El expresidente Ernesto Zedillo.
Foto: Xinhua / Rodrigo Oropeza
Foto: Xinhua / Rodrigo Oropeza
En el documento entregado el pasado viernes 12 a la corte estadunidense, la defensa legal de Zedillo aduce la improcedencia de cualquier determinación de un órgano mexicano para la justicia estadunidense.
Además, reitera de nueva cuenta que la demanda promovida por supuestos familiares de la masacre de Acteal, cuya identidad se ha mantenido en secreto, es calumniosa e infundada.
En marzo pasado, el semanario Proceso dio a conocer que el expresidente Calderón declaró ante la justicia federal que nunca dio la orden de solicitarle al gobierno de Estados Unidos inmunidad diplomática para el exmandatario Ernesto Zedillo.
La extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, también se desmarcó y el único integrante del gobierno anterior que deberá responder por las acciones para favorecer a Zedillo es el exembajador de México en el vecino país del norte, Arturo Sarukhán.
En declaraciones a Proceso, el diplomático aseguró que actuó bajo las órdenes del gobierno de Calderón.
El juez Ricardo Gallardo Vara concedió el pasado 6 de marzo un amparo a los familiares de las víctimas de la matanza de Acteal –número 1093/2012–, luego de concluir que se cometieron una sucesión de irregularidades y violaciones a la Constitución y a tratados internacionales en la petición hecha al gobierno estadunidense para otorgarle inmunidad diplomática al expresidente Zedillo.
En caso de que firme, el amparo se traduciría en el retiro de la nota diplomática para detener la demanda civil contra Zedillo.
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