10 de octubre de 2014
Reportaje Especial
MÉXICO, D.F., (apro).- La noche del 10 de octubre de 2009, en el gobierno de Felipe Calderón decenas de soldados disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Mediante un decreto declaró la extinción de la paraestatal con el argumento de que era “un lastre” y dejó en la calle a más de 44 mil trabajadores agremiados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que hasta ese día había sido el gremio más combativo.
El gobierno de Calderón inició la operación el 5 de octubre de 2009 cuando la Secretaría del Trabajo rechazó otorgar la toma de nota a Martín Esparza como dirigente del SME. Ese mismo día, en secreto, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGF) dictaminó la extinción (Proceso 1859).Durante los primeros minutos del 11 de octubre siguiente Calderón emitió el decreto al mismo tiempo que soldados disfrazados de policías federales tomaban las instalaciones de LFC (Proceso 1841).
Lo que vivieron a partir de ese día los trabajadores, quienes cargaban con el descrédito y –afirman—con una campaña bien armada en su contra, no atrajo, ni importó.
A cinco años de la extinción, algunos de ellos, quienes tomaron la decisión de liquidarse—aclaran—no por convicción sino por necesidad, comparten con Apro cómo vieron truncado su presente y también su futuro pues, dicen, además de dejarlos sin trabajo, el gobierno bloqueó su oportunidad y derecho de conseguir otro empleo.
Luis Gerardo Becerril Hernández tenía 50 años de edad al momento de la extinción, le faltaban tres días para cumplir 29 años de servicio como vigilante clase A.
Seis meses después de la extinción, sin trabajo y sin dinero, dice, entró en el desconcierto, no sabía si tomar el camino de la liquidación o de la resistencia.
“El gobierno ofreció un bono, me quedé sin trabajo, yo iba al día entonces opté por liquidarme”, cuenta. Por casi 29 años de servicio le ofrecieron 89 mil 371.53 pesos y con el dinero del bono que ofreció Calderón y sin más experiencia laboral que la que tuvo el LFC, se le ocurrió comprar maquinitas de juegos que colocó en algunas tiendas a las que tenía que entregar el 30% de sus ganancias.
“De eso iba viviendo pero después resulta que me las recogen porque son juegos de azar y me quedé sin nada”, dice.
Sin forma de llevar sustento al hogar su situación familiar también se vino abajo y terminó divorciado.
“Me deprimí tanto que me quise suicidar, pensé ‘esto se acabó’, me divorcié, se acabó el trabajo, me quitaron mis máquinas.
“Me iba a uniformar, me iba aponer mi credencial de la Compañía de Luz para que pudieran reconocerme y me iba a aventar en el circuito donde está la tienda del ISSSTE. Había pensado hacerlo a las 6:30 de la mañana cuando el tráfico está fluido. Lo pensé así para que se supiera hasta dónde había llegado la situación”.
Sin embargo, sigue, se arrepintió, buscó la manera de salir adelante y ahora sobrevive con los dos mil 800 pesos mensuales que obtiene por la renta de la casa que obtuvo con su crédito para vivienda que le otorgó la empresa. Él vive en una casa prestada.
“Mis hijos dejaron de estudiar, uno iba a entrar a la Universidad, se quedó truncado y ahora estampa playeras, gana 800 pesos a la semana. El otro acaba de salir de la secundaria y ya no quiso estudiar porque no hay. Con dos mil 800 no se puede sobrevivir y tener un futuro”, se queja.
Juan Samuel García Ramírez, de 54 años laboraba en el departamento de Obras Civiles de Distribución en un puesto de sobrestante. Tenía 29 años de antigüedad al momento de la extinción, le faltaba uno para poder jubilarse tanto por edad como por años de servicio.
Estatutariamente los trabajadores LFC podían jubilarse con 30 años de servicio o a los 55 años de edad, en ambos casos.
“Fue un impacto psicológico tremendo al pensar en cuál iba a ser el futuro económico de la familia”, recuerda. Un hijo suyo también laboraba en la misma área que él, tenía 14 años de antigüedad.
“Lo primero que hice fue tratar de buscar trabajo pero dada la circunstancia y el desconocimiento que teníamos los trabajadores, no sabíamos que había un buró laboral en el cual estábamos boletinados.
“Nos presentábamos a solicitar trabajo y simplemente por ser ex-trabajador de Luz y Fuerza no nos lo daban. Esa era la generalidad, pero la situación se agravaba para los que teníamos 50 años de edad o más, incluso rebasando los 40 ya no es tan fácil conseguir empleo, con ese boletín fue más complicado”, narra.
Lo peor, dice, es que para el Servicio Administrativo de Enajenación de Bienes (SAE) que administra los recursos de la extinta empresa, estaba muy joven para otorgarle la jubilación y para trabajar en cualquier otro lado ya estaba muy viejo. “En esa condición estamos muchos compañeros”, afirma.
Además asegura que el monto de las liquidaciones entregadas por el gobierno aún con el bono que ofreció, no compensaban lo que les correspondía por antigüedad.
Obligado también por las circunstancias, accedió a liquidarse. Con el dinero compró un taxi y con ello sobrevive hasta hoy pero, dice, “ya tengo 59 años de edad y cuánto tiempo más voy a durar bien físicamente”.
Dice que conoce casos de ex-compañeros que están en situación de calle. “Muchos se terminaron el dinero de su liquidación y como no encontraron dónde trabajar están en situación de calle, unos pusieron tienditas pero no hay una situación estable.
“En un acto de autoridad, por una decisión mal hecha, desde mi punto de vista, Felipe Calderón dejó sin sustento laboral y económico a 44 mil familias y hoy nos las estamos viendo muy difícil”, lamenta.
Jaime Rodríguez, tenía uno de los empleos mejor remunerados dentro de la empresa: Era coordinador de recuperación de adeudos, su sueldo era de unos 30 mil pesos mensuales, tenía la vida resuelta.
Tenía 24 años un mes de servicio y le faltaban seis meses para jubilarse por edad cuando vino la extinción.
Se habría jubilado, dice, con un sueldo de mil 600 pesos diarios y si hubiera decidido jubilarse por años de servicio, esa cantidad se hubiera duplicado.
Para él, el impacto emocional fue impresionante, “tuve una catástrofe emocional, psicológica, física, increíble”, rememora.
Acostumbrado a un nivel de vida despreocupado, en el que gozaba de buena ropa, buena alimentación, vacaciones anuales, escuelas particulares para sus hijos, tras la extinción su futuro de coartó y no le quedó más remedio que liquidarse.
“Entregué gran parte de mi liquidación a mi familia y otra a hacer pagos importantes que teníamos, otro a conservar un cierto nivel”, dice y otra parte la invirtió en una importadora de productos electrónicos, pero fracasó a pesar de que tenía un socio con experiencia en el ramo. A partir de ahí, todo salió mal.
“El dinero se agotó rápido, tengo enfisema pulmonar debido a que durante 11 años caminé tomando lecturas, en zonas peligrosas con densidad vehicular importante y riesgos por delincuencia, agresión de los perros. Eso fue minando mis capacidades físicas. Tengo atrofia muscular, me duelen muchos los músculos”, afirma.
Cuando decidió liquidarse su salud física y emocional ya estaba muy deteriorada. En ese momento tenía 55 años, actualmente tiene 59 pero luce por lo menos 10 años mayor que eso.
Tiene formación como abogado, pero nunca ejerció la carrera “nunca tuve necesidad, ganaba muy bien”, dice, pero después del cierre de LFC todo se acabó.
“Mis hijos tuvieron que salir de la escuela. Uno de ellos también fue separado de LFC, entre los dos juntábamos un ingreso de 40 mil pesos mensuales que después de la extinción se terminó”, dice con la mirada extraviada.
“El dinero de la liquidación fue para cumplir con compromisos y luego hubo que vivir con lo que había. Mi esposa tuvo que empezar a trabajar y yo entré en un problema de depresión grave, empecé a tomar por lo tanto empecé a tener problemas con mi familia”, cuenta. También terminó separado, cuida una casa donde le permiten vivir.
Hoy asiste en un despacho jurídico pero con un ingreso mínimo, “casi al borde de la supervivencia”, pues gana tres mil pesos mensuales, el 10% del sueldo que tenía en LFC.
A su hijo, dice, le afectó más el cierre de la empresa, también empezó a beber, se deprimió porque su proyecto de vida se esfumó y terminó en terapia psicológica pero no han podido sacarlo todavía de la situación emocional.
Georgina Santisteban Téllez, era oficinista en el área de Construcción Civil, tenía un record de 23 años de antigüedad y 49 de edad cuando la sorprendió el decreto presidencial.
“A mí me dijeron que me liquidara porque según me iban a recontratar en CFE. Yo estaba renuente, de hecho fui de las últimas en aceptar la liquidación por fines de noviembre, por la situación, por el récord y por mi edad porque iba a ser difícil encontrar un empleo”, dice.
Como a muchos otros trabajadores, la mandaron a unos cursos para contratarse en CFE, los tomó, le pidieron que dejara su número telefónico, “nosotros le llamamos” le dijeron y la llamada nunca llegó.
Ahora sabe que, CFE recontrató sólo a los que tenían de 25 a 40 años máximo, a los que tenían una especialización, que no hubieran entablado una demanda con LFC y que no hubiera tenido cargo de representación en el SME.
Al ver la posibilidad de recontratación, retiró la demanda que había interpuesto pero de nada sirvió.
Con el dinero de su liquidación pagó el adeudo del crédito de su casa porque le mandaron tres citatorios del SAE. “Temía que nos fueran a sacar a mí y mis padres que vivían conmigo”, dice.
Con lo que le quedó compró un taxi que ella misma ha trabajado desde el cierre de la paraestatal.
Miguel Ángel Gutiérrez González, laboraba en el departamento de grupo cláusula 19-1 como jefe de grupo de órdenes que se encargaba del proceso comercial en agencias foráneas.
Tenía 22 años tres meses de antigüedad, y 42 de edad en el momento del cierre. Los últimos seis años estuvo como representante de grupo en el sindicato.
Así recuerda aquel momento:
“Nunca dimensionamos los alcances que iba a traer esta decisión del gobierno, pensábamos que por la posición del sindicato –que siempre fue un sindicato de lucha– que en esta ocasión íbamos a salir abantes pero no sucedió.
“Pensamos que Esparza llegó a un acuerdo con el gobierno federal porque se mantuvo con una posición de tibieza y pasividad”, arguye.
Y no sólo perdieron el trabajo, dice, también el respaldo del sindicato, “porque Esparza prácticamente nos ha expulsado”, los ha tildado de traidores y esquiroles por haber aceptado liquidarse.
“Había situaciones muy peculiares, la gente necesitaba dinero”, justifica.
Cuando se extinguió LFC tenía 37 años, entró muy joven a la empresa, ahí se formó, aunque también estudió a la par, llegó hasta la universidad donde estudió la licenciatura en Informática Administrativa pero no terminó.
Buscó empleo, llevó su currículum a varias empresas, sin éxito y en una de plano le confesaron que había una disposición del gobierno federal para que todos aquellos que fueran ex-trabajadores de LFC no fueran contratados.
Ya sin empleo retomó los estudios pero se metió a estudiar Derecho y ahora litiga asuntos penales, aunque también le interesan los laborales.
Salvador Puente, es el más joven de los ex-trabajadores que ofrecen su testimonio. Él era oficinista de cuentas especiales, tenía 11 años de servicio en LFC y 35 años al día de la extinción, su edad no era impedimento para encontrar trabajo pero sí haber trabajado en Luz y Fuerza.
“Me dedicaba al mantenimiento de computadoras y tras el cierre puse un local de Internet pero como todo negocio tiene altas y bajas, el ingreso no es seguro, no hay estabilidad”, dice.
Cuando se suscitó cierre de la paraestatal estaba a dos meses de convertirse en padre, su hijo nació en diciembre y con los compromisos que ello implicaba no le quedó más remedio que liquidarse.
A lo largo de cinco años, dice, sigue escuchando lo mismo: que el conflicto está por resolverse y todo sigue igual.
“Lo único que pedimos es trabajo, ni siquiera pedimos nuestro contrato como estaba queremos trabajo, solamente”, dice.
Con excepción de él, los demás trabajadores entrevistados laboraron más de 20 años y mantienen la esperanza de obtener una jubilación a pesar de haberse liquidado.
Se han acercado Alfredo Ríos, uno de los líderes de jubilados que ya interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el trato discriminatorio que se les ha dado a mujeres y hombres a quienes por su edad y por haber pertenecido a LFC no tienen aceptación en el mercado laboral.
Con ello, señala el documento de queja que ya fue aceptada por el organismo, se les ha arrebatado su derecho al trabajo, condenándolos a una vejez de privaciones y sin posibilidades de sobrevivencia digna.
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