Sesión del TEPJF.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
En la sesión de la Sala Superior, el magistrado Constancio Carrasco Daza argumentó que el TEPJF tiene como plazo legal el 31 de agosto para resolver las impugnaciones en torno a la elección presidencial y no puede modificar la fecha.
Y aclaró que los plazos de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) no están ligados con los tiempos de calificación por parte del Tribunal.
Lo anterior en respuesta a la petición formulada por el Movimiento Progresista de que el TEPJF aplace su resolución para que pueda dar tiempo a la Unidad del IFE de concluir al menos 11 demandas de investigación en materia de fiscalización a los gastos de campaña del priista Enrique Peña Nieto.
“No podemos a capricho modificar estos plazos”, dijo el magistrado Flavio Galván, quien recordó que existen tiempos establecidos en la ley.
Por su parte, el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, aclaró que la calificación de los comicios presidenciales se realizará dentro de la fecha límite que marca la ley, esto es, el jueves 6 de septiembre.
Luna Ramos destacó que “el proyecto deberá presentarse en estos días a la totalidad de los magistrados, si tenemos presente que el término para realizar el cómputo final y la calificación de la elección presidencial vence el 6 de septiembre”.
De acuerdo con un comunicado del TEPJF, el magistrado presidente hizo referencia a que la resolución de juicio central, con base en el cual el Movimiento Progresista pide la invalidez de la elección presidencial, así como los trámites posteriores, se realizarán “en estos días” con el fin de cumplir con los plazos que marca la ley.
Durante un encuentro con especialistas electorales de diversos países, el magistrado presidente aseveró que “la transparencia es uno de los ejes rectores” de este órgano.
En su turno, el magistrado Pedro Esteban Penagos hizo un recuento del proceso electoral y dijo que el Tribunal decidirá con base en las pruebas aportadas.
“El juez tiene que revisar las pruebas para poder demostrar que se violaron principios constitucionales o de la ley electoral; nos tienen que allegar las pruebas idóneas y para eso se necesitan argumentos, pruebas y razón”, señaló.
En tanto, Luna Ramos expuso a los especialistas los pormenores del actual proceso electoral y la solicitud que existe para anular la elección presidencial.
Este juicio será analizado por el pleno de la Sala Superior, a partir del proyecto de dictamen de cómputo final y de calificación de la elección presidencial, es decir, de validez o nulidad de la misma.
El proyecto será presentado por la Comisión Calificadora, integrada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar.
Después de las reformas al artículo primero constitucional, recordó, ha sido un reto garantizar los derechos humanos en la administración de la justicia, por lo que hizo votos para que las recomendaciones de los especialistas internacionales ayuden a perfeccionar el sistema electoral mexicano.
En su oportunidad, el magistrado Manuel González Oropeza destacó la sentencia emitida por el Tribunal en noviembre del año pasado sobre equidad de género, y dijo que es un motivo de orgullo que en la próxima Legislatura el 36% de sus integrantes sean mujeres.
“Necesitamos de especialistas para que nos vayan orientando sobre la solución de conflictos electorales”, dijo.
Mientras, María del Carmen Sacasa Ventura, representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacó el diseño y las mejoras que ha hecho México en su sistema electoral, que prácticamente no tienen paralelo en el resto del mundo en cuanto al esfuerzo, talento y audacia política que el país ha dedicado a su proceso de transición democrática.
Dijo que la democracia en México ha alcanzado un punto en el que no hay lugar para el retorno. Pese a existir asignaturas pendientes y áreas que aún pueden fortalecerse, el país abraza principios y valores universales de desarrollo.
En el encuentro participan, además del PNUD, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Agencia de Elecciones de Canadá, el Centro Nacional para las Cortes Estatales y el Consorcio Internacional para la Excelencia en las Cortes.
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