1 de junio de 2012
En un comunicado emitido a un mes de la jornada electoral, la organización que tiene su sede en Londres, pidió a los candidatos a la Presidencia que se comprometan a acabar con la impunidad, así como a detener los abusos a migrantes; cumplir tratados internacionales y dar garantías a defensores y periodistas para que ejerzan sus respectivas labores sin riesgos.
Como lo anunciaron los directivos de AI la semana pasada durante la presentación del informe anual sobre violaciones a los derechos humanos, este viernes la organización difundió un pronunciamiento a los cuatro candidatos presidenciales, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri de la Torre.
En
el documento, AI exhorta a los candidatos a que aceptar una serie de
recomendaciones en materia de respeto a los derechos humanos. Los
aspirantes deberán responder a la solicitud a más tardar el 18 de junio.
El
documento enviado a los candidatos resalta que pese a los graves
problemas sociales, las propuestas de campaña adolecen de “iniciativas
concretas con la protección y vigencia de los derechos humanos”.
La
organización recordó que “miles de personas y poblaciones en México han
sufrido graves violaciones de derechos humanos, sin contar con acceso
efectivo a la justicia y no han obtenido reparación por estos abusos”.
Asimismo,
destacó la crisis en el sistema de seguridad pública y en el de
justicia, tanto que “parecen ser parte del problema y no un remedio para
responder a la violencia de grupos criminales”.
Entre su
preocupación, AI destacó la militarización del país, misma que “no ha
servido para proteger a la población de la violencia, sino que ha
causado un aumento alarmante de las violaciones a derechos humanos”.Para la organización “la tortura, la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza se han vuelto endémicos y amplios sectores de la población han sufrido una ola de violencia y abusos sin tener acceso a protección o justicia”.
Agregó que “la extrema pobreza sigue socavando la protección de los derechos humanos de grandes sectores de la sociedad”, además de que la discriminación y la desigualdad de “comunidades marginadas como los pueblos indígenas y las personas inmigrantes irregulares, siguen sin atenderse debidamente”.
Alertó sobre la “rutinaria” violencia contra la mujer, así como los obstáculos que se tienden contra el trabajo de defensoras de derechos humanos y periodistas; personas que “han sido atacadas o asesinadas sin que el gobierno haya respondido de manera efectiva”.
Peor aún, sostuvo, “a pesar de los reclamos, las víctimas no han tenido acceso a la verdad, justicia y reparación. La impunidad que gozan los responsables en la gran mayoría de los casos no es la excepción sino la regla”.
En la carta firmada por Javier Zúñiga García Borja, asesor especial para Programas Regionales, AI hizo una serie de recomendaciones:
-Reconocer las violaciones graves “cometidas en el contexto del combate a la delincuencia”;
-Garantizar que los responsables por violaciones a derechos humanos “rindan cuentas ante la justicia basados en una investigación pronta, imparcial y de calidad, incluidos los funcionarios públicos que por colusión o por aquiescencia pudieran ser responsables”;
-Realizar las reformas legislativas necesarias para que “todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas sean investigadas, procesadas y enjuiciadas por la justicia civil”.
Asimismo, pidió a los aspirantes a comprometerse a que las reformas al sistema de justicia, federal y estatales, estén apegadas al respeto a los derechos humanos;
-Garantizar verdad y justicia para los familiares de desaparecidos del pasado y del presente;
-Eliminar
el arraigo y poner fin a la “impunidad constante de agentes del Estado
que recurren a la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza”.
Amnistía
Internacional sostuvo que confía en que “los derechos humanos se
entiendan no como una cuestión secundaria o desconectada de los asuntos
políticos, económico o de seguridad, sino como un eje prioritario y
vertebrador (sic) de todas las políticas públicas”.“No es suficiente que los candidatos se declaren a favor de los derechos humanos en términos generales. Es esencial que se comprometan en cumplir con las recomendaciones resaltadas en esta carta y las enumeradas por los mecanismos de derechos humanos de la ONU y de la OEA”, finalizó la organización internacional.
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