Dirigentes
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de los sindicatos Mexicano
de Electricistas y de Mineros externaron a senadores de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social sus puntos de vista en torno a la minuta que
reforma la Ley Federal del Trabajo, remitida por la Cámara de Diputados
para su revisión.
Francisco Hernández
Juárez, presidente colegiado de la UNT, expresó que las organizaciones
“de ninguna manera nos oponemos” a una reforma virtuosa y equilibrada,
que represente un avance en los derechos de los empleados, constituya un
estímulo para el desarrollo y democratice y modernice el ámbito
laboral.
Sin embargo, el dictamen de
la colegisladora “daría lugar a una mayor simulación”, porque “abriría
de par en par las puertas al sindicalismo de protección patronal y
dejaría a los trabajadores más vulnerables mexicanos que nunca, sujetos a
las leyes de la oferta y la demanda”, precisó el también dirigente del
Sindicato de Telefonistas.
En su
turno, Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de
Trabajadores de la UNAM, calificó a la minuta de “regresiva, ya que
recupera los conceptos de contratos a prueba --o de aprendizaje-- y
capacitación inicial, los cuales fueron retirados por lesivos en las
reformas aprobadas desde 1970 por generar una sobreexplotación de la
fuerza de trabajo”.
Se pronunció en
contra del outsourcing, del pago por horas, la contratación a prueba, la
limitación en el pago de salarios caídos, la pérdida de prestaciones de
ley y el detrimento de la seguridad social, que en su opinión
provocaría la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados.
Por su parte, Carlos Manuel Díaz Chávez, secretario general de la
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, insistió en incorporar al
proyecto de decreto los conceptos de democracia, transparencia y
rendición de cuentas sindical, para evitar que “se siga promoviendo la
corrupción y la antidemocracia en todas sus expresiones”.
Solicitó que se restituya la obligación del voto libre, directo y
secreto para elegir a las directivas de las asociaciones gremiales y que
sea un requisito para aceptar un contrato colectivo de trabajo, pues
fueron eliminadas de la iniciativa.
En opinión de Martín Esparza Flores, dirigente del Sindicato Mexicano de
Electricistas, el dictamen de la colegisladora “es anticonstitucional”,
porque “violenta” el artículo 123 de la Carta Magna y los convenios
internacionales que México ha suscrito en materia de trabajo.
Dijo que la propuesta únicamente genera “un gran descontento social”,
ya que “niega” un futuro de estabilidad en el empleo y salario
remunerador, sobre todo para los jóvenes.
En su oportunidad, Genaro Arteaga Trejo, del Sindicato de Mineros,
reconoció que la propuesta incluye un capítulo nuevo para los mineros y
prohíbe el trabajo de menores de 18 años en las minas, pero “no hay nada
nuevo” sobre medidas de prevención, seguridad e higiene.
Dijo que cuando se trata de obligar a los patrones a que cumplan esas normas de seguridad la reforma “opera con suavidad”.
Al hacer uso de la palabra, el senador priista Armando Neyra Chávez
manifestó que es necesario hablar con el titular del Ejecutivo entrante y
al saliente “porque este es un asunto muy delicado y van a dejarle una
bomba de tiempo al presidente que tiene una responsabilidad con más de
veinte millones que votamos por él”.
Consideró que se debe dar el tiempo correspondiente para analizar la
minuta “como si fuera un emplazamiento a huelga” y analizar por qué no
procede la reforma.
Eso --subrayó--
nos va dar la posibilidad de hacer un dictamen adecuado, ya que “esto
no va a salir como quisieran porque los verdaderos trabajadores de este
país, que son más de 47 millones, no están a favor de la reforma”.
Para del senador panista Javier Lozano Alarcón “es bien difícil que en
un tema tan complejo como éste se vaya a lograr un consenso, una visión
única de lo que debe ser la eficiencia del mercado laboral o la equidad y
la justicia social en el mercado laboral”.
Me temo --dijo-- que lo que vamos a ver a la hora de dictaminar y de
votar este proyecto es que uno de los grupos parlamentarios está a favor
de la reforma laboral pero en contra de la transparencia sindical.
“Otro grupo --agregó-- está en contra de la reforma laboral pero a
favor de la transparencia sindical y nosotros en el PAN estamos a favor
de la reforma laboral y la transparencia sindical, por lo que vamos a
tener que encontrar puntos de entendimiento y lograr mayorías con las
que se pueda ir avanzado”.
Por el
PRD, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno anunció que su fracción
parlamentaria votará en contra de la reforma en lo general, pues la
ecuación que plantea es equivocada porque apuesta por hacer competitivas
a las empresas a partir de abaratar la mano de obra y de la facilidad
de despedir a los trabajadores.
Por
otro lado, dijo que la enmienda es una apuesta equivocada porque si no
hay poder adquisitivo en los trabajadores no habrá quien pueda comprarle
a los empresarios.
Sin embargo,
aclaró que no se “resignarán” y buscarán coincidencias y alianzas con
Acción Nacional para modificar la minuta, si ellos se sostienen en la
votación en el pleno, en temas como democracia y trasparencia sindical.
En tanto, la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento
Ciudadano, indicó que la izquierda irá junto con el PAN para que se
incluya en la reforma la cláusula de transparencia sindical, “pero que
también se establezca la transparencia en las juntas de Conciliación y
Arbitraje porque ellos tienen los documentos de los contratos colectivos
de trabajo y los guardan en secreto”.
Dijo que existe la oportunidad de revisar otros puntos agresivos que
van contra la lucha de reivindicaciones de la clase obrera, ya que “no
se pueden borrar de un plumazo por quedar bien con el gran capital”.
A su vez, el senador petista Manuel Bartlett Díaz dijo que dos partidos
políticos ya han formado una “mayoría hechiza”, que es la que aprobará
la reforma laboral, pues la minuta no “ésta en el aire” y es la
“estructura del poder” la que se impondrá.
En este sentido, señaló que la iniciativa preferente del Ejecutivo
federal “es una gran trampa” para que la reforma laboral “salga lo más
rápido posible”, pues existe un acuerdo “entre un presidente que sale y
uno que entra” para ello.
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