El 28 de noviembre fue asesinado en Hermosillo, Sonora, Nepomuceno Moreno, quien había emprendido una incesante lucha por encontrar a su hijo, secuestrado por policías municipales y estatales el 1 de julio de 2010. Integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el último diálogo en el alcázar de Chapultepec Nepomuceno denunciò ante Felipe Calderon a los responsables de la desaparición de su hijo y las amenazas en su contra. El Presidente prometió “atender el caso”. El 2 de diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Norma Andrade, presidenta de la asociación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” fue baleada. Su estado de salud es grave. Defensora de derechos humanos, su trabajo destaca por denunciar la violencia y los homicidios de mujeres. Ese mismo dìa se encontró el cadáver de la actriz Julia Marichal, quien desarrollaba un trabajo artístico comprometido con las causas sociales y participaba en actividades del MPJD. El 6 de diciembre, en la costa de Michoacán, un comando paramilitar detuvo en la carretera a integrantes del MPJD, después de que la policía federal se negó escoltarlos a una comunidad. La caravana había visitado a la comunidad de Santa María Ostula y Xayakalán. Los encañonaron, les robaron sus teléfonos celulares y secuestraron al líder comunitario Trinidad de la Cruz de 73 años, quien los acompañaba en de regreso a la Ciudad de México. Su cuerpo apareció sin vida un día después. Esos pueblos cuentan con medidas precautorias de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de tres comuneros en 2010. Las amenazas de un ataque paramilitar contra la comunidad crecen. El mismo 6 de diciembre en el trayecto de Petatlán a Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, fueron secuestrados con la complicidad del ejercito Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, A.C. Ambos son integrantes del MPJD y militantes del Partido de la Revolución Democrática. Esos luchadores sociales fueron bajados del autobús por hombres enmascarados y armados antes de llegar a Tecpan de Galeana.
Ante esos graves acontecimientos denunciamos que no son hechos aislados, sino ataques articulados entre bandas criminales, paramilitares y agentes de los aparatos de seguridad del Estado a nivel federal, estatal y municipal, en el marco de la “guerra” de Felipe Calderón, que ha derivado en una verdadera catástrofe humanitaria. Es en ese contexto que Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, el general Guillermo Galván, el almirante Saynez y otros han sido demandados por crímenes de guerra y de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.
Exigimos la inmediata presentación de Marcial Bautista y Eva Alarcón y hacemos responsables a las autoridades de su integridad física; demandamos la detención y enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de la agresión contra Norma Andrade y de los culpables de los asesinatos de Nepomuceno Moreno y Trinidad de la Cruz.
Exigimos el alto a la persecución, hostigamiento y eliminación de defensores de derechos humanos, luchadores sociales y de activistas por la paz. Demandamos el cese inmediato de la estrategia de la “guerra” gubernamental; exigimos el respeto irrestricto al elemental derecho a la vida y a la integridad de la población y de los migrantes y abogamos por la vigencia plena de todos nuestros derechos humanos, políticos y sociales, conculcados hoy por un gobierno cada vez más autoritario y represivo.
Hacemos responsable al Presidente de la República por la integridad física de los secuestrados y responsable de cualquier ataque o agresión que pudiera sufrir cualquier luchador (a) social y defensor(a) de derechos humanos en nuestro país.
Nos encontramos ante una situación extremadamente crítica que está amenazando la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de la población en la mayor parte del territorio nacional. La “guerra” de Felipe Calderón demanda a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a los movimientos sociales, civiles y ciudadanos, a hacer frente a la emergencia nacional de manera coordinada, solidaria y unitaria.
Nos solidarizamos con los movimientos y organizaciones de las cual eran parte los compañeros asesinados y de las que son parte los secuestrado, reconociendo que la justeza de sus demandas debe ser atendida por el Estado y no con represión, asesinato y asesinato.
¡Respeto a la vida, a la paz y a la justicia por el gobierno federal!
¡Alto a la política criminal del gobierno de Felipe Calderón!
México, D.F. a 9 de diciembre de 2011
Este pronunciamiento está abierto a que más personas y organizaciones lo suscriban, para recibir más adhesiones: emergencianacionalporlapaz@yahoo.com.mx
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