Martín Esparza Flores | Revista Siempre No. 3131
Las
cifras entregadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información, a
un medio informativo, relacionadas al creciente robo de energía en la
zona centro del país, luego de que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) se hiciera cargo de la prestación del servicio, tras el ilegítimo
decreto de extinción de Luz y Fuerza (LyF), en octubre del 2009,
confirman lo ya reiteradamente sabido y comprobado: la CFE ha mostrado, a
todo México, ser una empresa que no sólo entregó más de la mitad de la
generación de energía a las trasnacionales sino que ha resultado ser una
entidad inoperante en todos los sentidos.
El
aumento en las pérdidas de energía que se ha incrementado año con año,
no es atribuible precisamente a los llamados diablitos sino a toda una
serie de fallas y errores derivados de la falta de planeación y
capacidad altos funcionarios y contratistas que laboran, a verdaderos
precios de oro, para la CFE.
Son
los “diablos mayores” de la ineficiencia los que han convertido a
millones de usuarios en víctimas lo mismo de las “lecturas estimadas”
que de los “recibos locos y hasta la falta de un contrato pues no debe
olvidarse que la entidad tiene prestada la infraestructura de la extinta
LyF en comodato, y no puede, por ley, ser un legítimo suministrador.
Y
veamos por qué: mientras en 2008 el monto por pérdida de energía
representó a LyF un monto de 697 millones, el mismo bajó en 2009 a 677;
pero en contrasentido, en 2010, CFE lo elevó a mil 680 millones, para
llevarlo, en 2011, a mil 808 millones, y dejarlo en 2012, en mil 949
millones. Un total de 5 mil 437 millones de pesos por robo de energía.
¿Era este voluminoso nivel de pérdidas lo que buscaba Calderón con su
ilegal decreto?
Conforme
pasa el tiempo son los propios medios y los especialistas en el tema
los que empiezan a cuestionar las inexistentes bondades del errado
decreto presidencial, sobre todo cuando funcionarios del nuevo gobierno
de Enrique Peña Nieto, aceptan los abrumadores números rojos con que
opera la empresa descentralizada y que como señalamos hace unas semanas,
arrojó un déficit, reconocido por el propio director general, Francisco
Rojas Gutiérrez, de 19 mil 215 millones al cierre de diciembre pasado y
que al primer trimestre del presente año ya representaba fugas por
otros siete mil millones de pesos.
Y
ni qué decir de la baja en las tarifas que según el demagogo Calderón
operarían en automático con el cierre de LyF; desde octubre del 2009,
los usuarios han enfrentado alzas en sus recibos que van del 100 al 300
por ciento, justa razón por la que ahora reclaman el restablecimiento
del subsidio a las tarifas en la antes zona de influencia de LyF.
Y
quienes incrédulos se negaron a aceptar que tras la extinción de la
empresa se encontraban embozados objetivos como el aniquilamiento de un
sindicato nacionalista y la privatización de la industria eléctrica,
ahora tienen frente a sus ojos una inobjetable realidad para cambiar de
opinión.
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