Por reiterados atropellos consumados por gobierno mexicano
Fuente: Revista Siempre!
Con
la firme intención de derribar el muro de la intransigencia y las
aberraciones jurídicas levantado por los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), que han permitido la violación
sistemática de las leyes del país, el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) llevará en la presente semana su Caravana por el
Derecho y la Justicia del Trabajador hasta las puertas de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para
presentar la demanda respectiva que permita conocer a la opinión
pública internacional los excesos perpetrados en perjuicio de los
derechos laborales y humanos de los 44 mil trabajadores despedidos tras
el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, del 11 de
octubre del 2009, así como la serie de triquiñuelas legales empleadas en
su contra por el gobierno mexicano.
En la denuncia
quedará constancia de la forma autoritaria y violenta —entre otras
agresiones— en que se nos despojó de nuestros derechos civiles,
jurídicos y laborales por parte de Felipe Calderón Hinojosa y sus
sumisos e incondicionales ministros, desde el momento en que se recurrió
al uso de las fuerzas armadas y policiales para desalojarnos de
nuestros centros de trabajo, hasta la infundada sentencia del 30 de
enero pasado en que la SCJN revocó el amparo emitido a favor del SME
por el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Laboral, el 13
de septiembre del 2012, que ordenaba la restitución de nuestros empleos
y la obligación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para
asumirse como patrón sustituto.
Es el momento
de que todo el mundo se entere del grado de ignominia a que han llegado
el máximo órgano de impartición de justicia y el gobierno mexicano de
negar todo derecho a los trabajadores. En enero pasado, a nivel global,
se ponderó el respeto a los tratados internacionales y a los derechos
humanos que mostró el país al dejar libre por lo viciado del
procedimiento de su detención a la francesa Florence Cassez, pero ésa
fue sólo una cara de la parcial, tendenciosa y torcida aplicación e
interpretación de las leyes por parte de las autoridades federales y
los manipulables integrantes de la SCJN.
Lo que la
comunidad internacional desconoce es que en México los derechos
laborales y humanos están vetados en la realidad para millones de
trabajadores. Como lo manifestamos en abril pasado durante el trayecto
que realizó desde la ciudad de México hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, la
Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador, recogimos
infinidad de quejas y denuncias por abusos cometidos contra trabajadores
de diversos estados. Por ello, estamos conscientes de que la demanda
que presentaremos ante la CIDH refleja en buena medida esos abusos que
se están cometiendo en la más ofensiva de las impunidades en un país
que se jacta, a nivel mundial, de firmar pactos y tratados como el San
José, los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la
Declaración Internacional sobre Derechos Humanos, entre otros.
Más reprochable
si se consideran como una burla las reformas realizadas en junio de
2011 donde se incorporó al artículo primero de la Constitución, la
obligación de todos los jueces —incluidos los ministros —, autoridades
legislativas y administrativas, a nivel federal, local y municipal, de
respetar y proteger los derechos humanos, entre los que están
comprendidos los derechos laborales. Toda esta reglamentación
internacional sólo se respeta cuando se trata de ciudadanos extranjeros
—como sucedió con Florence Cassez—; para los mexicanos sencillamente no
existe ni aplica.
La CIDH como
parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos constitucionales,
instituye el marco para la promoción y protección de los derechos
humanos, y provee un recurso a los habitantes de América que han
sufrido la violación de estos derechos por parte de sus gobiernos. El
juicio que emita sobre las agresiones y aberraciones jurídicas
perpetradas en contra de los derechos humanos y laborales del SME
permitirá a la opinión pública internacional ubicar en su exacta
dimensión los reiterados atropellos consumados por el gobierno
mexicano, obligándolo, de cara a la comunidad internacional, a enderezar
el rumbo de sus excesos antes de ser calificado como un Estado
represor y totalitario donde las leyes no existen. Por eso, con la
fuerza de la dignidad y la razón, el SME va a derribar en los foros
internacionales el muro de la intransigencia que agobia al país.
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