recibos de pago y miles de hojas; articularon cada uno de los expedientes para integrar el amparo y su transportación por todos los medios posibles, que significaron muchas horas de esfuerzo colectivo.
En las enormes filas que se llegaron a formar en los juzgados de distrito fue notable la presencia de trabajadores al presentar sus amparos de manera personal.
Propios y extraños observaron en los últimos días la reacción de miles de trabajadores que han usado el amparo como un medio de protesta pacífica pero enérgica.
El amparo se convirtió en una forma singular de reprobación obrera a la imposición de la reforma laboral que impulsara el PAN y PRI, partidos que sin rubor alguno desconocieron derechos laborales fundamentales.
Durante la discusión de la reforma, los legisladores de esos partidos hicieron a un lado las críticas que en medios de comunicación se expresaron. No hubo una consulta real amplia a los sectores afectados a nivel nacional.
El amparo que presentaron cientos de miles de trabajadores en las dos últimas semanas constituye una forma razonada de expresión ciudadana de rechazo a la negativa de los diputados y senadores dominantes negados a considerar otros puntos de vista.
Ahora empiezan a salir voces de “sabios” académicos que cuestionan la presentación de estos amparos y su contenido para justificar cualquier actuación de rechazo de los jueces de distrito que conocen de los amparos. Antes, esos intelectuales de escritorio, callaron para no molestar a los gobernantes en turno cuando apareció la reforma que afectó gravemente derechos humanos laborales.
En el ámbito judicial, como en las dictaduras y para evitar cualquier sorpresa de un juez rebelde, el Consejo de la Judicatura Federal ha decidido imponer a dos juzgados auxiliares la resolución de los reclamos obreros.
La decisión de concentrar el tratamiento de los amparos rompe con el principio de autonomía de los juzgadores porque facilita “desde arriba” unificar sentencias a modo; eso es lo cuestionable de una decisión, con apariencia de medida administrativa.
Los amparos contra la reforma laboral ponen a prueba la autonomía del poder judicial en su conjunto, sobre todo cuando desde el poder legislativo, un priista prominente, pretende con una iniciativa de reforma constitucional desconocer los alcances de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Los amparos contra la reforma laboral están sustentados en el interés legítimo que reconoce la Constitución para todo individuo o una colectividad por violar derechos humanos y tratados internacionales.
La sola publicación de una ley contraria a los derechos humanos, como la contenida en la reforma laboral reciente, obliga a los juzgadores a revisar los actos del poder legislativo de manera inmediata por afectarse los derechos de la clase obrera en su conjunto.
Es necesario dejar claro que no se aceptarán resoluciones de juez alguno que anteponga la productividad sin límite sobre la dignidad obrera ni la ganancia sobre la integridad de los trabajadores.
Los derechos humanos no pueden ser borrados por decisiones gubernamentales, judiciales ni por caprichos de sectores empresariales. Son tiempos de la resistencia obrera por su dignidad.
No faltaron abogados que de manera fácil tomaron el modelo de amparo de la página www.amparoreformalaboral.org para difundirlo como si fuera de su autoría. Nada ha importado; el propósito de los autores fue poner a disposición de los trabajadores de un instrumento legal accesible para cualquier interesado.
Hubo hasta quienes intentaron hacer negocio con los amparos haciéndolos pasar como documentos con características originales para buscar obtener beneficios propios. La campaña de gratuidad que se difundió inhibió la mayor parte de esas intenciones.
El hecho relevante fue observar en todo el país la respuesta de cientos de sindicatos y miles de trabajadores ocuparse de la elaboración de sus amparos. Recabaron firmas fuera de los centros de trabajo, reprodujeron documentos de identificación, recibos de pago y miles de hojas; articularon cada uno de los expedientes para integrar el amparo y su transportación por todos los medios posibles, que significaron muchas horas de esfuerzo colectivo.
En las enormes filas que se llegaron a formar en los juzgados de distrito fue notable la presencia de trabajadores al presentar sus amparos de manera personal.
Propios y extraños observaron en los últimos días la reacción de miles de trabajadores que han usado el amparo como un medio de protesta pacífica pero enérgica.
El amparo se convirtió en una forma singular de reprobación obrera a la imposición de la reforma laboral que impulsara el PAN y PRI, partidos que sin rubor alguno desconocieron derechos laborales fundamentales.
Durante la discusión de la reforma, los legisladores de esos partidos hicieron a un lado las críticas que en medios de comunicación se expresaron. No hubo una consulta real amplia a los sectores afectados a nivel nacional.
El amparo que presentaron cientos de miles de trabajadores en las dos últimas semanas constituye una forma razonada de expresión ciudadana de rechazo a la negativa de los diputados y senadores dominantes negados a considerar otros puntos de vista.
Ahora empiezan a salir voces de “sabios” académicos que cuestionan la presentación de estos amparos y su contenido para justificar cualquier actuación de rechazo de los jueces de distrito que conocen de los amparos. Antes, esos intelectuales de escritorio, callaron para no molestar a los gobernantes en turno cuando apareció la reforma que afectó gravemente derechos humanos laborales.
En el ámbito judicial, como en las dictaduras y para evitar cualquier sorpresa de un juez rebelde, el Consejo de la Judicatura Federal ha decidido imponer a dos juzgados auxiliares la resolución de los reclamos obreros.
La decisión de concentrar el tratamiento de los amparos rompe con el principio de autonomía de los juzgadores porque facilita “desde arriba” unificar sentencias a modo; eso es lo cuestionable de una decisión, con apariencia de medida administrativa.
Los amparos contra la reforma laboral ponen a prueba la autonomía del poder judicial en su conjunto, sobre todo cuando desde el poder legislativo, un priista prominente, pretende con una iniciativa de reforma constitucional desconocer los alcances de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Los amparos contra la reforma laboral están sustentados en el interés legítimo que reconoce la Constitución para todo individuo o una colectividad por violar derechos humanos y tratados internacionales.
La sola publicación de una ley contraria a los derechos humanos, como la contenida en la reforma laboral reciente, obliga a los juzgadores a revisar los actos del poder legislativo de manera inmediata por afectarse los derechos de la clase obrera en su conjunto.
Es necesario dejar claro que no se aceptarán resoluciones de juez alguno que anteponga la productividad sin límite sobre la dignidad obrera ni la ganancia sobre la integridad de los trabajadores.
Los derechos humanos no pueden ser borrados por decisiones gubernamentales, judiciales ni por caprichos de sectores empresariales. Son tiempos de la resistencia obrera por su dignidad.
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