En un comunicado, la organización internacional resaltó que la recomendación 39/2012 “establece plenamente la responsabilidad de miembros de la Marina en la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de los seis hombres”, entre el de 2 y el 5 de junio de 2011.
Dicha recomendación, se añadió AI, documentó agravios cometidos no sólo contra las víctimas directas, sino también a sus familiares “que continúan sufriendo las graves consecuencias de las violaciones de derechos humanos”.
Sin embargo, la organización internacional consideró “preocupante” que el organismo público dirija la recomendación de que sea la misma Semar la que dirija las indagatorias sobre las desapariciones forzadas cometidas por sus elementos.
Por ello, Amnistía llamó al presidente Felipe Calderón “en su papel como comandante supremo de las fuerzas armadas que ordene que tal investigación se asegure de que el proceso judicial sea de plena competencia del sistema de justicia ordinario, de conformidad con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que establecen la competencia exclusiva de la justicia civil en casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas”.
Amnistía Internacional hizo un recuento de este caso, documentado por sus expertos en junio de 2011, cuando denunció públicamente la desaparición forzada de José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Días Camarillo, Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillén Martínez y Joel Díaz Espinoza.
Los hechos retomados por AI de una organización local de derechos humanos y de los mismos familiares, fueron inicialmente negados por la Semar, pero después reconoció que hubo un contacto “no definido con las víctimas”.
La organización internacional recordó que pese a que en ese momento solicitó la intervención de Felipe Calderón, sólo recibió una respuesta de la PGR en la que le informó que la Secretaría de Marina le notificó que las víctimas fueron “dejadas en inmediaciones del Centro Camionero de Miguel Alemán, Tamaulipas”, información que se dijo a la organización “fue proporcionada por dos taxistas”.
En su comunicado, señaló Amnistía: “Al parecer, la PGR se deslindó de la responsabilidad de investigar los hechos y corroborar la información de la Semar. Sin embargo, la investigación de la CNDH establece que la información de Secretaría está infundada porque el taxista que al parecer presentó la información no existe”
Con este antecedente, la organización internacional sostuvo que hay serias dudas sobre “la integridad de la investigación y la voluntad de la Secretaría de Marina para investigar los hechos de forma imparcial”.
Amnistía insistió en la urgencia de que este caso y todos los similares a él sean asumidos por la justicia ordinaria, a fin de que “asuma la responsabilidad ante las víctimas y sus familiares de investigar a fondo este caso, y por lo tanto confirmar que la Semar no tiene competencia constitucionalmente”.
El organismo sostuvo que casos como la desaparición forzada de personas en Tamaulipas, “ponen a prueba la voluntad política del gobierno de México para resolver graves violaciones de los derechos humanos ya que éste tiene en sus manos todos los elementos para hacerlo”.
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