26 de febrero de 2013
Peña, Chuayffet y Cordero durante la firma de la reforma educativa.
Con la reforma, según afirmó el lunes pasado el presidente Enrique Peña Nieto–, el Estado mexicano recuperó la acción rectora y reguladora sobre el sector educativo nacional.
Además, según el inciso “d” que se adicionó a la fracción II del artículo 3 constitucional, la educación “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”.
A la fracción III del mismo artículo se le adicionó un párrafo que asegurará al Estado la acción rectora de la educación y en particular del magisterio, por encima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) liderado por Elba Esther Gordillo.
Señala el precepto legal:
“…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
“La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.
Asimismo, se adicionó la fracción IX por el que se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa cuya función será garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. Dicho sistema será coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que tendrá carácter público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Al INNE le corresponderá evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Será dirigido por una Junta de Gobierno compuesta por cinco integrantes propuestos por el Ejecutivo y aprobados, previa comparecencia, por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores.
Cada uno de los integrantes desempeñará su encargo por siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. El presidente de la Junta de Gobierno será elegido con voto mayoritario de tres de sus integrantes y durará en el cargo cuatro años.
El presidente tendrá que entregar cinco ternas a la Cámara de Senadores, dentro de los próximos 60 días a partir de la publicación de la reforma, para elegir a los cinco integrantes de la Junta de Gobierno.
En tanto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de la Educación correspondientes, a más tardar en in plazo de seis meses, a partir de la publicación del decreto.
El artículo 73 fue modificado para armonizarlo con el objetivo de establecer el Servicio Profesional docente y tener una mejora continua de la educación “en un marco de inclusión y diversidad”.
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