Ante las batallas jurídicas, el PRI se pone nervioso

Jenaro Villamil. proceso.com.mx
21 de julio de 2012 ·

Peña acompañado de Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.
Foto: Miguel Dimayuga

Ante los embates del Movimiento Progresista que califica de fraudulentas las elecciones presidenciales, las ambigüedades en torno a la victoria priista expresadas por el propio Felipe Calderón y Gustavo Madero, y una demanda en la Corte de California, el equipo de Enrique Peña Nieto se apresta a librar una batalla jurídica en varios frentes. Su equipo de transición está integrado por operadores capaces de resolver los problemas que se presenten en el futuro inmediato, sobre todo si son de índole social. Por otra parte ya trabajan en impulsar reformas constitucionales que le permitirían, eventualmente, asumir la Presidencia incluso en un entorno de rechazo y efervescencia.

El viernes 13, dos días después de que Enrique Peña Nieto designara a los tres primeros integrantes de su equipo de transición, hubo una reunión urgente en la sede nacional del PRI para analizar uno de los documentos presentados por la coalición Movimiento Progresista entre las pruebas para invalidar la elección presidencial.
Era la copia de la factura de una de las empresas intermediarias en la presunta triangulación de fondos a través de Monex. Estaba a nombre de la empresa Alkinos Servicios y Calidad. En esa reunión los convocados especularon que se trataba de una “filtración interna” de algún priista hacia el equipo lopezobradorista. Consideraron que esta prueba podía echar por tierra el argumento de que “no hubo un solo peso de la campaña” de Peña Nieto para la compra del voto a través de Monex.
En ese cónclave estuvieron presentes, entre otros, el exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam –recién designado coordinador del equipo jurídico de Peña Nieto y responsable de la defensa legal del resultado obtenido el domingo 1 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)–; Luis Videgaray Caso, coordinador general de la campaña y recién designado coordinador de Políticas Públicas, así como José Antonio González Fernández, secretario del Trabajo y de Salud durante el zedillismo y amigo del candidato presidencial del PRI.
De acuerdo con versiones internas recabadas por Proceso, en esa reunión también se analizaron otros escenarios preocupantes, en especial la demanda interpuesta en una corte de California por el empresario mexicano-estadunidense José Aquino, quien anunció que además demandaría a Enrique Peña Nieto y al vocero priista Eduardo Sánchez por afirmar que su querella por un presunto fraude cometido a través de Monex era una “extorsión” y por llamarlo “un vivales” para desestimar su acusación.
Consultado vía telefónica por Proceso, Aquino confirma que a finales de julio presentará un recurso jurídico denominado subpoena, que obliga a la persona demandada a presentar todos los documentos de su contabilidad para demostrar su inocencia.

“No me queda duda de que Monex está involucrada en la estrategia para defraudarme por más de 50 millones de dólares. Los del PRI tendrán que darle al juez estadunidense todas las cuentas de todos los depósitos que realizaron a través de Monex y Mifel, que fueron las dos empresas a través de las cuales triangularon. Monex no podrá negar que ahí estaban depositados varios recursos para el PRI. De hecho el acuerdo conmigo era de los más pequeños. Llegué a ver cuentas por más de 800 millones de pesos”, insiste Aquino.

El propietario de Frontera Televisión Network desató un escándalo nacional al interponer una demanda por presunto fraude y otros delitos contra empresarios y operadores del área de Comunicación Social del PRI, quienes le habrían prometido un contrato por 56 millones de dólares para promover a Peña Nieto en medios electrónicos entre la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.
Frente a estos indicios que complicaban la tesis de una victoria “limpia y contundente”, como declaró el propio Peña Nieto, su coordinador general Luis Videgaray y el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, decidieron articular un segundo escenario de emergencia: contraatacar con demandas contra la coalición del Movimiento Progresista y aplicar el control de daños frente a la factura de la empresa Alkino Servicios y Calidad.
Seis días después, el jueves 19, Murillo Karam admitió en conferencia de prensa que sí existió un contrato de 66.3 millones de pesos con Monex, a través de Alkino, para el “pago de nuestra estructura” electoral, no para la compra del voto.
Y añadió: “Entregamos esas tarjetas; yo no sé si todas sean de Monex o no, porque nosotros tenemos un intermediario que es el que hace el trámite, o sea, esta empresa Alkino, y este es el que nos convierte el dinero y nos financia”.
El documento del PRI, cuya copia fue entregada a la PGR como parte de una denuncia de hechos contra el Movimiento Progresista por haber acusado al tricolor de realizar transacciones de lavado de dinero, incluye un contrato con Alkino firmado el 1 de marzo de 2012 con una comisión de 1.6 millones de pesos, y un costo del financiamiento de 2.5 millones de pesos por el manejo de los 66.3 millones de pesos.

La versión de Murillo Karam contradijo lo que Videgaray había mencionado desde que surgió el escándalo Monex. El coordinador general de campaña negó tajantemente que se hubiera realizado alguna operación financiera a través de esa empresa. También insistió en que era aberrante la acusación de que el PRI compró cinco millones de votos.

Doble juego panista

Otro elemento de preocupación para el llamado “equipo de emergencia” de Peña Nieto son las ambigüedades del presidente Felipe Calderón y del propio PAN.
El martes 17 Peña Nieto acudió a Los Pinos para reunirse con Calderón, quien lo reconoció como el candidato ganador de las elecciones del domingo 1 a pesar de que no ha terminado el proceso de calificación de los comicios, a cargo del TEPJF.
Ambas partes acordaron que se emitiera un escueto boletín para dar cuenta de la reunión, y se difundiera la foto en que aparecen el presidente panista y su presunto sucesor priista.
El miércoles 18 Peña Nieto dijo en conferencia de prensa que habló con Calderón sobre las futuras reformas que anunció días antes: la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, ampliar las facultades del IFAI y también “otras más de carácter económico y político” que no especificó.

–¿Cómo evalúa esta postura un poco ambigua que está teniendo el PAN sobre la compra de votos? ¿Hay molestia en su equipo? –le preguntó el corresponsal de la agencia alemana DPA.

–Pues habría que preguntarles a ellos por qué la ambigüedad –atajó Peña Nieto–. Yo reitero, creo que en democracia y cuando se participa en una competencia democrática, también se exige se asuma una actitud democrática a partir del resultado que mandaten los ciudadanos.
Acerca de las complicaciones que podrían presentarse el 1 de diciembre próximo, Peña Nieto consideró que “es pronto hablar todavía de qué escenarios vislumbraremos para la toma de posesión. Insisto, hay que estar en el respeto (sic) a las fases procesales. Estamos a la espera del fallo del Tribunal Electoral que será hasta el mes de septiembre, de acuerdo a lo que prescribe la propia legislación electoral”.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1864, ya en circulación)