MÉXICO, D.F. (Proceso).- A unos cuantos días que Eduardo Sánchez, ex-abogado general de Grupo MVS, asumiera las funciones de coordinador general de Comunicación Social de la
Presidencia, la empresa de Joaquín Vargas inició una escalada contra Carmen Aristegui y su equipo de investigación, el mismo que reveló el escándalo de la Casa Blanca del primer mandatario Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.
El acoso se inició como una reacción airada de la empresa contra la presentación de la nueva plataforma digital Méxicoleaks.
En desplegados a página entera en la mayoría de los periódicos capitalinos y con spots en sus propios espacios informativos, Grupo MVS afirmó el miércoles 11 que no forma parte de Méxicoleaks y calificó “no sólo como un agravio y una ofensa, sino un engaño a la sociedad”, el uso de su marca.
El jueves 12 se difundieron más desplegados y spots de Grupo MVS donde corrigieron su posición original: “La plataforma Méxicoleaks no es el problema”, afirmaron. El conflicto obedece a que “es inaceptable” que “algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas de la empresa para realizar alianzas, sin conocimiento y la autorización de la administración.
“El problema obedece y se limita a la disposición indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa”, afirmó Grupo MVS. El texto no mencionaba a Aristegui ni a sus colaboradores, pero la alusión era evidente.
En menos de 48 horas MVS decidió despedir –al mediodía del jueves 12– a los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta, ambos de la unidad de investigaciones especiales del equipo de Carmen Aristegui, con el argumento de la “pérdida de confianza” y “el uso indebido de nuestros recursos humanos tecnológicos y materiales”.
Aristegui no fue notificada ni consultada antes sobre los desplegados ni sobre el despido de los dos periodistas que realizaron el trabajo de investigación en torno al escándalo de la Casa Blanca, revelado en noviembre de 2014, y otros asuntos importantes como el seguimiento de la matanza de Tlatlaya y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde su cabina radiofónica, Aristegui respondió primero con extrañeza ante la hostilidad de MVS. Ningún encuentro entre Joaquín Vargas y ella se produjo en ese contexto. La conductora consideró el jueves 12 que el caso Méxicoleaks era un “conflicto artificial” para forzar una ruptura o una salida del espacio noticioso.
El ómbudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, emitió un posicionamiento público de diez puntos en el cual consideró que “sí se debió solicitar autorización” de los directivos del grupo para el acuerdo con Méxicoleaks, pero criticó la campaña mediática calificándola de “mecanismo de presión inédito de una empresa hacia algunos de sus propios periodistas y conductores que podría afectar su desempeño periodístico”.
La adhesión de la periodista Carmen Aristegui a la plataforma Méxicoleaks fue el pretexto para que su patrón, el Grupo MVS, desatara contra ella una campaña de descalificación y hostigamiento. La empresa alegó que ella usó sin permiso el nombre del consorcio de la familia Vargas. Y luego vino el despido fulminante de dos de los principales reporteros del equipo de la periodista. Pero estos manotazos de censura deben colocarse en el contexto de la próxima licitación de una red compartida a la cual aspiran los dueños del grupo radiofónico, aunada a los enconos oficiales que despertó la divulgación del “caso Casa Blanca”.
Fuente: Revista Proceso
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