Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 25 de noviembre de 2012
Domingo 25 de noviembre de 2012
El otorgamiento de nuevas facultades a la
Secretaría de Gobernación (SG) obedece a un afán de perfeccionar los
métodos represivos que el gobierno mexicano ha puesto en marcha desde
hace muchos años con distintos rostros, y aunque la Cámara de Diputados
le quitó la facultad de intervenir en caso de
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que al desaparecer la Secretaría de
Seguridad Pública y transferir sus competencias al Palacio de Cobián, el
gobierno de Enrique Peña Nieto supuestamente buscaría lograr mayor
coordinación en esta materia, pero sin proponer en realidad ningún
enfoque nuevo.disturbiosu otras
alteraciones graves del orden público, en el fondo subyace una óptica que criminaliza el descontento social, advirtieron activistas de organizaciones sociales.
El caso de la represión en San Salvador Atenco hace que este tipo de enmiendas de Peña Nieto carezcan de legitimidad. Podrán ser mejoras administrativas, pero darle capacidades nuevas a Gobernación y a las policías, pero sin fijarles normas claras, no resuelve nada. Sancionar a quienes han cometido abusos es la primera señal de que se quiere avanzar por otro rumbo, indicó.
En cuanto a los señalamientos de que las nuevas atribuciones de la SG significan un
retorno al autoritarismo, Marroquín precisó que no necesariamente se trata de un regreso a un estado anterior, porque
los abusos se han mantenido con otra cara, quizá no tan siniestra como la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, pero sí con mucha opacidad. No es que eso vaya a volver, más bien siempre hemos tenido un presente autoritario.
Por su parte, Melanie Salgado, integrante del Comité Cerezo
México, consideró que las nuevas facultades de Gobernación forman parte
del cambio de estructuras jurídicas y legales iniciadas en el sexenio de
Felipe Calderón para
Asimismo, la activista indicó que aunque la Cámara de Diputados haya echado abajo la participación de la SG para actuar en caso de disturbios, queda claro que para la clase política una marcha o una manifestación de descontento puede ser un
perfeccionarla represión.
Vemos algo parecido a lo que ocurrió con el mando único para las policías, donde todas las fuerzas quedarían controladas por una sola cabeza. En un país como este, se trata de un refinamiento de los métodos represivos, un avance logístico para cuestiones prácticasque ya están en marcha desde hoy, sostuvo.
Asimismo, la activista indicó que aunque la Cámara de Diputados haya echado abajo la participación de la SG para actuar en caso de disturbios, queda claro que para la clase política una marcha o una manifestación de descontento puede ser un
disturbioy un delito que se debe reprimir.
Lo que ocultan es un intento por criminalizar la protesta social y presentar a quienes participan en ella como gente que viola la legalidad y amerita un castigo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario