Preocupa a Javier Corral los “signos de regresión autoritaria” del PRI

Pedro Matías. proceso.com.mx 1 de marzo de 2013

Javier Corral Jurado.
Foto: Miguel Dimayuga

OAXACA, Oax. (apro).- El senador Javier Corral Jurado manifestó aquí su preocupación porque en el primer trimestre del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, dijo, ha percibido “signos de una regresión autoritaria”.
“Sí, veo signos de regresión autoritaria, de intromisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el hecho de cómo se resuelve el caso Florence Cassez con la intervención del presidente; la intromisión en el IFE para perdonar el tema Monex, y el embate sobre el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos)”, puntualizó.

Sobre la detención de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, opinó que “casos aislados no sirven al país”.
Agregó:
“Lo que sirve al país es ir contra los lideres corruptos del corporativismo sindical (como Carlos Romero Deschamps), es ir contra (exgobernadores) como Andrés Granier, de Tabasco; Jaime Sabines, de Chiapas; Humberto Moreira, de Coahuila, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca”.
De acuerdo con el panista, nadie debe escapar a la acción de la justicia, por lo que “es importante –dijo– que Peña nos demuestre que va en serio, no solo que ha eliminado un obstáculo político”.
Antes de inaugurar las Oficinas de Enlace Ciudadano en esta capital, Corral insistió en que siempre será plausible que se tomen decisiones para sancionar a quienes indebida e ilegalmente han hecho uso indebido de los recursos públicos, y sobre todo de las cuotas de los trabajadores de la educación, que han tenido un destino distinto.
“Yo lo que esperaría es que la detención de Elba no sea una estratagema sólo en búsqueda de legitimidad o de conquistar la credibilidad aún no conseguida por el presidente”, apuntó.
El legislador panista pidió que el de la maestra “no sea un caso selectivo, un caso de justicia aislada, sino que realmente sea el inicio de una decisión política fundamental de combate a la corrupción, no solo en el corporativismo sindical, sino frente a la acción de cualquier actor de la vida pública del país que disponga indebidamente de los recursos”.
Subrayó:
“Sería deseable que fuera una acción generalizada o general de aplicación irrestricta de la ley, de lo contrario estaremos solo ante una medida que reproduce o reitera el método salinista de utilización del Ministerio Público con fines políticos para eliminar un obstáculo de resistencia o una resistencia al proceso de reforma educativa”.
Y confió en que la acción de Peña Nieto no solamente busque un impacto político y mediático, también –sostuvo– es necesario un impacto en la democratización del SNTE, que sirva para que los profesores sean dueños de la decisión de elegir a sus dirigentes magisteriales.
Consideró, asimismo, que “muy pronto sabremos si la de Peña Nieto es realmente una decisión de política de anticorrupción o solo es una manotazo mediático con pretensiones de intromisión en el sindicalismo magisterial”.
Citó el tema de Monex, que al igual que el asunto de Elba Esther, dijo, es un caso de triangulación financiera con recursos de procedencia ilícita para la campaña de Enrique Peña Nieto, tema que logró se reabriera en el Instituto Federal Electoral.
Puntualizó:
“Cuando el PRI dijo que no tenía relación con algunas de las empresas dispersoras del dinero que fondeó los monederos electrónicos de Monex, comprobamos con el informe de fiscalización de las campañas que el PRI no solo tenía relación indirecta, sino directa”.
Remató:
“Si Monex va a ser realmente sancionado y va a tener el mismo rigor que la investigación que ha tenido el caso de Elba Esther, entonces estaremos ante una política de Estado, de otra manera estaremos ante un quinazo o un elbazo”.