Proceso
La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros. A partir del escándalo desatado hace seis años por el siniestro en Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores– ha habido varios intentos por vigilar y regular la extracción carbonífera en Coahuila… pero esos intentos se han topado, incluso dentro del Legislativo y el Ejecutivo, con un infranqueable muro de intereses económicos y políticos.
A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.
En las minas del carbón hay “condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi”, dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.
Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.
Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.
“No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la vedad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.
“La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país”, expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, por este tema.
A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.
La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) inició a lo largo de estos años al menos 60 procesos jurídicos civiles, penales, laborales o administrativos, pero a todos les han dado carpetazo. También los procesos internacionales han dado largas al tema, aunque ponen en evidencia al gobierno de Calderón.
Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde parecieran querer evitar que el asunto afecte la salida de Calderón, considera Carlos Rodríguez, quien además señala que el gobierno sigue negando la violación, ya demostrada, de los derechos laborales fundamentales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano.
Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores”.
La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del gobierno federal en el tema.
La situación ha sido expuesta también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la OFPC interpuso recursos contra el Estado mexicano. El 8 de junio de 2011 el gobierno federal representado por la STPS debió responder a 23 reclamaciones, pero sólo pudo hacerlo en ocho.
En su informe GB 304/14/8 emitido por su comité tripartita en la reunión 304, celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, la OIT determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio 150, sobre la administración del trabajo; del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y del Convenio 170, sobre los productos químicos. Los tres convenios han sido ratificados por México (Proceso 1747).
En México, el entonces titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, alardeaba que la OIT había cerrado el caso y declarado que el gobierno no tenía responsabilidad, lo cual se asentaba sólo en cuatro reclamaciones que fueron desechadas por el organismo.
Pese a las evidencias, el Estado mexicano insiste ante la CIDH en que no viola derechos laborales fundamentales y ahí, así como en la OIT argumenta que implementó medidas inmediatas para corregir la situación de la minería. Y no menciona que la mayoría de las minas de carbón son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La estadística por sí misma desmiente al gobierno federal, pues según los datos recabados por la OFPC y la OIT, a los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos se han sumado de entonces a la fecha 67 más que han perdido la vida en minas de carbón: en 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores; 2010, 13 y en 2011, 30 más. Es decir que en seis años 132 personas perdieron la vida en minas de carbón debido a la inseguridad laboral.
García Cervantes apunta: “El año pasado se acumularon decenas de muertos. Yo no sé cuántos pudieron evitarse, pero si se pudo evitar uno y quien debía hacerlo no lo evitó, es el asesino.
“Si llevamos estas estadísticas de muerte a las estadísticas de crimen organizado, pues esto es pecata minuta, esto no pinta… si se ve así (en el gobierno) es que ya se ha perdido el valor de la vida humana”.
La misma historia
La noche del pasado miércoles 8 una cuadrilla de mineros de un pozo de carbón regresaba de cumplir su turno. Los mineros viajaban en la caja descubierta de una pick up por la carretera Sabinas-El Sauz cuando ésta chocó y los trabajadores cayeron del vehículo.
Quedaron heridos Federico González Romo, Carlos Manrique Rodríguez y Alberto Franco Medina, de 16 años, además de José Humberto González Romo, quien permanece en estado de coma en un hospital privado de Monterrey.
El accidente dejó ver que además de tener trabajando al menor de edad, ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el IMSS y el patrón, Carlos Díaz, no estaba dispuesto a pagar los gastos hospitalarios, por lo que aún no han operado a González Romo. El reportero hizo contacto telefónico con Díaz, quien negó ser el empleador: “No pos andaban trabajando con otro chavo”, dijo.
Según Cristina Auerbach (defensora de los derechos humanos e integrante de la OFPC) la otra camioneta implicada en el choque es propiedad de Materiales Industrializados, empresa dueña del pozo Boker donde el 30 de julio de 2010 hubo un accidente en el que murió Ramón Sánchez mientras su compañero Plutarco Ruiz quedó atrapado y no fue rescatado sino hasta una semana después, ya con una grave afectación nerviosa.
De acuerdo con el sexto informe de la OFPC, que se presentará esta semana, el día del siniestro en el pozo Boker no hubo más personal del gobierno que miembros del Ejército, que llegaron sólo para “preservar el orden”. Ni un inspector, abogado, empleado menor de la STPS. Nadie. Hoy el Boker sigue operando con las mismas condiciones inseguras; no tiene siquiera una salida de emergencia.
Al Boker y Pasta de Conchos se suman el pocito Ferber, la mina Lulú y el Vertical 4, todos siniestrados en los últimos tres años. La OFPC lo expresa así:
“Son el resultado de la permanente y sistemática negligencia de la STPS. Sabemos cuál será el resultado de la investigación que anuncia la STPS: como en todos los casos señalados, se impondrá una multa por no cumplir con las normas de seguridad e higiene. La empresa promoverá un amparo y la STPS podrá disputarlo para asegurar estos ingresos extra. Nada más. Mañana abrirán un nuevo pocito y el círculo se repite interminablemente”.
Por los 132 mineros fallecidos en seis años nadie pisó la cárcel, no se evitó que los mismos dueños siguieran abriendo minas, no se cancelaron concesiones, no hay sanción por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, tampoco por contratar menores, mucho menos por incumplir las normas de seguridad.
El informe de la OFPC hace un recuento de los accidentes que acumularon 30 mineros muertos durante 2011. Salvo el del pozo Binsa, ocurrido el 3 de mayo y donde murieron 14 trabajadores y un niño de 14 años resultó mutilado, no tuvieron resonancia nacional.
En la mina Lulú hubo 2 muertos; en La Encantada, 1; en la Siderúrgica II, 2; en la Mina VII Saltillito, 2 más; en la mina San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; en el ejido San Juan, 1 más. Además en la carboeléctrica José López Portillo, de la CFE, murieron cuatro trabajadores el pasado 23 de noviembre, entre los que, para no variar, había un menor de edad.
De las anteriores, la Lulú ya había tenido muertos en 2008.
El común denominador, salvo en el caso de la CFE, es el parentesco o la sociedad entre los dueños de los pocitos carboneros (Proceso 1805), donde aparecen entrelazados los apellidos de prosapia regional que jamás enfrentan consecuencias por sus operaciones ilegales ni las muertes o lesiones de los trabajadores.
Maraña de corrupción
“No hay forma de evadir la realidad, ni dedo tan ancho capaz de tapar el sol: el desorden, el abuso, la corrupción y la falta de una política pública que posibilite que un recurso natural propiedad de la nación sea un factor de desarrollo, con justicia, bienestar y oportunidades. Las minas, con pocas excepciones, son generadoras de muerte y de miseria”, espeta García Cervantes al gobierno federal.
El panista coahuilense dice sentirse defraudado del gobierno, del PRI, el PAN y el PRD, de la clase política en general que opta por la demagogia y los intereses mezquinos por encima del bien público.
Conocedor de los problemas del carbón, García Cervantes propuso hace un año la creación de una Comisión Nacional del Carbón (CNDC), que mediante una integración de secretarías de Estado y un consejo con expertos, trabajadores y empresarios en un organismo descentralizado, propicie el reordenamiento productivo del mineral.
A través de 18 artículos, la iniciativa de Ley de la CNDC plantea concentrar las atribuciones de supervisión, vigilancia, inspección y sanción, entre otras, a fin de detectar la operación de yacimientos ilegales o irregulares, además de regular el otorgamiento de concesiones.
El organismo integraría a todas las instancias gubernamentales que hoy tienen que ver con la producción carbonera, pero que, por sistema se responsabilizan unos a otros de las irregularidades: STPS, IMSS, SE, CFE, Sener, Semarnat, entre otras.
García Cervantes admite no ser experto, pero basado en los informes de la OFPC, la CNDH y la OIT –sobre ésta última refiere que el gobierno federal la ha desoído–, el legislador ilustra el vacío:
“Los registros de las concesiones no permiten saber quién es el empleador. La SE sólo autoriza las concesiones conforme a la Ley Minera, pero a quienes ni siquiera son dueños del fundo, lo cual compete a la instancia que se encarga del ordenamiento territorial.
“El propietario del fundo llega a un acuerdo con el concesionario, que inicia operaciones a través de una empresa que nada tiene que ver con todo lo demás y que ni siquiera es de él. Ésta da de alta a 12 trabajadores en el IMSS, pero tiene contratos con la CFE por millones de toneladas y cumple a través de Prodemi (paraestatal del gobierno coahuilense), pero eso es imposible de producir con esa plantilla laboral. Si explotan dinamita es cosa de la Secretaría de la Defensa, si hay menores, de la Defensa del Menor…
“Es una maraña que no es accidental, es un modus operandi”, dice.
“Nadie sabe si tiene condiciones seguras o no, porque a veces ni siquiera se notifica el inicio de operaciones o la STPS no tiene más de tres inspectores para cientos de minas, que a su vez provocan un grave daño ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente no vigila, en tanto los alcaldes y diputados están inmersos en el negocio, como los Moreira”.
El senador explica que los intereses han impedido el avance de la iniciativa, ahora mezclados con la urgencia de explotar el gas del carbón.
“Los intereses (para evitar la iniciativa) que hay en el Senado son impresionantes”, exclama.
Añade que con la propuesta se prevé la seguridad de los trabajadores, el reordenamiento productivo que además permitiría ganar más a las empresas, pero protegiendo el ambiente.
Señala que los senadores Carlos Aceves y Ángel Díaz Caneja, implicados directos en el tema, se han negado a propiciar el dictamen.
“Si alguien tiene una mejor solución, propóngala. Si no, esta comisión incidiría en el estado de las cosas. Si no es por responsabilidad va a ser por la fuerza de las circunstancias. Esto llega a niveles insostenibles y no creo ni me puedo resignar a que toda la corrupción que ha habido durante décadas vaya a permanecer enterrada”.
La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros. A partir del escándalo desatado hace seis años por el siniestro en Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores– ha habido varios intentos por vigilar y regular la extracción carbonífera en Coahuila… pero esos intentos se han topado, incluso dentro del Legislativo y el Ejecutivo, con un infranqueable muro de intereses económicos y políticos.A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.
En las minas del carbón hay “condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi”, dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.
Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.
Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.
“No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la vedad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.
“La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país”, expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, por este tema.
A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.
La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) inició a lo largo de estos años al menos 60 procesos jurídicos civiles, penales, laborales o administrativos, pero a todos les han dado carpetazo. También los procesos internacionales han dado largas al tema, aunque ponen en evidencia al gobierno de Calderón.
Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde parecieran querer evitar que el asunto afecte la salida de Calderón, considera Carlos Rodríguez, quien además señala que el gobierno sigue negando la violación, ya demostrada, de los derechos laborales fundamentales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano.
Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores”.
La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del gobierno federal en el tema.
La situación ha sido expuesta también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la OFPC interpuso recursos contra el Estado mexicano. El 8 de junio de 2011 el gobierno federal representado por la STPS debió responder a 23 reclamaciones, pero sólo pudo hacerlo en ocho.
En su informe GB 304/14/8 emitido por su comité tripartita en la reunión 304, celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, la OIT determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio 150, sobre la administración del trabajo; del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y del Convenio 170, sobre los productos químicos. Los tres convenios han sido ratificados por México (Proceso 1747).
En México, el entonces titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, alardeaba que la OIT había cerrado el caso y declarado que el gobierno no tenía responsabilidad, lo cual se asentaba sólo en cuatro reclamaciones que fueron desechadas por el organismo.
Pese a las evidencias, el Estado mexicano insiste ante la CIDH en que no viola derechos laborales fundamentales y ahí, así como en la OIT argumenta que implementó medidas inmediatas para corregir la situación de la minería. Y no menciona que la mayoría de las minas de carbón son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La estadística por sí misma desmiente al gobierno federal, pues según los datos recabados por la OFPC y la OIT, a los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos se han sumado de entonces a la fecha 67 más que han perdido la vida en minas de carbón: en 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores; 2010, 13 y en 2011, 30 más. Es decir que en seis años 132 personas perdieron la vida en minas de carbón debido a la inseguridad laboral.
García Cervantes apunta: “El año pasado se acumularon decenas de muertos. Yo no sé cuántos pudieron evitarse, pero si se pudo evitar uno y quien debía hacerlo no lo evitó, es el asesino.
“Si llevamos estas estadísticas de muerte a las estadísticas de crimen organizado, pues esto es pecata minuta, esto no pinta… si se ve así (en el gobierno) es que ya se ha perdido el valor de la vida humana”.
La misma historia
La noche del pasado miércoles 8 una cuadrilla de mineros de un pozo de carbón regresaba de cumplir su turno. Los mineros viajaban en la caja descubierta de una pick up por la carretera Sabinas-El Sauz cuando ésta chocó y los trabajadores cayeron del vehículo.
Quedaron heridos Federico González Romo, Carlos Manrique Rodríguez y Alberto Franco Medina, de 16 años, además de José Humberto González Romo, quien permanece en estado de coma en un hospital privado de Monterrey.
El accidente dejó ver que además de tener trabajando al menor de edad, ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el IMSS y el patrón, Carlos Díaz, no estaba dispuesto a pagar los gastos hospitalarios, por lo que aún no han operado a González Romo. El reportero hizo contacto telefónico con Díaz, quien negó ser el empleador: “No pos andaban trabajando con otro chavo”, dijo.
Según Cristina Auerbach (defensora de los derechos humanos e integrante de la OFPC) la otra camioneta implicada en el choque es propiedad de Materiales Industrializados, empresa dueña del pozo Boker donde el 30 de julio de 2010 hubo un accidente en el que murió Ramón Sánchez mientras su compañero Plutarco Ruiz quedó atrapado y no fue rescatado sino hasta una semana después, ya con una grave afectación nerviosa.
De acuerdo con el sexto informe de la OFPC, que se presentará esta semana, el día del siniestro en el pozo Boker no hubo más personal del gobierno que miembros del Ejército, que llegaron sólo para “preservar el orden”. Ni un inspector, abogado, empleado menor de la STPS. Nadie. Hoy el Boker sigue operando con las mismas condiciones inseguras; no tiene siquiera una salida de emergencia.
Al Boker y Pasta de Conchos se suman el pocito Ferber, la mina Lulú y el Vertical 4, todos siniestrados en los últimos tres años. La OFPC lo expresa así:
“Son el resultado de la permanente y sistemática negligencia de la STPS. Sabemos cuál será el resultado de la investigación que anuncia la STPS: como en todos los casos señalados, se impondrá una multa por no cumplir con las normas de seguridad e higiene. La empresa promoverá un amparo y la STPS podrá disputarlo para asegurar estos ingresos extra. Nada más. Mañana abrirán un nuevo pocito y el círculo se repite interminablemente”.
Por los 132 mineros fallecidos en seis años nadie pisó la cárcel, no se evitó que los mismos dueños siguieran abriendo minas, no se cancelaron concesiones, no hay sanción por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, tampoco por contratar menores, mucho menos por incumplir las normas de seguridad.
El informe de la OFPC hace un recuento de los accidentes que acumularon 30 mineros muertos durante 2011. Salvo el del pozo Binsa, ocurrido el 3 de mayo y donde murieron 14 trabajadores y un niño de 14 años resultó mutilado, no tuvieron resonancia nacional.
En la mina Lulú hubo 2 muertos; en La Encantada, 1; en la Siderúrgica II, 2; en la Mina VII Saltillito, 2 más; en la mina San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; en el ejido San Juan, 1 más. Además en la carboeléctrica José López Portillo, de la CFE, murieron cuatro trabajadores el pasado 23 de noviembre, entre los que, para no variar, había un menor de edad.
De las anteriores, la Lulú ya había tenido muertos en 2008.
El común denominador, salvo en el caso de la CFE, es el parentesco o la sociedad entre los dueños de los pocitos carboneros (Proceso 1805), donde aparecen entrelazados los apellidos de prosapia regional que jamás enfrentan consecuencias por sus operaciones ilegales ni las muertes o lesiones de los trabajadores.
Maraña de corrupción
“No hay forma de evadir la realidad, ni dedo tan ancho capaz de tapar el sol: el desorden, el abuso, la corrupción y la falta de una política pública que posibilite que un recurso natural propiedad de la nación sea un factor de desarrollo, con justicia, bienestar y oportunidades. Las minas, con pocas excepciones, son generadoras de muerte y de miseria”, espeta García Cervantes al gobierno federal.
El panista coahuilense dice sentirse defraudado del gobierno, del PRI, el PAN y el PRD, de la clase política en general que opta por la demagogia y los intereses mezquinos por encima del bien público.
Conocedor de los problemas del carbón, García Cervantes propuso hace un año la creación de una Comisión Nacional del Carbón (CNDC), que mediante una integración de secretarías de Estado y un consejo con expertos, trabajadores y empresarios en un organismo descentralizado, propicie el reordenamiento productivo del mineral.
A través de 18 artículos, la iniciativa de Ley de la CNDC plantea concentrar las atribuciones de supervisión, vigilancia, inspección y sanción, entre otras, a fin de detectar la operación de yacimientos ilegales o irregulares, además de regular el otorgamiento de concesiones.
El organismo integraría a todas las instancias gubernamentales que hoy tienen que ver con la producción carbonera, pero que, por sistema se responsabilizan unos a otros de las irregularidades: STPS, IMSS, SE, CFE, Sener, Semarnat, entre otras.
García Cervantes admite no ser experto, pero basado en los informes de la OFPC, la CNDH y la OIT –sobre ésta última refiere que el gobierno federal la ha desoído–, el legislador ilustra el vacío:
“Los registros de las concesiones no permiten saber quién es el empleador. La SE sólo autoriza las concesiones conforme a la Ley Minera, pero a quienes ni siquiera son dueños del fundo, lo cual compete a la instancia que se encarga del ordenamiento territorial.
“El propietario del fundo llega a un acuerdo con el concesionario, que inicia operaciones a través de una empresa que nada tiene que ver con todo lo demás y que ni siquiera es de él. Ésta da de alta a 12 trabajadores en el IMSS, pero tiene contratos con la CFE por millones de toneladas y cumple a través de Prodemi (paraestatal del gobierno coahuilense), pero eso es imposible de producir con esa plantilla laboral. Si explotan dinamita es cosa de la Secretaría de la Defensa, si hay menores, de la Defensa del Menor…
“Es una maraña que no es accidental, es un modus operandi”, dice.
“Nadie sabe si tiene condiciones seguras o no, porque a veces ni siquiera se notifica el inicio de operaciones o la STPS no tiene más de tres inspectores para cientos de minas, que a su vez provocan un grave daño ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente no vigila, en tanto los alcaldes y diputados están inmersos en el negocio, como los Moreira”.
El senador explica que los intereses han impedido el avance de la iniciativa, ahora mezclados con la urgencia de explotar el gas del carbón.
“Los intereses (para evitar la iniciativa) que hay en el Senado son impresionantes”, exclama.
Añade que con la propuesta se prevé la seguridad de los trabajadores, el reordenamiento productivo que además permitiría ganar más a las empresas, pero protegiendo el ambiente.
Señala que los senadores Carlos Aceves y Ángel Díaz Caneja, implicados directos en el tema, se han negado a propiciar el dictamen.
“Si alguien tiene una mejor solución, propóngala. Si no, esta comisión incidiría en el estado de las cosas. Si no es por responsabilidad va a ser por la fuerza de las circunstancias. Esto llega a niveles insostenibles y no creo ni me puedo resignar a que toda la corrupción que ha habido durante décadas vaya a permanecer enterrada”.
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