Fuente: http://contralinea.info
Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron 
utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el 
sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados 
–disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal
 Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores. Entre las 
misiones ordenadas a la tropa destacan fingirse policías o civiles y 
contener los “ataques”, “sabotajes” o acciones “terroristas” de los 
“transgresores de la ley”. Además, supuestos agentes del organismo de 
inteligencia civil infiltraron el movimiento no sólo para monitorearlo, 
sino para generar violencia y desprestigio. De todo da cuenta un 
expediente entregado por los electricistas a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. “Ilegal”, el uso de las instituciones de seguridad 
nacional contra movimientos sociales, señala integrante de la Comisión 
Bicameral de Seguridad Nacional
Un expediente en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abierto por el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), documenta la utilización de 
instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano para reprimir al
 movimiento obrero: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). 
De acuerdo con los documentos recabados 
por el SME y presentados ante el organismo internacional, tropas del 
Ejército Mexicano y agentes del Cisen fueron utilizados durante el 
sexenio de Felipe Calderón para despojarlos de su fuente de trabajo y, 
luego, para reprimir, desprestigiar y extinguir el movimiento.
En el documento, con el que los 
electricistas buscan probar en tribunales internacionales la ilegalidad 
de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, se integra 
una copia de un expediente abierto en tribunales militares mexicanos 
contra un efectivo del Ejército que se negó a disfrazarse de policía 
para ocupar las instalaciones eléctricas. También evidencian el acoso de
 “infiltrados de la Secretaría de Gobernación” que buscaban no sólo 
recabar información de las acciones que tomarían los trabajadores, sino 
de sabotear y desprestigiar a la organización gremial.
Tropa militar disfrazada de policía
 El
 expediente abierto en tribunales militares da cuenta de la utilización 
de tropas del Ejército Mexicano para expulsar de su lugar de trabajo a 
los integrantes del SME. En los documentos –de los cuales Contralínea
 posee copia– se asienta que efectivos de la 37 Zona Militar fueron 
disfrazados de policías e, incluso, se les dio la orden de apostarse en 
posición de tiro ante las manifestaciones (“ataques”) que pudieran 
suscitarse.
El
 expediente abierto en tribunales militares da cuenta de la utilización 
de tropas del Ejército Mexicano para expulsar de su lugar de trabajo a 
los integrantes del SME. En los documentos –de los cuales Contralínea
 posee copia– se asienta que efectivos de la 37 Zona Militar fueron 
disfrazados de policías e, incluso, se les dio la orden de apostarse en 
posición de tiro ante las manifestaciones (“ataques”) que pudieran 
suscitarse. 
La irrupción de los militares en 
instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro ocurrió
 alrededor de las 23:00 horas del 10 de octubre de 2009. El gobierno de 
Felipe Calderón ejecutaba la extinción de la empresa fundada en 1903 y 
para ello echaba mano, oficialmente, de la Policía Federal para que 
tomara todas las instalaciones eléctricas de la región centro del país. 
Sin embargo, partes militares, pliegos de consignas y oficios –todos 
documentos internos de la Sedena– señalan que fueron tropas, materiales y
 vehículos del Ejército Mexicano los que ejecutaron la toma de las 
instalaciones.
El caso que se documenta en tribunales 
militares es el de la Subestación Eléctrica San Bartolo, ubicada en 
Tizayuca, Hidalgo. Hasta la fecha, la versión oficial ha señalado que 
fueron policías los que tomaron las instalaciones. Durante los últimos 3
 años del sexenio de Felipe Calderón, las autoridades aseguraron que los
 efectivos castrenses sólo se utilizaron contra el crimen organizado y 
que no se emplearon en el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza. Sin 
embargo, documentos oficiales señalan que en las instalaciones de San 
Bartolo se estableció un destacamento de seguridad militar e incluso una
 “base de operaciones”.