La anunciada intención de aprobar en
el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las
puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de
ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores
sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación
constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los
mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos
energéticos en los últimos sexenios.
Cambiar
el actual régimen de propiedad exclusiva de la nación a través del
Estado, bajo el supuesto de que es la única salida para fortalecer
financieramente a Pemex, es venderle una gigantesca mentira a todo el
país, sobre todo cuando desde hace varios años expertos en la materia
han señalado con exactitud que el problema financiero de la paraestatal
más importante radica en su injusto régimen fiscal y la errada
fragmentación que se hizo de la misma, al dividirla en empresas
subsidiarias durante el sexenio salinista.
No puede entregarse a manos privadas
la riqueza que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es propiedad del pueblo de México, bajo el sofisma de
que la reforma no busca “privatizar” uno de los sectores que a nivel
mundial es considerado como estratégico para el desarrollo económico,
como es el de los hidrocarburos.
Desde todos los ámbitos de las
organizaciones sociales tiene que construirse la inaplazable demanda de
exigir una auditoría ciudadana para que el gobierno mexicano entregue a
la sociedad toda la información necesaria que permita conocer cuál ha
sido el manejo y el rumbo que han dado a los recursos energéticos los
gobiernos, como los emanados del Partido Acción Nacional, que terminaron
entregando el sector eléctrico a trasnacionales (Iberdrola, Unión
Fenosa, Mitsubishi, Intergen, TransAlta y Mutsui, entre otras) con un
alto costo para las finanzas públicas, mediante la autorización de 772
permisos bajo la figura de productores independientes de energía, con lo
que también prohijaron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
como en el caso de Pemex, una “quiebra técnica” en sus finanzas y la
desaparición de Luz y Fuerza del Centro, por medio de un ilegítimo
decreto de extinción.
Así como en la expropiación petrolera
de 1938 el pueblo entero se volcó a ayudar, con lo que tuvo a su
alcance, al gobierno de Lázaro Cárdenas para pagar la indemnización a
las firmas extranjeras, ahora el gobierno priísta debe consultar y
explicar a ese mismo pueblo el por qué de su intención por echar reversa
a la historia y permitir que el capital privado retorne a disfrutar de
las riquezas nacionales. Si nos atenemos a que la máxima soberanía del
país radica en el pueblo, deberá tomarse en cuenta su punto de vista,
informando con exactitud de las consecuencias y dimensiones que tendrá
una medida de tal naturaleza que, por donde se le quiera ver, no puede
esconder sus matices antinacionalistas.
Quienes alientan la reforma tendrán
que explicar cómo es posible que, mientras en todo el mundo los países
productores de petróleo han retornado al llamado “modelo integral de
gestión” –donde sus gobiernos confieren un valor geopolítico de primer
orden a sus reservas petroleras en el rango estratégico de su seguridad
nacional–, en nuestro país se pretende actuar en sentido inverso
obstinándose a alentar el denominado “modelo atomizado de gestión”
adoptado en la década de 1980, cuando de acuerdo con las tendencias
globalizadoras se pensaba que era benéfica la fragmentación de las
grandes empresas productivas y alentaba la asociación público-privada
como justificación de la privatización.
En el actual contexto en que pretende
incubarse la reforma energética, resulta insalvable ubicar en la agenda
de los grandes temas nacionales el análisis del injusto régimen fiscal
impuesto a Pemex y que en los últimos 2 sexenios conllevó a su franco
deterioro financiero, al ser la única empresa petrolera en el mundo que
es gravada con impuestos muy por encima de los estándares
internacionales, y en el colmo de los despilfarros el gobierno federal
se permitió el manejo discrecional de los excedentes petroleros.
Pemex se ha convertido en la tablita
salvadora de las equivocadas políticas hacendarias de recaudación, que
han solapado la evasión fiscal, sobre todo de los grandes consorcios
nacionales; un análisis realizado por la Universidad Nacional Autónoma
de México en 2004 reveló que mientras la evasión alcanzó en aquel año la
cifra de 610 mil 800 millones de pesos, esta falta de recursos fue
subsanada en buena parte por la carga fiscal impuesta a Pemex, que
ascendió, en el mismo periodo, a 473 mil millones de pesos. Por esta
razón, los expertos indican que la empresa se encuentra en una quiebra
técnica, ya que a la fecha el gobierno federal le extrae por el cobro de
impuestos y derechos el 128 por ciento de su rendimiento de operación.
Se habla ahora de la posibilidad de
asociar a Pemex con la brasileña Petrobras, a la que los desinformados
economistas oficiales le ponderan una alta eficiencia, pero se cuidan de
decir que en los comparativos internacionales de lo que pagan –vía
impuestos– las empresas petroleras del mundo, Pemex es, de forma por
demás inconcebible, la que más es sangrada en sus ingresos por
dicho concepto. Por ejemplo, mientras en 2009 poderosas firmas como la
Royal Dutch Shell apenas erogaban por esta obligación 8 mil 300 millones
de dólares; PetroChina, 4 mil 900 millones de dólares, y Petrobras, 5
mil 200 millones, Pemex pagaba la estratosférica cifra de 40 mil 500
millones de dólares.
Es obvio que, al no haber utilidades,
su capitalización y modernización se han visto seriamente mermadas,
contrario a lo que sucede con el resto de las empresas petroleras del
mundo, tanto privadas como gubernamentales, que invierten un porcentaje
importante de sus ganancias en infraestructura, tecnología y proyectos
de exploración.
Además del debate nacional que debe
asumir la sociedad, los diputados y senadores tienen la responsabilidad
histórica de analizar y plantear a la nación estrategias alternativas en
el sector energético que permitan su fortalecimiento sin menoscabo de
nuestra soberanía económica, pues en el tema del sector eléctrico es
evidente que el modelo de creciente participación de los permisionarios
privados está desmantelando el servicio público nacional, primero con la
extinción de Luz y Fuerza del Centro y progresivamente con la pérdida
de capacidad de generación por parte de la Comisión Federal de
Electricidad.
Los legisladores tienen la obligación
de explicar a toda la nación las razones por las cuales se ha aceptado
que la CFE firme en desventajosas condiciones contratos hasta por 25
años con las trasnacionales para la compra de su energía generada. Para
diciembre de 2009, la adquisición de energía a las firmas extranjeras le
había costado al país más de 268 mil millones de pesos, y se estima
que, por los compromisos contraídos, de 2010 a 2041, los mexicanos les
habremos de pagar 1.6 billones de pesos, según estableció con claridad
el análisis de la Cuenta Pública 2009, practicado al sector eléctrico
por la Auditoría Superior de la Federación.
Todos los mexicanos tenemos el derecho
de exigir cuentas también del destino que tuvieron los 14 mil millones
de dólares que en 2008 ingresaron a las arcas nacionales por concepto de
los excedentes petroleros. Multimillonarias cifras que fueron manejadas
de manera discrecional por el gobierno de Felipe Calderón, y que
acrecentaron, con tan cuantioso saqueo, la “quiebra técnica” de Pemex.
Antes de aprobar cualquier reforma energética debe practicarse una
auditoría ciudadana a nuestros recursos energéticos, para comprobar que
nuestras empresas públicas son rentables y han sido “quebradas”, o
desaparecidas como Luz y Fuerza del Centro, para poder abrir las puertas a la silenciosa y encubierta privatización. Ésa es la antinacionalista razón de fondo.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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