Durante la plenaria, los mentores se pronunciaron también de manera enérgica contra la represión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl José Guadalupe Aguilera” de Canatlán, Durango, y, en el plano estatal, exigieron al gobierno de Gabino Cué el cumplimiento de las respuestas al pliego petitorio 2012, pues de lo contrario, advirtieron, se reservarán el derecho de tomar acciones contundentes.
La Asamblea Estatal convino investigar y condenar el desvío de 660 millones de pesos que se detectó como resultado de la auditoría integral al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y del nivel de secundarias técnicas.
Otro de sus pronunciamientos giró en torno a la exigencia del esclarecimiento y castigo a los autores materiales e intelectuales de la muerte del profesor jubilado y síndico municipal de Santa Cruz Xitla, Miahuatlán, Luis Enrique Martínez Cruz.
Además, los maestros se pronunciaron en contra de la represión ejercida contra los campesinos de Santiago Amoltepec por parte de los cuerpos policiacos del estado, con la anuencia de Pedro Luis Jiménez Hernández (quien se ostenta como presidente municipal sin reconocimiento).
También demandaron la salida de la delegada estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Concepción Rueda Gómez, y de la responsable del programa de albergues escolares en Tlaxiaco, Obdulia Paz.
Los mentores se manifestaron por la salida de las funcionarias al considerar que hicieron denostaciones al magisterio ante las autoridades respecto al tema de los abusos sexuales detectados en Albergues Escolares Indígenas.
Asimismo, exigieron al gobierno estatal y a las autoridades municipales de San Miguel Tecomatlán y San Francisco Jaltepetongo brindar seguridad a alumnos y docentes en el desarrollo de las actividades educativas.
También ratificaron la exigencia de la salida de Marco Tulio López Escamilla de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, castigo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y demás responsables de las agresiones al pueblo de Oaxaca, y justicia por los asesinatos y desapariciones de los integrantes del movimiento democrático de los trabajadores de la educación y luchadores sociales.
De igual forma, en la Asamblea Estatal se ratificó la exigencia ante los gobiernos federal y estatal de la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar, así como de Guadalupe Pérez Sánchez y demás desaparecidos en años anteriores.
Y más: exigieron castigo a los culpables del asesinato del profesor Rafael Vicente Rodríguez, secretario de Organización del CES durante el periodo 1995-1998, y del activista opositor a la minera Cuzcatlán en San José del Progreso, Bernardo Vásquez Sánchez.
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