La marcha forma parte de una serie de actos de resistencia civil pacífica que acordaron los electricistas durante su asamblea general extraordinaria realizada el pasado 4 de febrero, contra la decisión de la SCJN que les negó el amparo para que la CFE contratara a los 16 mil 599 electricistas que no aceptaron su liquidación tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro hace casi tres años.
Entre los acuerdos, destacan rechazar el monto de la liquidación ofrecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Sobre la marcha-caravana, informó que entregarán personalmente la queja en la CIDH, con apoyo de organizaciones sindicales estadunidenses y canadienses, como la Alianza Trinacional de Solidaridad México.
“Esta caravana, que se denominará ‘Por el Derecho y la Justicia del Trabajador’, contará con la solidaridad global de distintas centrales y federaciones internacionales como la Federación Sindical Mundial y la Central Sindical Internacional (CSI) que a través de sus organizaciones afiliadas”, señaló el SME.
En este contexto, agregó, “acordamos participar en la Jornada Internacional de los ‘Días de Acción’, en solidaridad con el sindicalismo mexicano convocada por la Industrial Global Unión (IGU), del 19 al 24 de febrero, que se realizará prácticamente en todo el mundo”. La IGU cuenta con más de 50 millones de afiliados y organizaciones en más de 140 países del mundo.
Paralelamente, participarán en la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; y en dos más que se realizarán en el país, una hacia el occidente, y la otra, al sureste, con el mismo propósito de denunciar a la SCJN y lograr la unidad del movimiento popular promoviendo, entre otros ejes de articulación del movimiento: la solidaridad con el SME, la baja de las tarifas eléctricas y la lucha en contra de la privatización de Pemex.
El SME acordó también continuar el litigio de la demanda 1267 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA):
“La asamblea general acordó tomar todas las medidas políticas, jurídicas y económicas que eviten la disolución forzosa de nuestra organización; asimismo, promover fuentes de ingreso económico para toda la base social de la resistencia que permitan sostener la heroica lucha de resistencia de los 16 mil 599 trabajadores y trabajadoras que no aceptamos ni aceptaremos la liquidación.”
También pidieron la reactivación de la mesa de negociaciones con el gobierno federal para encontrar una salida política al conflicto.
“Para nosotros está claro que los ministros de la Segunda Sala de la SCJN actuaron por consigna del Ejecutivo federal, pasando por encima de los derechos fundamentales de miles de trabajadores y sus familias”, destacó.
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