Fuente: http://contralinea.info
Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores. Entre las misiones ordenadas a la tropa destacan fingirse policías o civiles y contener los “ataques”, “sabotajes” o acciones “terroristas” de los “transgresores de la ley”. Además, supuestos agentes del organismo de inteligencia civil infiltraron el movimiento no sólo para monitorearlo, sino para generar violencia y desprestigio. De todo da cuenta un expediente entregado por los electricistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ilegal”, el uso de las instituciones de seguridad nacional contra movimientos sociales, señala integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional
Un expediente en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abierto por el Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), documenta la utilización de
instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano para reprimir al
movimiento obrero: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo con los documentos recabados
por el SME y presentados ante el organismo internacional, tropas del
Ejército Mexicano y agentes del Cisen fueron utilizados durante el
sexenio de Felipe Calderón para despojarlos de su fuente de trabajo y,
luego, para reprimir, desprestigiar y extinguir el movimiento.
En el documento, con el que los
electricistas buscan probar en tribunales internacionales la ilegalidad
de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, se integra
una copia de un expediente abierto en tribunales militares mexicanos
contra un efectivo del Ejército que se negó a disfrazarse de policía
para ocupar las instalaciones eléctricas. También evidencian el acoso de
“infiltrados de la Secretaría de Gobernación” que buscaban no sólo
recabar información de las acciones que tomarían los trabajadores, sino
de sabotear y desprestigiar a la organización gremial.
Tropa militar disfrazada de policía
El
expediente abierto en tribunales militares da cuenta de la utilización
de tropas del Ejército Mexicano para expulsar de su lugar de trabajo a
los integrantes del SME. En los documentos –de los cuales Contralínea
posee copia– se asienta que efectivos de la 37 Zona Militar fueron
disfrazados de policías e, incluso, se les dio la orden de apostarse en
posición de tiro ante las manifestaciones (“ataques”) que pudieran
suscitarse.
La irrupción de los militares en
instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro ocurrió
alrededor de las 23:00 horas del 10 de octubre de 2009. El gobierno de
Felipe Calderón ejecutaba la extinción de la empresa fundada en 1903 y
para ello echaba mano, oficialmente, de la Policía Federal para que
tomara todas las instalaciones eléctricas de la región centro del país.
Sin embargo, partes militares, pliegos de consignas y oficios –todos
documentos internos de la Sedena– señalan que fueron tropas, materiales y
vehículos del Ejército Mexicano los que ejecutaron la toma de las
instalaciones.
El caso que se documenta en tribunales
militares es el de la Subestación Eléctrica San Bartolo, ubicada en
Tizayuca, Hidalgo. Hasta la fecha, la versión oficial ha señalado que
fueron policías los que tomaron las instalaciones. Durante los últimos 3
años del sexenio de Felipe Calderón, las autoridades aseguraron que los
efectivos castrenses sólo se utilizaron contra el crimen organizado y
que no se emplearon en el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza. Sin
embargo, documentos oficiales señalan que en las instalaciones de San
Bartolo se estableció un destacamento de seguridad militar e incluso una
“base de operaciones”.
Para ello, los militares fueron
disfrazados de policías y las unidades castrenses también fueron
camufladas de policiacas. Incluso dos fotos publicadas en los diarios El Universal y Reforma el
12 de octubre de 2009 –en las que se alcanzaban a observar soldados y
vehículos militares– motivaron un mensaje FCA “extraurgente” al interior
del Ejército Mexicano.
En el documento –con folio 33063, fechado
el 12 de octubre de 2009 y con la referencia “Restricción de
movimientos”–, se aprecia una enérgica reprimenda del comandante de la
Primera Región Militar al comandante de la 22 Zona Militar por las
fotografías aparecidas en los medios citados:
En los periódicos “se aprecia una
fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas, con las siglas
0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, Estado de
México), no obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente
en mensaje FCA 41726, del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas
las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal
uniformado que permita su identificación como militar, debiendo
realizarlas con uniforme azul o civil y en vehículos que no tengan
características militares […]”.
Por el desacato, el comandante de la Primera Región Militar ordena tres “acciones”:
“a) Se le ratifica la orden de imponer
correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado al comandante
del 25 Batallón de Infantería.
“b) Realizar una investigación remitiendo el resultado antes de las 1800 del 15 de octubre de 2009 [sic].
“c) Ratificar y supervisar que la
totalidad de los organismos bajo su mando estén enterados que están
suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con
personal uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz
y Fuerza del Centro (todo movimiento a estas instalaciones),
agradeciéndole realizarlas […] de civil y con uniforme azul y en
vehículos que no tengan características militares [sic].”
De
acuerdo con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos: “Los uniformes y las divisas en el Ejército y Fuerza
Aérea estarán especificados en el Reglamento respectivo y son de su uso
exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por personas,
corporaciones o dependencias que les sean ajenas. Quienes violen estas
disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la ley penal de la
materia”.
Por su parte, el Reglamento de Uniformes,
Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Manual
Gráfico para el Uso de Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos establecen un detallado y estricto sistema del uso del
uniforme de los militares en funciones. En ningún caso se establece la
posibilidad de disfrazar a los efectivos castrenses de policías o
civiles mientras se desempeñan en sus bases de operaciones o
destacamentos de seguridad.
Los efectivos del Ejército Mexicano
permanecieron en las instalaciones eléctricas por varios meses, como se
puede apreciar en documentos oficiales emitidos posteriormente.
En otro mensaje FCA, con folio 41357 y
también de carácter extraurgente, se da cuenta del relevo de servicios
en el Destacamento de Seguridad en las instalaciones eléctricas de San
Bartolo, Tizayuca, efectuado el 25 de diciembre de 2009. Entonces se
encontraban en el lugar un oficial y 27 elementos de tropa.
Para el 11 de marzo de 2010 –5 meses
después de la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro– el
mismo número de efectivos se encontraban en la subestación eléctrica de
Tizayuca, Hidalgo, como se desprende del oficio 3308 de la Comandancia
del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate, en el que el entonces
coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor, comandante del batallón,
le informa al general de brigada diplomado de Estado Mayor, comandante
de la 37 Zona Militar, del despliegue operativo y el estado de la
fuerza.
En el documento se señala el despliegue
operativo de 17 unidades, entre destacamentos, bases de operaciones,
retenes y vigilancia.
En efecto, en la relación se incluye la
Base de Operaciones Subestación Eléctrica San Bartolo, en la que los 27
elementos de tropa y el oficial (teniente de zapadores Eglo Jesús
Noriega Vázquez) tenían como misión “proporcionar seguridad a las
instalaciones”. Pero también se revela la presencia castrense en otras
instalaciones de Luz y Fuerza del Centro con la misma misión.
En el Centro Nacional de Control
Eléctrico, ubicado en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal,
se instaló un destacamento de seguridad con un oficial y 20 efectivos
de tropa. Al frente se encontraba el subteniente de zapadores Natanael
Barrera Velázquez.
En la Subestación Eléctrica Lechería,
ubicada en Tultitlán, Estado de México, se instaló una base de
operaciones, con un oficial y 27 elementos de tropa. El comandante era
el teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez.
Otras instalaciones de Luz y Fuerza –como
talleres y bodegas– también estuvieron ocupadas por militares, según el
documento: en las instalaciones de Los Reyes, ubicadas en Texcoco,
Estado de México, se desplegaron 17 elementos de tropa bajo el mando del
teniente de zapadores Arturo Cruz Gaytán; y en las de San Joaquín
Coapango, también ubicadas en Texcoco, se enviaron 18 efectivos
encabezados por el teniente de zapadores Alberto de la Cruz Felipe.
El expediente abierto en tribunales
militares también incluye la designación del teniente de zapadores
Marcos Gerardo Mendoza Pérez como comandante del Destacamento de
Seguridad de la Subestación Eléctrica San Bartolo –ubicada en el
municipio hidalguense de Tizayuca–, en sustitución del teniente de
zapadores Gabriel Alberto Guzmán Ruiz, a partir del 16 de marzo de 2010 y
“hasta nueva orden”.
En el oficio 3534 se leen las actividades
que debería realizar el nuevo comandante en la subestación eléctrica:
“[…] deberá apegarse en todo momento a las consignas establecidas,
partes vitales de la instalación resguardada, planes de seguridad y de
defensa, entre otros, así como la siguiente misión:
“Proporcionar seguridad física a las
instalaciones de la Subestación Eléctrica y garantizar la seguridad del
personal que labora en la misma, así como evitar actos de sabotaje y
terrorismo por parte de transgresores de la ley, exhortándolo a poner
toda su astucia y profesionalismo en la seguridad de la citada
instalación vital [sic].”
El mismo documento contiene la fatiga
(servicio que se cumple en un turno establecido) del personal oficial y
tropa destacados en la Subestación Eléctrica San Bartolo. En efecto,
como comandante aparece Mendoza Pérez; y como comandante segundo, el
sargento segundo de zapadores Juan González Santillán. La lista se
completa con 18 soldados más.
Pero el expediente también cuenta con el pliego de consignas a las que tenía que sujetarse el comandante. Entre ellas:
“2. Este servicio tienen por objeto dar
seguridad física a la Subestación Eléctrica San Bartolo, considerando su
instalación como base de operaciones y vigilancia, debiendo asegurar la
conservación del orden en las inmediaciones de la misma.
“[…] 4. No permitirá la presencia de
vendedores ambulantes a inmediaciones de su servicio y mucho menos su
acceso al interior de la misma.
“5. A partir de las 21:00 horas y hasta
el término de las horas de oscuridad marcará el alto a cualquier persona
extraña, vehículo militar o civil que se aproxime al puesto de
seguridad.
“[…] 9. En caso de ser atacada la base de
operaciones, instruirá al personal que se encuentre apostado se proteja
utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser
blanco redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del
sector de tiro que le corresponda [sic].
“10. Cuando una persona desconocida se
encuentre a inmediaciones del puesto y porte o haga uso de cámaras
fotográficas, procederá a averiguar de inmediato su propósito y si
procede a su detención momentánea, dando parte a la 37 Zona Militar,
Tercer Batallón de Infantería y al jefe de Vigilancia para recibir las
indicaciones correspondientes [sic].”
Martín Esparza Flores, secretario general
del SME, considera que los expedientes a los que tuvieron acceso
prueban que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue “una decisión
autoritaria: es ilegal usar a las Fuerzas Armadas en época de paz y
contra un sindicato; además, fueron obligados a disfrazarse de policías;
¿y la normativa nacional e internacional sobre el uso de los uniformes
militares?”.
Y es que los efectivos del Ejército
ocuparon las instalaciones eléctricas sin que hubiera motín alguno y sin
que el sindicato hubiera desacatado una notificación de abandonar sus
centros de trabajo.
“Además entraron con lujo de violencia,
pues rompieron cristales y a los trabajadores les quitaron sus
credenciales. Muchos de ellos fueron prácticamente secuestrados durante
días, porque a varios los obligaron a permanecer ahí trabajando de
manera forzada”, agrega Esparza Flores.
Lo que considera la ilegal utilización de las instituciones del Estado mexicano contra el SME es la punta de lanza en el expediente que el 24 de mayo pasado se comenzó a integrar en la CIDH.
“Nos recibió personalmente en Washington
el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Le explicamos. Él conoce
perfectamente el caso. Estamos aportando más elementos. Pero uno de los
más importantes, tal vez el más contundente, es la falta del debido
proceso y el abuso de las Fuerzas Armadas”, señala el líder sindical.
Los elementos de la Sedena no fueron los
únicos funcionarios de instituciones de seguridad nacional utilizados
contra una organización legal de trabajadores, el SME. También elementos
del Cisen fueron infiltrados en las instalaciones y actividades del
sindicato. Su misión no sólo era recabar información de la lucha legal y
social que desarrollaba la organización gremial, sino provocar hechos
de violencia e incidir en las decisiones que tomaban los trabajadores
movilizados.
Los electricistas han reunido un
expediente de 320 fotografías con los rostros de quienes han
identificado como espías y saboteadores. A algunos de ellos los han
increpado y han obtenido declaraciones –grabadas en audio o video– donde
los policías encubiertos reconocen pertenecer a alguna institución
gubernamental. Los trabajadores siempre entregaron a los espías a las
corporaciones policiacas de la ciudad y, en un caso, a funcionarios del
gobierno federal.
“Yo personalmente le entregué al
exsecretario de Gobernación, Francisco Blake Mora [fallecido el 11 de
noviembre de 2011, cuando se accidentó el helicóptero en que viajaba] un
disco de 250 fotografías de personas involucradas o infiltradas en
nuestro movimiento. Y le informamos de aquellos que detectamos y que
pusimos a disposición de las autoridades.”
—¿Y las autoridades hicieron las
investigaciones correspondientes? ¿Se sancionó a alguien por esos
hechos? –se le pregunta a Martín Esparza.
—En ningún momento. Todos los casos que presentamos en Gobernación y en los ministerios públicos nunca caminaron. Siempre nos enfrentamos a funcionarios y jueces de consigna que se alinearon a la política gubernamental de destruir el movimiento.
—¿Los infiltrados lograron incidir en las acciones y las decisiones que tomó el sindicato?
—Muchas veces. En varias protestas en las
que hubo violencia, quienes agredían eran ellos. Tenemos fotografías de
los hechos. Y hasta enfrentamos las denuncias correspondientes.
Detectamos que ellos eran los que rompían cristales de algunas patrullas
y vehículos.
Destacan tres casos de elementos del
Cisen descubiertos en distintas ocasiones. De ellos, los trabajadores
cuentan con copias de las respectivas credenciales de elector que
portaban en ese momento y las grabaciones de los diálogos que
sostuvieron.
Uno
de ellos habría participado en el inicio de la gresca entre policías e
integrantes del SME el 11 de abril de 2011. A decir de Martín Esparza,
se montó una provocación cuando los trabajadores se encontraban frente a
los policías. Por esos hechos sigue preso el trabajador Jorge Ulises
Uribe Gaona. No sería el único caso en hechos de violencia en que los
supuestos infiltrados incitaban a la violencia.
Otro supuesto integrante del Cisen se
encontraba en una de las acciones más emblemáticas de la lucha del SME:
la huelga de hambre iniciada a finales de noviembre de 2009. Uno de los
huelguistas no era trabajador de Luz y Fuerza. “Era de los que decía que
la dirigencia ya había vendido el movimiento y que la única solución se
conseguiría por la vía armada; y cuando comenzamos a averiguar más de
él y revisamos su mochila, resulta que tenía fotos de los mismos de la
huelga de hambre; y sus credenciales eran falsas”, dice Martín Esparza.
Un supuesto agente de inteligencia más
habría sido sorprendido en una asamblea celebrada en la sede de Antonio
Caso del SME. Este policía fue entregado directamente a las autoridades
federales que lo reclamaron.
“No podíamos conocer a todos los
compañeros trabajadores y jubilados. Somos miles. Entonces sí tuvimos
que tomar determinaciones, como que no podíamos permitir el ingreso a
las instalaciones ni que participaran en las marchas si no presentaban
su credencial. Es que, además, varios de esos infiltrados estaban
apuntados hasta en los grupos de trabajo. Llegaban con sus gorras y sus
playeras del SME, pero no eran trabajadores”, explica Esparza.
Para el dirigente obrero el uso de
militares y agentes encubiertos contra los movimientos sociales es
ilegal. “Se trata de un acto autoritario, porque todos tenemos el
derecho a la protesta; pero también es un asunto de malversación de
fondos, porque se están derrochando recursos en actividades que están
fuera de la ley”.
A decir de la diputada Lizbeth Rosas
Montero, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del
Congreso de la Unión, es “ilegal” el uso de las instituciones de
seguridad del Estado mexicano contra movimientos sociales abiertos,
legales y legítimos. “Simplemente no está dentro de las facultades que
señala la ley”.
Contralínea solicitó entrevista
con el director de Comunicación Social de la Sedena, general brigadier
Martín Terrones Calvario, acerca de la utilización de soldados,
disfrazados de policías en la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza
del Centro. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta
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