25 de febrero de 2013
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
La Asamblea Nacional del PRI, que se celebrará 1, 2 y 3 de marzo –el próximo fin de semana– formalizará la eliminación del Programa de Acción de los “candados” a la privatización del petróleo y al cobro de IVA en alimentos y medicinas, a lo que se opuso por décadas.
El primero de los candados que se eliminará será el artículo 154 del Programa de Acción que textualmente establece: “El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”.
El segundo se refiere al sector energético y, en especial, el artículo 302: “(…) rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera”.
El aval del PRI a este plan implica que será aprobado en el Congreso, porque cuenta con el apoyo por lo menos del PAN, que impulsó sin éxito esas reformas durante sus infecundos 12 años de gobierno y cuya condición ha sido ahora que sea el partido de Peña el que pague los costos políticos.
Quiero ver cómo explican Peña y el PRI que se haya lanzado una Cruzada contra el hambre y, al mismo tiempo, suban de golpe 15% los precios de los alimentos y las medicinas, cuyo impacto afectará principalmente a los más pobres de México.
Este no es un asunto de expertos, es de sentido común: Alguien que percibe 2 mil pesos diarios, por ejemplo, y destina una cuarta parte a su alimentación básica, unos 500 pesos, los 75 pesos de aumento por el IVA no le afectarán mayor cosa.
Pero alguien que cobra el salario mínimo de 60 pesos y destina 40 a alimentarse él y su familia, el aumento de 15% implica una pérdida automática de ese porcentaje en su poder de compra, equivalente a 9 pesos. Le quedarán sólo 11 pesos para otros gastos.
Es una infamia.
Los promotores de esta estrategia criminal alegan que van a compensar a los más pobres. Ando buscando al imbécil que se los crea.
Lo mismo ocurre con la “vigorización de la política energética”, como le llama el presidente del PRI, César Camacho, a la privatización del petróleo, un eufemismo que será avalado también por los delegados a la Asamblea Nacional, puros borregos.
El artículo 300 del Programa de Acción del PRI será modificado con este propósito. El vigente dice: “El objetivo de garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, esto implica que es necesario mantener la propiedad, la dirección, el control y el usufructo del Estado en Pemex, CFE y LyFC y transformarlas en empresas paraestatales modernas, para lo cual es indispensable fortalecerlas, innovarlas y actualizar sus marcos legales para que prosiga su aporte al desarrollo del país”.
Y quedaría así: “El objetivo de garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, implica diseñar mecanismos para favorecer una mayor participación del sector privado en la generación de energía, manteniendo la propiedad y rectoría sobre los hidrocarburos y otras fuentes energéticas por parte del Estado y que éste sea garante del desarrollo nacional”.
Un artículo clave que se prevé que desaparezca es el 302, como ya se dijo arriba y que ordena: “De manera complementaria, rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera”.
El propio PRI lo dice en los hechos: Peña, un impostor…
Apuntes
Como lo adelantamos hace un mes, luego de que el Consejo Nacional del PAN, su máximo órgano de dirección, creó una comisión para investigar las complicidades de panistas con casineros: Para ser creíble, esa instancia debe empezar por investigar el financiamiento que recibió Gustavo Madero de Juan José Rojas Cardona, “El zar de los casino”. Pero ni siquiera fue llamado a declarar ni sus operadores en ese nexo, los diputados Jorge Villalobos Séañez y Rodolfo Dorador Pérez-Gavilán. Impunidad absoluta. A eso se atribuye la salida de Raúl Reynoso Nuño como director de comunicación social del PAN, hermano de Carlos, exjefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, operador para la entrega de permisos para casinos… A la impunidad se atribuye también que Madero haya avalado el triunfo de Oscar Sánchez como presidente del PAN en el Estado de México, un sujeto no sólo admirador de Hitler, sino testaferro del diputado Ulises Ramírez, vinculados a conductas criminales…
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