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Líneas Aéreas Comisión de Trabajo 2014 - 2015

Líneas Aéreas Comisión de Trabajo 2014 - 2015

sábado, 25 de febrero de 2012

Aviso a toda la Resistencia

A todos los Linieros y compañeros de la heróica Resistencia

Se les convoca para que el Martes 28 de Febrero a las 7 am estemos concentrados en el recinto sindical, recordemos que de nuestras acciones depende gran parte la Solución  al conflicto. 

Pasen la Voz y estemos al pendiente



Atentamente
Comisión de Trabajo Líneas Aéreas

Interjet y Volaris "harán lo posible" para que Mexicana no retorne al mercado

 
La Jornada

Sábado 25 de febrero de 2012
 
La siguiente meta para los trabajadores de Mexicana de Aviación es la devolución de rutas y slots con que reiniciarán sus operaciones, y sobre lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya tiene un compromiso, de acuerdo con el documento que ayer mostró a sus compañeros en plantón Ricardo del Valle, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.
FotoLos slots –horarios de despegue y aterrizaje– y por lo menos 40 rutas que operaba Mexicana ahora están siendo explotados por Interjet, Volaris, Aeroméxico y VivaAerobús, pero se encuentran bajo medidas cautelares dictadas por el juez décimo primero de distrito en materia administrativa, Felipe Consuelo Soto, quien hace un par de semanas ordenó a la SCT su recuperación para que sean entregados a Mexicana en cuanto regrese al mercado.
La orden del juzgador no fue bien recibida por las aerolíneas. Interjet promovió un amparo y, como representante de la industria, la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) señaló que se debe garantizar la prestación del servicio de transporte, los derechos de los usuarios y las inversiones en el sector.
Complicaciones
Alejandro Zendejas, especialista en aeronáutica y profesor en el Tecnológico de Monterrey, señaló que es previsible que Interjet y Volaris hagan uso de todos los recursos a su alcance para que Mexicana no regrese al mercado o lo haga de forma muy acotada por la competencia que les representa.
Señaló que VivaAerobús no sería tan afectada por el regreso de Mexicana, ya que sólo tiene la ruta a Monterrey, y que Aeroméxico es una empresa considerada con una estrategia muy clara y muestra de ello es que cuando estaba junto con Mexicana en el mercado nunca se interfirieron.
Detalló que será muy complicado que se devuelvan las rutas y slots que tenía Mexicana, ya que no son propiedad de nadie y su distribución depende de la capacidad de operación de cada aerolínea y de los propios aeropuertos, así que las empresas, autoridades y representantes de las terminales tendrán que sentarse a negociar para abrir esos espacios. Detalló que la distribución de slots y rutas se basa en la Ley General de Aeronáutica Civil y en la ley y reglamento de aeropuertos.
A su regreso Mexicana se encontrará con competidores que tienen flotas jóvenes y con cobertura en las rutas más rentables. Interjet tiene 33 Airbus 320 y opera en 28 ciudades, entre ellas San Antonio, Miami, Guatemala y La Habana.
Volaris cubre 40 rutas en 23 ciudades y tiene 31 Airbus 319 y Airbus 320. Sus rutas foráneas son a San Francisco, Los Ángeles, Fresno, Las Vegas y Chicago, donde Mexicana era muy fuerte.
VivaAerobús tiene 16 Boeing 737-300; cubre destinos nacionales; al extranjero viaja a Las Vegas, Orlando, Miami y San Antonio, pero sólo opera Monterrey como ruta de Mexicana.
Aeroméxico tiene una flota integrada por Boeing 737-300. 737-800, 767-200ER, 767-300ER, Embraer 145 y 190, está por adquirir otros 20 aviones; opera en México, Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica, Centroamérica, Caribe y Canadá.

Criminaliza la CFE la pobreza, dicen

La Jornada

Sábado 25 de febrero de 2012
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprende una política de criminalización de la pobreza contra quienes no pueden pagar las tarifas que la empresa cobra en algunas entidades, y contra los que se organizan para denunciar esta situación, afirmaron integrantes de la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.
David Peña, abogado de dicho colectivo, señaló que muestra de ello es la reciente aprehensión de la activista oaxaqueña Lucila Bettina Cruz –quien ya fue liberada el viernes–, lo cual ocurrió de forma casi simultánea a la de Francisco Hernández Ochoa, en Chihuahua, acusado por el mismo supuesto delito de ataque a la distribución de electricidad, lo que pone en evidencia la utilización política de los aparatos de justicia.
Si no pagas, te imputan el cargo de afectación a la riqueza nacional, y si protestas, te acusan de privación ilegal de la libertad. Están criminalizando la pobreza y el descontento, y castigando a quienes se organizan para exigir una tarifa justa. La Procuraduría General de la República tiene una actuación de mano dura contra los activistas y mano blanda contra los verdaderos criminales, deploró en conferencia de prensa.
Destacó el encarcelamiento por 11 meses de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, en Campeche, en 2009-2010, y el hecho de que si no es por cargos judiciales, la CFE puede demandar a sus opositores por la vía mercantil cuando éstos se niegan a pagar el consumo, y realiza embargos precautorios con el objetivo de intimidar, como ha ocurrido en el municipio de Los Choapas, Veracruz.

Exigen liberar a la activista Bettina Cruz

El correo Ilustrado La Jornada

24 Febrero 2012

Integrantes del Grupo Paz con Democracia exigimos la liberación sin cargo alguno de la activista Bettina Cruz Velázquez, detenida el 22 de febrero cuando exigía a la subcomisión de CFE en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, la indemnización de un compañero que fue atropellado semanas atrás por elementos de la propia CFE y Ejército Mexicano, al estar participando de una manifestación. Es indignante que se criminalice a quienes participan del movimiento contra las altas tarifas de luz y que ahora se pretenda acusar a Bettina de daños contra las riquezas nacionales, cuando es el Estado quien las malbarata entre las trasnacionales.
 
Firman
 
Pablo González Casanova, Raúl Vera y Miguel Concha, Magdalena Gómez, Miguel Álvarez, Carlos Fazio, Ana Esther Ceceña, Dolores González, Pablo Romo, Gilberto López y Rivas

Med Atlántica acreditó requisitos para adquirir Mexicana, anuncia juez

México, DF. Tras 17 meses de haber suspendido sus operaciones, para Mexicana de Aviación “se despejó el cielo”, dio a conocer el juez del concurso mercantil de la aerolínea, Felipe Consuelo Soto, quien precisó que el grupo Med Atlántica logró acreditar la existencia lícita de 300 millones de dólares para reestructurar dicha empresa.
En conferencia de prensa con los secretarios del Trabajo, Rosalinda Vélez, y de comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, los representantes sindicales de pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra, de confianza, así como el conciliador Gerardo Badín, el juzgador celebró que finalmente haya “humo blanco” tras tantos meses de incertidumbre, sobre todo para los más de 8 mil 500 trabajadores que perdieron su empleo el 28 de agosto de 2010, cuando Mexicana dejó de volar.
Inicialmente Mexicana comenzará sus operaciones con siete aviones y cubrirá siete rutas, y los slots y destinos les serán regresados en cuanto comience a operar, lo cual se prevé sea entre abril y mayo y la perspectiva es que al cabo de 12 meses la aerolínea cuente con 44 aeronaves y cubra 12 rutas.
En cuanto a la plantilla laboral se prevé que en un comienzo sean contratados 2 mil 600 trabajadores, posteriormente se podría llegar hasta 5 mil, ello dependiendo de las perspectivas de crecimiento.
Consuelo Soto precisó que el primer paso es cerrar el concurso mercantil y realizar la formalización del convenio de acreedores. Posteriormente se emitirá el certificado de operador aéreo.
El líder de los sobrecargos, Ricardo del Valle, expresó su beneplácito por la situación. Expuso que lo que ocurrió fue un “milagro”. En cuanto a los sobrecargos dijo que se iniciará con alrededor de 130 y para final de año será unos 800.
El representante de Med Atlántica, Cristian Cadena, sostuvo que la mayor parte de los inversionistas son mexicanos, por lo cual se están respetando las normativas nacionales.
“Sentimos satisfacción por dar este primer paso, aunque la agenda aún es larga; ésta es una inversión en México para México, porque la mayor parte de los inversionistas son de origen mexicano”, aseguró.

jueves, 23 de febrero de 2012

Calderón deja un desastre en materia laboral, denuncia Manuel Espino

Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón deja un desastre en materia laboral y, si no, “pregúnteles a los de Mexicana de Aviación, a diversos sindicatos que se han visto agraviados por esa política”, denunció el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino.
Sostuvo que al Ejecutivo le queda poco tiempo para corregir los errores de su gestión y la aspirante presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, debe analizar cómo revertir esa grave crisis nacional, en caso de ganar los comicios del 1 de julio próximo, aunque Espino acotó que no le ve a la extitular de Educación cualidades suficientes para gobernar.
En un encuentro con extrabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Espino Barrientos aseguró que la política laboral de Calderón no se podrá corregir en lo que le queda de tiempo, y comentó que posiblemente se “toque fondo” en el tema del desempleo y se tengan que activar las medidas necesarias para recuperar algunos de los empleos que se perdieron en el sexenio.
“En materia laboral, Felipe Calderón deja un desastre, si no pregúntenles a los trabajadores de Mexicana de Aviación o de los trabajadores industriales de la frontera norte, que han perdido su trabajo, o hay que preguntar a diversos sindicatos que se han visto agraviados por la política laboral del presidente”, acusó.
Sobre el pacto petrolero transfronterizo alcanzado entre México y Estados Unidos el lunes pasado, Espino criticó que se esté usando este recurso natural, que aporta 40% del producto interno bruto del país, como propiedad del gobierno y no de la nación.
A pregunta de un reportero sobre cómo podría solucionar el problema energético la candidata panista Vázquez Mota, Espino dijo que prefería no tratar el asunto; entonces pidió su parecer a los jubilados del SME, quienes asintieron.
“¡A ver si este tema no da toques!”, soltó el expanista y ahora coordinador nacional del movimiento Volver a Empezar (VAE).
Dijo que sería desastroso que se continuará con las políticas calderonistas en materia económica, política y social, y descartó que la panista decidiera aplicarlas o darles continuidad.
“Pero no estoy seguro al día de hoy que tenga la capacidad para hacerlo. Que tenga la intención, no lo creo, que tenga la capacidad, no lo sé. No la conozco lo suficiente para apostarlo.
“Pero también creo que ninguno de los tres candidatos serios tiene un propósito políticamente suicida, de continuar con lo que no funciona. Y también creo que ninguno de los tres ha demostrado tener una capacidad por lo menos en el tema eléctrico”, lamentó.

En el actual sexenio hay más drogas y pobreza: Fox

La Jornada

Jueves 23 de febrero de 2012

San Francisco del Rincón, Gto., 22 de febrero. Vicente Fox Quesada calificó de verdadera marranada el silencio que impone la ley electoral a los candidatos a puestos de elección popular. Sostuvo también que la lucha contra el narcotráfico impulsada por el gobierno de Felipe Calderón ha incrementado el consumo de droga, la criminalidad, la pobreza y los muertos, y ha disminuido la inversión y el turismo en todo el país.
En entrevista con un noticiario de radio, el ex presidente dijo: Yo no quiero otros 60 mil o 70 mil (muertos) con los que vamos a terminar en los próximos seis años, eso no puede seguir así, dijo, y amagó con votar por un partido distinto al blanquiazul en los comicios presidenciales si un candidato propone un cambio en la estrategia del combate al crimen organizado.
Las leyes electorales de nuestro país son una verdadera marranada. No lo puedo llamar de otra manera. ¿Cómo puede ser que en una democracia se callen todas la voces, que se exija por ley el silencio de todo el mundo?, recriminó el ex presidente en una entrevista radiofónica trasmitida desde el Centro Fox.
Propuso que estas normas electorales kafkianas sean abrogadas a propuesta del próximo presidente de México, porque no hay nada más sagrado que la libertad, la cual debe ser defendida con pasión.
¿Quién va tener mi voto?, se preguntó y respondió: El que le entre al toro de la violencia y me dé dos o tres ideas de cómo le va hacer para que no sigamos perdiendo turismo, inversión, tranquilidad, esperanza, para evitar que siga subiendo el temor, pues cada día tenemos más miedo. Aunque no sea de mi partido. Este proceso electoral tienen a todos con el bozal puesto, con la rienda puestas, jaladas al máximo, un mes y medio más sin escuchar qué dicen los candidatos.

No ha cumplido el gobierno, dicen liquidados del SME

La Jornada

Jueves 23 de febrero de 2012

Integrantes de la Coalición de Trabajadores Jubilados y Liquidados del Sindicato Mexicano de Electricistas sostuvieron que el gobierno federal no ha cumplido con los programas de empleo que ofreció a quienes accedieron a la liquidación tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), ocurrida a principios de octubre de 2009.
En conferencia de prensa, el coordinador de la agrupación, Alfredo Ríos Solís, y Gustavo Lugo, integrante de la coalición, precisaron que de los casi 13 mil trabajadores contratados en la Comisión Federal de Electricidad sólo 3 mil pertenecían a LFC. Asimismo informaron que han pedido tener encuentros con los aspirantes al Gobierno del Distrito Federal, a fin de exponerles la crítica situación en que se encuentra la red eléctrica en la zona centro del país.
En la misma reunión, Manuel Espino, ex dirigente del PAN nacional, aseguró que en materia laboral el presidente Felipe Calderón deja un desastre, ya que basta preguntarles a todos los trabajadores que se han quedado sin empleo; por lo que fue pésima la política que implementó, y dejará una herencia muy lamentable en material laboral.
Insistió en que fue pésima la política laboral, por lo que hay una herencia muy lamentable en materia laboral, y no creo que lo alcancen a corregir en lo que resta de tiempo de la actual administración federal.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Emite declaración la Alianza de Solidaridad Canadá-Estados Unidos-México

La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2012

Sindicatos de México, Estados Unidos y Canadá ratificaron el compromiso de defender y promover de manera conjunta los derechos de los trabajadores ante el avance de políticas antisindicales y el desarrollo de crisis originadas por el neoliberalismo.
Reunidos en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) formalizaron la Alianza Trinacional de Solidaridad Canadá-Estados Unidos-México y emitieron una declaración conjunta en defensa de los sindicatos independientes y los derechos laborales en México, en la cual reiteraron su exigencia a la administración de Felipe Calderón de demandar a los empresarios de Grupo México y gobierno de Coahuila asumir su responsabilidad por la explosión en la mina Pasta de Conchos; detener las violaciones sistemáticas de la libertad sindical de los trabajadores, los contratos de protección patronales y la injerencia en las elecciones sindicales.
También instaron al gobierno a “detener el uso de la violencia –sea del Estado o de las empresas– para reprimir las reivindicaciones legítimas de los trabajadores de formar y afiliarse a sindicatos democráticos, de mejorar sus salarios y condiciones de trabajo, salud, seguridad e higiene”.
Martín Esparza Flores, secretario general del SME, aseguró que el principal enemigo de los trabajadores es el neoliberalismo, que ha detonado la crisis que se pretende que paguemos los trabajadores. Citó los casos de Grecia, donde las medidas para abatir la problemática económica afectan a la clase trabajadora, así como el de España y México, países en los que se busca imponer leyes laborales regresivas.
Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, señaló a través de un enlace vía Internet desde Vancouver, Canadá, que sólo la unión entre los gremios vencerá las políticas antisindicales de los gobiernos fascistas, miopes e insensibles, y celebró la Alianza Trinacional.
Antes, desde Ginebra por medio de un mensaje grabado, Jyrki Raina, dirigente internacional de mineros, recordó que los gremios de los tres países que conforman la alianza realizaron en febrero de 2011 ante embajadas y consulados mexicanos en todo el mundo protestas para exigir frenar los ataques sistemáticos en contra de los derechos de los trabajadores. Mencionó las miles de cartas que se enviaron al gobierno de México, las manifestaciones masivas y la presentación de una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo denunciando la violación al derecho de asociación.
Bruce Kipple, del sindicato de electricistas de Estados Unidos, y Louis Roy, presidente de la Confederación de Sindicatos Nacionales, leyeron la declaración emitida ayer.

lunes, 20 de febrero de 2012

Intereses negros como el carbón

Proceso

La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros. A partir del escándalo desatado hace seis años por el siniestro en Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores– ha habido varios intentos por vigilar y regular la extracción carbonífera en Coahuila… pero esos intentos se han topado, incluso dentro del Legislativo y el Ejecutivo, con un infranqueable muro de intereses económicos y políticos.
A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.
En las minas del carbón hay “condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi”, dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.
Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.
Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.
“No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la vedad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.
“La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país”, expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, por este tema.
A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.
La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) inició a lo largo de estos años al menos 60 procesos jurídicos civiles, penales, laborales o administrativos, pero a todos les han dado carpetazo. También los procesos internacionales han dado largas al tema, aunque ponen en evidencia al gobierno de Calderón.
Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde parecieran querer evitar que el asunto afecte la salida de Calderón, considera Carlos Rodríguez, quien además señala que el gobierno sigue negando la violación, ya demostrada, de los derechos laborales fundamentales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano.
Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores”.
La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del gobierno federal en el tema.
La situación ha sido expuesta también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la OFPC interpuso recursos contra el Estado mexicano. El 8 de junio de 2011 el gobierno federal representado por la STPS debió responder a 23 reclamaciones, pero sólo pudo hacerlo en ocho.
En su informe GB 304/14/8 emitido por su comité tripartita en la reunión 304, celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, la OIT determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio 150, sobre la administración del trabajo; del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y del Convenio 170, sobre los productos químicos. Los tres convenios han sido ratificados por México (Proceso 1747).
En México, el entonces titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, alardeaba que la OIT había cerrado el caso y declarado que el gobierno no tenía responsabilidad, lo cual se asentaba sólo en cuatro reclamaciones que fueron desechadas por el organismo.
Pese a las evidencias, el Estado mexicano insiste ante la CIDH en que no viola derechos laborales fundamentales y ahí, así como en la OIT argumenta que implementó medidas inmediatas para corregir la situación de la minería. Y no menciona que la mayoría de las minas de carbón son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La estadística por sí misma desmiente al gobierno federal, pues según los datos recabados por la OFPC y la OIT, a los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos se han sumado de entonces a la fecha 67 más que han perdido la vida en minas de carbón: en 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores; 2010, 13 y en 2011, 30 más. Es decir que en seis años 132 personas perdieron la vida en minas de carbón debido a la inseguridad laboral.
García Cervantes apunta: “El año pasado se acumularon decenas de muertos. Yo no sé cuántos pudieron evitarse, pero si se pudo evitar uno y quien debía hacerlo no lo evitó, es el asesino.
“Si llevamos estas estadísticas de muerte a las estadísticas de crimen organizado, pues esto es pecata minuta, esto no pinta… si se ve así (en el gobierno) es que ya se ha perdido el valor de la vida humana”.

La misma historia

La noche del pasado miércoles 8 una cuadrilla de mineros de un pozo de carbón regresaba de cumplir su turno. Los mineros viajaban en la caja descubierta de una pick up por la carretera Sabinas-El Sauz cuando ésta chocó y los trabajadores cayeron del vehículo.
Quedaron heridos Federico González Romo, Carlos Manrique Rodríguez y Alberto Franco Medina, de 16 años, además de José Humberto González Romo, quien permanece en estado de coma en un hospital privado de Monterrey.
El accidente dejó ver que además de tener trabajando al menor de edad, ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el IMSS y el patrón, Carlos Díaz, no estaba dispuesto a pagar los gastos hospitalarios, por lo que aún no han operado a González Romo. El reportero hizo contacto telefónico con Díaz, quien negó ser el empleador: “No pos andaban trabajando con otro chavo”, dijo.
Según Cristina Auerbach (defensora de los derechos humanos e integrante de la OFPC) la otra camioneta implicada en el choque es propiedad de Materiales Industrializados, empresa dueña del pozo Boker donde el 30 de julio de 2010 hubo un accidente en el que murió Ramón Sánchez mientras su compañero Plutarco Ruiz quedó atrapado y no fue rescatado sino hasta una semana después, ya con una grave afectación nerviosa.
De acuerdo con el sexto informe de la OFPC, que se presentará esta semana, el día del siniestro en el pozo Boker no hubo más personal del gobierno que miembros del Ejército, que llegaron sólo para “preservar el orden”. Ni un inspector, abogado, empleado menor de la STPS. Nadie. Hoy el Boker sigue operando con las mismas condiciones inseguras; no tiene siquiera una salida de emergencia.
Al Boker y Pasta de Conchos se suman el pocito Ferber, la mina Lulú y el Vertical 4, todos siniestrados en los últimos tres años. La OFPC lo expresa así:
“Son el resultado de la permanente y sistemática negligencia de la STPS. Sabemos cuál será el resultado de la investigación que anuncia la STPS: como en todos los casos señalados, se impondrá una multa por no cumplir con las normas de seguridad e higiene. La empresa promoverá un amparo y la STPS podrá disputarlo para asegurar estos ingresos extra. Nada más. Mañana abrirán un nuevo pocito y el círculo se repite interminablemente”.
Por los 132 mineros fallecidos en seis años nadie pisó la cárcel, no se evitó que los mismos dueños siguieran abriendo minas, no se cancelaron concesiones, no hay sanción por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, tampoco por contratar menores, mucho menos por incumplir las normas de seguridad.
El informe de la OFPC hace un recuento de los accidentes que acumularon 30 mineros muertos durante 2011. Salvo el del pozo Binsa, ocurrido el 3 de mayo y donde murieron 14 trabajadores y un niño de 14 años resultó mutilado, no tuvieron resonancia nacional.
En la mina Lulú hubo 2 muertos; en La Encantada, 1; en la Siderúrgica II, 2; en la Mina VII Saltillito, 2 más; en la mina San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; en el ejido San Juan, 1 más. Además en la carboeléctrica José López Portillo, de la CFE, murieron cuatro trabajadores el pasado 23 de noviembre, entre los que, para no variar, había un menor de edad.
De las anteriores, la Lulú ya había tenido muertos en 2008.
El común denominador, salvo en el caso de la CFE, es el parentesco o la sociedad entre los dueños de los pocitos carboneros (Proceso 1805), donde aparecen entrelazados los apellidos de prosapia regional que jamás enfrentan consecuencias por sus operaciones ilegales ni las muertes o lesiones de los trabajadores.

Maraña de corrupción

“No hay forma de evadir la realidad, ni dedo tan ancho capaz de tapar el sol: el desorden, el abuso, la corrupción y la falta de una política pública que posibilite que un recurso natural propiedad de la nación sea un factor de desarrollo, con justicia, bienestar y oportunidades. Las minas, con pocas excepciones, son generadoras de muerte y de miseria”, espeta García Cervantes al gobierno federal.
El panista coahuilense dice sentirse defraudado del gobierno, del PRI, el PAN y el PRD, de la clase política en general que opta por la demagogia y los intereses mezquinos por encima del bien público.
Conocedor de los problemas del carbón, García Cervantes propuso hace un año la creación de una Comisión Nacional del Carbón (CNDC), que mediante una integración de secretarías de Estado y un consejo con expertos, trabajadores y empresarios en un organismo descentralizado, propicie el reordenamiento productivo del mineral.
A través de 18 artículos, la iniciativa de Ley de la CNDC plantea concentrar las atribuciones de supervisión, vigilancia, inspección y sanción, entre otras, a fin de detectar la operación de yacimientos ilegales o irregulares, además de regular el otorgamiento de concesiones.
El organismo integraría a todas las instancias gubernamentales que hoy tienen que ver con la producción carbonera, pero que, por sistema se responsabilizan unos a otros de las irregularidades: STPS, IMSS, SE, CFE, Sener, Semarnat, entre otras.
García Cervantes admite no ser experto, pero basado en los informes de la OFPC, la CNDH y la OIT –sobre ésta última refiere que el gobierno federal la ha desoído–, el legislador ilustra el vacío:
“Los registros de las concesiones no permiten saber quién es el empleador. La SE sólo autoriza las concesiones conforme a la Ley Minera, pero a quienes ni siquiera son dueños del fundo, lo cual compete a la instancia que se encarga del ordenamiento territorial.
“El propietario del fundo llega a un acuerdo con el concesionario, que inicia operaciones a través de una empresa que nada tiene que ver con todo lo demás y que ni siquiera es de él. Ésta da de alta a 12 trabajadores en el IMSS, pero tiene contratos con la CFE por millones de toneladas y cumple a través de Prodemi (paraestatal del gobierno coahuilense), pero eso es imposible de producir con esa plantilla laboral. Si explotan dinamita es cosa de la Secretaría de la Defensa, si hay menores, de la Defensa del Menor…
“Es una maraña que no es accidental, es un modus operandi”, dice.
“Nadie sabe si tiene condiciones seguras o no, porque a veces ni siquiera se notifica el inicio de operaciones o la STPS no tiene más de tres inspectores para cientos de minas, que a su vez provocan un grave daño ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente no vigila, en tanto los alcaldes y diputados están inmersos en el negocio, como los Moreira”.
El senador explica que los intereses han impedido el avance de la iniciativa, ahora mezclados con la urgencia de explotar el gas del carbón.
“Los intereses (para evitar la iniciativa) que hay en el Senado son impresionantes”, exclama.
Añade que con la propuesta se prevé la seguridad de los trabajadores, el reordenamiento productivo que además permitiría ganar más a las empresas, pero protegiendo el ambiente.
Señala que los senadores Carlos Aceves y Ángel Díaz Caneja, implicados directos en el tema, se han negado a propiciar el dictamen.
“Si alguien tiene una mejor solución, propóngala. Si no, esta comisión incidiría en el estado de las cosas. Si no es por responsabilidad va a ser por la fuerza de las circunstancias. Esto llega a niveles insostenibles y no creo ni me puedo resignar a que toda la corrupción que ha habido durante décadas vaya a permanecer enterrada”.