Se pretenden construir dos
termoeléctricas y un gasoducto en la zona de riesgo del volcán en
beneficio de las trasnacionales españolas Elecnor y Abengoa, denunció el
frente de Pueblos en Defensa por la Tierra.
Rosa Rojas. La jornada en línea.
Publicado: 11/07/2012
Publicado: 11/07/2012
México, DF. La pretensión de construir dos termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros en la zona de riesgo volcánico del Popocatépetl representa un peligro para cerca de medio millón de habitantes de Morelos, Tlaxcala y Puebla. Este megaproyecto es impulsado por la paraestatal Comisión Federal de Electricidad para beneficio de dos trasnacionales españolas: Elecnor y Abengoa, denunció hoy el Frente de Pueblos en Defensa por la Tierra y el Agua de esos tres Estados.
Integrantes del citado frente, así como representantes del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, del movimiento #YoSoy132 y de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos, denunciaron que se pretende construir este megaproyecto violando el derecho a una consulta previa e informada y pese a recomedaciones en contra del Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto de Geografía de la UNAM, así como de especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Universidad Autónoma de Puebla, por lo que los pueblos que serían afectados tomaron la decisión de impedir la realización de las obras.
En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Araceli Hernández, de Tlaxcala; Alejandro Estudillo de Morelos y Juan Carlos Flores, de Puebla, detallaron que una termoeléctrica de ciclo combinado se planea construir en 45 hectáreas aledañas al pueblo de Huexca, Morelos y otra en Tlaxco, Tlaxcala. El megaproyecto, con un costo total de mil 600 millones de dólares, afectaría directamente a 60 comunidades de los estados mencionados.
El gasoducto, del cual 23 kilómetros se ubicarán en la zona de alto riesgo volcánico, transportaría 9 mil 61 millones de litros de gas metano al día. Los denunciantes señalaron que las autoridades, tanto federales como estatales y municipales han regateado la necesaria información a los pueblos, y en cambio la Semarnat ya aprobó las declaraciones de impacto ambiental tanto de la termoeléctrica de Huexca como del gasoducto.
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