Aprueban diputados reforma de EPN que elimina la Secretaría de Seguridad Pública

La Redaccion. proceso.com.mx
22 de noviembre de 2012

Genaro García Luna, titular de la SSP.
Foto: Octavio Gómez

MEXICO, D.F. (apro).- Este día, la Cámara de Diputados aprobó en lo general –por 333 votos a favor, 84 abstenciones y 50 en contra– la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propuesta por el presidente electo Enrique Peña Nieto, que prevé la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a Gobernación (Segob), así como la supresión de la Función Pública (SFP).
Además, destacó Notimex, los legisladores avalaron la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la consolidación de la oficina de la Presidencia, así como reformas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para trabajar en el combate a la pobreza.

Asimismo, el pleno legislativo acordó mantener la autonomía de gestión y transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
De esta forma, el Poder Ejecutivo reducirá, a partir del 1 de diciembre, el número de dependencias federales de 18 a 16 secretarías de Estado.
La discusión del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública inició poco antes de las dos de la tarde y, una hora y media después, fue avalado en lo general por diputados de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza (Panal).
El presidente de la Comisión de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que la iniciativa tiene como fin organizar de mejor manera el gobierno para rendir mejores resultados a los ciudadanos.
El resolutivo, resaltó, ha sido producto de un intenso y muy responsable trabajo, que reconoce el interés y participación de diputados y diputadas de todos los partidos.
Luego explicó que se trata de una reforma que la bancada priista ha hecho suya, ya que reconoce la necesidad de que al inicio de un nuevo gobierno es indispensable transformar el diseño institucional y administrativo.
Ello, añadió, para cumplir con los compromisos de conducir un cambio con rumbo, tener un gobierno y un Estado eficaz.
Y con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental, acotó, se propone crear unidades de auditoría preventiva, lo que implica la desaparición de la SFP y la distribución de facultades en distintas estructuras y órganos, sobre todo en la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Además, se propone el ordenamiento legal de la Oficina de la Presidencia de la República como unidad integrante de la administración pública centralizada y una instancia de apoyo técnico y asesoría del Ejecutivo federal en la instrumentación de políticas públicas y otras funciones prioritarias que se le asignen.
En el marco de la división y el equilibrio de poderes, aseveró, corresponderá al Congreso de la Unión y a los representantes de la soberanía popular pedir cuentas de la instrumentación de estas reformas y esperar mejores resultados para el beneficio del país.
Esther Quintana, del PAN, aseguró que no habrá posiciones “mezquinas” en su partido, por lo cual apoyarán esa iniciativa pero sin que ello represente un retroceso para el país.
“Bienvenidas las reformas que velan por el bienestar de toda la sociedad y las reservas que presentaremos serán de fondo porque no vamos a permitir retrocesos en el país”, advirtió.
No obstante, “coincidimos en la necesidad de contar con un órgano constitucional autónomo, responsable del combate a la corrupción y celebramos que el gobierno que inicia el 1 de diciembre esté dispuesto a atender esa problemática”.
Sin embargo, aclaró, dicha propuesta implica reformas constitucionales que requieren un amplio proceso legislativo, por lo que el PAN rechazaba la desaparición de la SFP hasta que se cuente con dicho órgano constitucional autónomo.
En materia de seguridad, expuso Quintana Salinas, “estamos a favor de que se trasladen las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, pues no constituye un peligro un aumento a sus atribuciones, ya que el cambio es una transferencia administrativa y organizacional.
“Pero que quede claro, no es un cheque en blanco, México ya cambió, no es el mismo de los tiempos hegemónicos, por eso creemos que sería peligroso utilizar a la policía con fines políticos”, sentenció.
Fernando Belaunzarán, del PRD, sostuvo que la reforma propuesta pretende concentrar el poder en “un triunvirato” formado por Gobernación, Hacienda y la Oficina de la Presidencia, sin que se establezcan contrapesos.
“Nos quieren presentar las soluciones a problemas del presente con recetas del pasado; el asunto de que Gobernación sea la que acapare las policías y la inteligencia nos vuelve al viejo autoritarismo”, denunció.
Mónica García de la Fuente, del PVEM, subrayó que la materia del dictamen, que votaría a favor su fracción, prevé aspectos sumamente relevantes como el fortalecimiento de la Segob, SHCP y Sedesol, así como la reorganización en materia agraria.
En contraste, Ricardo Monreal Ávila, del Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que si el dictamen se aprobaba generaría una crisis política constitucional de seguridad nacional.
“La pretensión de poner a disposición de Gobernación una tropa de policía prevista de armas en disposición de atacar puede convertirse en un ejército de guerra civil que de manera legítima puede combatir manifestaciones sociales”, alertó.
El petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara enfatizó que el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “criminaliza los movimientos sociales”.
El diputado Luis Antonio González Roldán, del Panal, expresó su apoyo al dictamen, en especial la propuesta de transferir las atribuciones de la SSP a la de Segob.
Esa acción, consideró, responde a la urgencia de replantear la estrategia de seguridad que se ha aplicado en los últimos años.